La Provincia de Buenos Aires inició un proceso participativo para modernizar su ley de obra pública.
Actualidad01/07/2025
Con foco en la transparencia, la sostenibilidad y la eficiencia, busca actualizar una norma que rige desde 1959 y adaptarla a los desafíos del presente.
La provincia de Buenos Aires comenzó a construir una herramienta clave para el desarrollo: una nueva Ley de Obra Pública. La actual, vigente desde 1959, quedó desfasada frente a las demandas del siglo XXI.
El gobierno de Axel Kicillof, a través del Ministerio de Infraestructura, puso en marcha un proceso participativo, técnico y federal para modernizar la normativa y hacer de la inversión pública un motor más transparente, eficiente y sustentable.
El primer paso fue la reunión del Observatorio de Obras y Servicios Públicos, un espacio amplio donde convergieron universidades, sindicatos, empresarios, especialistas y organizaciones sociales. Allí se acordó una hoja de ruta: revisar integralmente el marco legal con criterios de trazabilidad, innovación y sostenibilidad, alineados con estándares internacionales y mejores prácticas globales.
Uno de los ejes principales será garantizar que cada peso invertido en obra pública tenga verdadero valor social. Para eso, se impulsa un enfoque que no solo mejore los procesos administrativos, sino que incorpore planificación a largo plazo, digitalización de los contratos, mecanismos de control y evaluación más ágiles, y herramientas para resolver conflictos sin demoras judiciales.
La participación ciudadana y la perspectiva territorial también ocuparán un lugar central. Se busca que la nueva ley escuche a quienes construyen, pero también a quienes usan y necesitan las obras. Desde calles hasta hospitales, desde viviendas hasta redes de agua, cada proyecto de infraestructura impacta en la vida cotidiana.
Por eso, pensar una ley centrada en el usuario final no es un detalle: es una decisión de gobierno.
Otro aspecto clave será la sostenibilidad ambiental. La nueva normativa incluirá criterios técnicos que obliguen a considerar los efectos del cambio climático, la eficiencia energética y la gestión responsable de recursos.
Porque construir también es cuidar. Y porque el futuro exige una obra pública compatible con los límites del planeta.
El proceso, además, reforzará la inclusión de pymes y contratistas locales, garantizando que la inversión pública no solo mejore la infraestructura, sino también la economía regional. Se trata de una mirada integral que combina el saber técnico, la voluntad política y la vocación democrática.
La obra pública no es solo cemento.
Es visión de Estado, justicia territorial y apuesta al futuro. Buenos Aires da el paso que muchos evitan: discutir cómo se construye, con qué criterios y para quién. Porque gobernar también es planificar lo que no se ve, pero define todo lo que viene.
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Gerardo Molina es empresario, pensador objetivista y Profesor Emérito en Ciencias de la Comunicación.
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