La Provincia de Buenos Aires inició un proceso participativo para modernizar su ley de obra pública.
Actualidad01/07/2025
Con foco en la transparencia, la sostenibilidad y la eficiencia, busca actualizar una norma que rige desde 1959 y adaptarla a los desafíos del presente.
La provincia de Buenos Aires comenzó a construir una herramienta clave para el desarrollo: una nueva Ley de Obra Pública. La actual, vigente desde 1959, quedó desfasada frente a las demandas del siglo XXI.
El gobierno de Axel Kicillof, a través del Ministerio de Infraestructura, puso en marcha un proceso participativo, técnico y federal para modernizar la normativa y hacer de la inversión pública un motor más transparente, eficiente y sustentable.
El primer paso fue la reunión del Observatorio de Obras y Servicios Públicos, un espacio amplio donde convergieron universidades, sindicatos, empresarios, especialistas y organizaciones sociales. Allí se acordó una hoja de ruta: revisar integralmente el marco legal con criterios de trazabilidad, innovación y sostenibilidad, alineados con estándares internacionales y mejores prácticas globales.
Uno de los ejes principales será garantizar que cada peso invertido en obra pública tenga verdadero valor social. Para eso, se impulsa un enfoque que no solo mejore los procesos administrativos, sino que incorpore planificación a largo plazo, digitalización de los contratos, mecanismos de control y evaluación más ágiles, y herramientas para resolver conflictos sin demoras judiciales.
La participación ciudadana y la perspectiva territorial también ocuparán un lugar central. Se busca que la nueva ley escuche a quienes construyen, pero también a quienes usan y necesitan las obras. Desde calles hasta hospitales, desde viviendas hasta redes de agua, cada proyecto de infraestructura impacta en la vida cotidiana.
Por eso, pensar una ley centrada en el usuario final no es un detalle: es una decisión de gobierno.
Otro aspecto clave será la sostenibilidad ambiental. La nueva normativa incluirá criterios técnicos que obliguen a considerar los efectos del cambio climático, la eficiencia energética y la gestión responsable de recursos.
Porque construir también es cuidar. Y porque el futuro exige una obra pública compatible con los límites del planeta.
El proceso, además, reforzará la inclusión de pymes y contratistas locales, garantizando que la inversión pública no solo mejore la infraestructura, sino también la economía regional. Se trata de una mirada integral que combina el saber técnico, la voluntad política y la vocación democrática.
La obra pública no es solo cemento.
Es visión de Estado, justicia territorial y apuesta al futuro. Buenos Aires da el paso que muchos evitan: discutir cómo se construye, con qué criterios y para quién. Porque gobernar también es planificar lo que no se ve, pero define todo lo que viene.
La iniciativa será enviada a la Legislatura bonaerense. "Nunca en la historia argentina ocurrió que por dos años esté absolutamente paralizada toda la obra pública de orden nacional", dijo el Gobernador.
La investigación por las 96 muertes vinculadas al fentanilo contaminado entra en una semana decisiva: el Malbrán entregará peritajes que pueden definir procesamientos. En paralelo, el Gobierno eyectó a una funcionaria de la ANMAT para cortar la soga por abajo y proteger la cúpula.
El jefe bancario reclamó más firmeza sindical, pidió una CGT “opositora y confrontativa” y acusó al gobierno de Milei de incapacidad administrativa.
El Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires lanzó un curso gratuito que permitirá a los profesionales matriculados rendir examen ante la Suprema Corte y acceder a las listas oficiales de peritos judiciales. “Es parte del proceso de jerarquización de la sociología”, señaló su presidente, Alejandro Terriles.
El juez federal Alberto Recondo rechazó el amparo de la familia de Ian Moche, de 12 años, y obligó a su madre a pagar las costas del juicio. La libertad de expresión del Presidente quedó por encima de los derechos de un niño.
La visita del jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, y las revelaciones de The Economist sobre el diálogo secreto con Gran Bretaña muestran que la disputa por la Patagonia, el Atlántico Sur y la Antártida ya no es teoría: es la agenda central de las potencias. El gobierno argentino, con Milei a la cabeza, celebra acuerdos que garantizan subordinación militar.
Un juez federal de Campana declaró inconstitucional el veto presidencial y reactivó la ley de emergencia en discapacidad. El fallo priorizó la salud y la educación de los chicos por encima del “equilibrio fiscal” libertario.
El ministro de Economía, Luis Caputo, lanza una nueva licitación exclusiva para bancos con el objetivo de absorber la masa de pesos que amenaza con irse al dólar. El plan busca calmar expectativas electorales y cumplir con el FMI, mientras la economía real se hunde: ventas y producción en caída libre.
El gobierno sostiene al dólar a fuerza de tasas imposibles y encajes que secan al sistema financiero. Milei eligió un enemigo incómodo: la usura bancaria que hasta ayer se beneficiaba del carry trade. Tras las elecciones, todos esperan lo mismo: devaluación y salto inflacionario.
Los precios de los alquileres muestran cómo el modelo económico actual solo beneficia a los sectores altos, mientras la clase media baja se desliza hacia la pobreza. Cada vez menos se sostienen como “clase media” y la mayoría sobrevive con orgullo herido.
Las internaciones pediátricas por bronquiolitis volvieron a crecer en la provincia de Buenos Aires. El virus sincicial respiratorio afecta sobre todo a bebés menores de un año y ya mantiene las terapias intensivas con más del 90% de ocupación.
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Una niña, que en la actualidad tiene 18 años, atravesó horrores que marcan su vida en su seno familiar y no hay margen a dudar que es la víctima de abusos reiterados, agravados por los vínculos.