El “dólar soja express” benefició solo a Bunge, Cargill, Dreyfus y Cofco

Las únicas ganadoras fueron los oligopolios

El lunes, el Gobierno anunció con bombos y platillos la eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, con un tope de US$ 7.000 millones o hasta el 31 de octubre. 

El jueves, la medida ya estaba muerta. No por fracaso, sino por éxito: en apenas tres días, las grandes acopiadoras —Bunge (anglo-argentina), Cargill (estadounidense), Dreyfus (francesa) y Cofco (china estatal)— registraron declaraciones juradas por todo el cupo. El resultado: un diferencial de hasta US$ 90 por tonelada de soja que nunca llegó al productor, sino que se quedó en los balances de cuatro multinacionales. 

Mientras, el 95% de los agricultores miró desde afuera cómo se les cerraba la ventana de oportunidad.

Este no fue un error de diseño. Fue un plan a medida. El objetivo del Gobierno era claro: conseguir dólares rápido para calmar la presión cambiaria y cumplir con las expectativas de Washington, que exigió “eliminar exenciones fiscales que distorsionan el comercio”. 

Pero en lugar de una política de estímulo al sector productivo, se implementó un mecanismo que permitió a las cerealeras anotar exportaciones futuras —por granos que aún no compraron— y liquidarlas sin retenciones. Así, se aseguraron un dólar preferencial que usarán para comprarle al productor en las próximas semanas… con retenciones vigentes. Es decir: comprarán barato, vendiendo caro, gracias a un beneficio fiscal que no les correspondía.

El esquema que premió a los de afuera y castigó a los de adentro

Lo más grave no es la velocidad, sino la asimetría. Una sola empresa —se cree que Cargill o Bunge— habría registrado ventas por US$ 4.200 millones, el 60% del total. En conjunto, las cuatro gigantes se habrían asegurado un diferencial estimado en US$ 1.500 millones, según cálculos de analistas del sector. 

Ese monto no es ganancia operativa: es una transferencia directa de recursos fiscales hacia corporaciones extranjeras, financiada por la eliminación de un impuesto que, en condiciones normales, hubiera aportado al fisco unos US$ 1.800 millones.

Mientras, el productor promedio —ya sea un pequeño agricultor de Santa Fe o un mediano de Córdoba— no tuvo tiempo ni información para aprovechar la ventana. “Muchos productores se quedaron afuera”, lamentó Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural. Soledad Aramendi, de la Rural de Rosario, fue más dura: “Hay enojo, malestar y hartazgo. Fue un negocio entre el Gobierno y la exportación”.

El mecanismo era perverso: las cerealeras podían declarar exportaciones sin tener el grano físico, con un año para cumplir. Pero al anotarlas sin retenciones, se aseguraban un precio de venta internacional limpio. 

Luego, al comprarle al productor después del cierre del cupo, le aplican el precio con retenciones incluidas. El productor paga el impuesto; la cerealera se queda con la diferencia. Es una jugada clásica: usar la urgencia estatal para capturar rentas extraordinarias.

La presión de Washington y la desesperación de Hacienda

Detrás del apuro también estaba la geopolítica. Según fuentes del sector, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, habría exigido a Argentina eliminar “exenciones fiscales para productores de materias primas” como condición para el apoyo financiero anunciado días antes. La medida, entonces, no fue solo económica: fue una concesión diplomática disfrazada de política agropecuaria.

Pero eso no exime al Gobierno de su responsabilidad. Podría haber diseñado un esquema con topes por productor, con ventanillas escalonadas, con requisitos de entrega física. En cambio, optó por la vía más rápida y menos transparente: abrir la canilla y dejar que las más fuertes se lleven todo. “Fue una medida de desesperación mal pensada, mal tomada y salió mal”, resumió Pablo Ginestet, de Carbap.

El titular de la ARCA, Juan Pazo, defendió la jugada: “Le sacamos la pata de la cabeza a la producción y potenciamos la exportación”. Pero la ironía es brutal: la “producción” a la que se refiere no es la del campo argentino, sino la de las oficinas de trading en Chicago, Ginebra o Shanghái.

Al final, lo que se vio no fue un estímulo al agro, sino un rescate express a las cerealeras. Y en un país donde el campo sigue siendo la principal fuente de divisas genuinas, esta jugada no solo genera enojo: socava la confianza en cualquier promesa de “eliminar retenciones”. 

Porque cuando el Estado actúa con tanta prisa y tan poca equidad, lo que queda no es libertad, sino un mercado capturado por los de siempre. Y mientras las multinacionales festejan su diferencial millonario, en los campos argentinos se siembra con incertidumbre… y con la sensación de que, una vez más, el juego está armado para que ganen los de afuera.

Sojeros de EEUU en “pie de guerra” con Trump

Lo que empezó como un gesto de apoyo a Milei terminó siendo un problema diplomático para Trump. Al anunciar un swap de 20.000 millones y respaldo financiero a Argentina, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, no contó con la reacción del poderoso lobby sojero estadounidense. Mientras EE.UU. está enfrascado en una guerra comercial con China —que impuso aranceles del 20% a su soja—, Argentina aprovechó una ventana: eliminó retenciones y vendió soja a China a precios competitivos.

Los productores norteamericanos, ya golpeados por la disputa con Pekín, vieron con furia que Washington ayudara a un país que les estaba quitando mercado. “El gobierno nos exige un acuerdo con China, pero al mismo tiempo financia a Argentina para que le venda soja”, denunció Caleb Ragland, presidente de la American Soybean Association.

La presión fue tan fuerte que Bessent no solo condicionó la ayuda a la reelección de Milei, sino que exigió la reposición inmediata de las retenciones. En menos de 72 horas, Argentina dio marcha atrás. Así, lo que parecía un triunfo económico se convirtió en una muestra de subordinación: la política fiscal argentina terminó dictada desde Washington, no por necesidades locales, sino por los intereses del campo estadounidense.

Trump quiso salvar a su aliado ideológico, pero terminó comprándose un problema en casa. Porque en política, como en el agro, no se puede regar un campo sin secar otro.

Las cuatro multinacionales se aseguraron US$ 1.500 millones en beneficios fiscales mientras el 95% de los productores argentinos quedó excluido de la medida.

El Gobierno obtuvo divisas, pero a costa de una transferencia regresiva que premia a corporaciones extranjeras y debilita al tejido productivo nacional. Gran parte de los dólares fueron al Partido Comunista de China que controla COFCO