El Gobierno lanzó un plan de incentivos para que industrias y grandes usuarios reduzcan su consumo eléctrico en horas pico. La paradoja: se premia la inactividad en plena recesión, mientras se proyectan subas tarifarias para costear US$6.500 millones en obras eléctricas.
Actualidad28/09/2025
Programa de ahorro energético en medio de la crisis industrial
La administración de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial la Resolución 379/2025, que crea el Programa de Gestión de Demanda de Energía.
Traducido al idioma común: el Estado pagará a las grandes industrias que apaguen máquinas en los momentos críticos de consumo eléctrico durante el verano. El argumento oficial habla de “eficiencia energética”, “aplanar picos” y evitar apagones.
La realidad es menos glamorosa: el sistema eléctrico argentino está al límite, no hay inversión suficiente en redes y la estrategia de contención se parece más a un racionamiento disfrazado de voluntarismo.
La paradoja salta a la vista. En un país donde la capacidad instalada industrial está por debajo del 60% y donde miles de pymes trabajan con la mitad de sus máquinas apagadas por falta de demanda, el incentivo oficial es que los grandes jugadores también apaguen. No por quiebra, ni por recesión, sino porque el sistema no aguanta.
Se institucionaliza así la cultura de la escasez: la energía se administra como un bien de lujo en lugar de un insumo básico para producir.
El programa, destinado a los Grandes Usuarios Mayores (GUMA), Menores (GUME) y a los grandes clientes de distribuidoras, requiere adhesión voluntaria y la instalación de sistemas de medición que registren consumos horarios. A cambio, el Estado retribuirá en efectivo la reducción de consumo.
La experiencia se inspira en antecedentes internacionales —California, Reino Unido, Brooklyn-Queens— pero la diferencia es estructural: allí se premia a empresas en expansión que aceptan correr turnos productivos; aquí se subsidia a una economía que ya está parada.
La justificación técnica es conocida: la red del SADI no resiste los picos estivales y el temor a apagones masivos se multiplica con cada ola de calor. El costo estructural de expandir y modernizar las redes de alta tensión se calcula en 6.500 millones de dólares, cifra que el Gobierno ya anticipó que trasladará a tarifas. Mientras tanto, el atajo es pagar para que se consuma menos.
El problema es político y económico a la vez. Político, porque un gobierno que se presentó como abanderado de la “modernización energética” termina aplicando recetas de emergencia que recuerdan a viejas épocas de racionamiento. Económico, porque el programa premia la no-producción en un contexto de depresión industrial. La señal al sector privado es confusa: se pide inversión y competitividad, pero se recompensa el apagado de líneas de producción.
En la práctica, los que adhieran podrán engordar balances gracias a un subsidio por no hacer. Y los que no adhieran, enfrentarán el riesgo de cortes que interrumpan su actividad. Una pinza donde cualquiera de las dos opciones es costosa para la economía real.
La ironía final es evidente: en lugar de anunciar un plan para ampliar generación y transporte eléctrico, el Gobierno se enorgullece de un esquema que convierte a la industria en regulador pasivo de la crisis. Milei prometió dinamitar privilegios, pero termina construyendo un mecanismo que traslada al Estado el pago por el apagón productivo.
La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse un sistema eléctrico que depende de que las fábricas no prendan las máquinas. Porque la economía no se alimenta de apagones voluntarios: se alimenta de producción, empleo y consumo. Y sin eso, lo único que crece es la oscuridad.
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