
La medida amplía el acceso a armamento antes reservado a las fuerzas de seguridad y desata un fuerte debate social y político.




El informe preliminar de Diputados confirmó transferencias entre el desarrollador del token y Mauricio Novelli, cercano al Presidente. Aun con pruebas objetivas, el impulso político se diluye. En la Argentina real, los escándalos no se apagan: se ralentizan.
Actualidad06/11/2025
En el Congreso la trama de $LIBRA todavía respira. La comisión investigadora logró reconstruir parte del recorrido del dinero y detectó transferencias que vinculan al creador del token, Hayden Davis, con Mauricio Novelli, empresario tecnológico y organizador de eventos libertarios. Un pago de 30.897 dólares, identificado en una cuenta de Binance, alcanzó para poner a rodar la pregunta más temida: ¿Milei no podía no saber?
El hallazgo, sin embargo, cayó en terreno resbaladizo. Los legisladores del oficialismo maniobraron para retrasar audiencias, bloquear pedidos de fuerza pública y limitar citaciones. Desde el peronismo festejan la pericia técnica que permitió seguir la ruta digital de las criptos, pero en los pasillos reconocen que, tras la victoria legislativa de octubre, el expediente perdió velocidad. Las causas políticas en la Argentina suelen moverse al ritmo de las encuestas.
La comisión, presidida por Maximiliano Ferraro, planea presentar su informe el 18 de noviembre. Allí constarán los movimientos entre las exchanges Binance, OKX, Bybit y Bitget. Una red de operaciones que, según los técnicos, “dibuja un flujo circular de fondos entre los mismos actores”. El punto clave es la coincidencia temporal: las transferencias ocurrieron entre noviembre de 2024 y enero de 2025, justo antes de que el Presidente promocionara públicamente el token. Si no fue sorpresa, fue estrategia.
Mientras tanto, en los bancos locales aparecieron movimientos de familiares de Novelli retirando bolsos de efectivo. El dato alimenta la sospecha de que el sistema financiero fue el puente entre la estafa y su monetización. “Es un clásico: cuando hay olor a cripto, siempre hay olor a efectivo”, deslizó un diputado opositor.
La ofensiva legislativa también choca contra la Justicia. El fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi bloquearon medidas de fuerza para citar funcionarios y negaron acceso al sumario. Los diputados evalúan denunciar a ambos ante la Corte y al Consejo de la Magistratura. Pero el desenlace más probable es el conocido: una queja formal, un comunicado encendido y, después, nada.
En paralelo, la investigación estadounidense sigue su curso. La jueza Jennifer Rochon amplió la carátula a “asociación ilícita continuada” y volvió a mencionar a Milei como parte del entramado financiero. En Washington, la causa no tiene costo político. En Buenos Aires, sí. Y eso explica la prudencia que se impuso en los despachos.
El oficialismo no niega la existencia de los vínculos. Prefiere relativizarlos. “Se trató de una colaboración comercial previa a la estafa”, argumentan cerca de Casa Rosada. En voz baja, otros admiten que el timing es un problema: las transferencias coinciden con la gestación del token y con reuniones privadas entre Novelli y el Presidente. Pero el poder blindado después del 26-O otorga inmunidad de facto. Si Milei emergió de las elecciones fortalecido, ningún juez quiere ser el que dispare la bala jurídica contra el clima político dominante.
Aun con hallazgos, la comisión parece destinada a una conclusión sin estruendo. No habrá imputaciones resonantes ni pedidos de desafuero. Apenas un informe, un par de titulares y una certeza que flota entre los pasillos: la prueba puede existir, pero el contexto manda. Como tantas veces, la rosca y el calendario vuelven a ganarle a la evidencia.
El caso $LIBRA dejará su huella en los papeles, no en la política. Lo que empezó como la gran investigación contra el primer token presidencial terminará en una nota al pie. La historia ya se escribió mil veces: cuando el poder está en alza, la justicia baja el volumen. Y en este país, los dólares digitales pueden evaporarse, pero la impunidad siempre cotiza en alza.

La medida amplía el acceso a armamento antes reservado a las fuerzas de seguridad y desata un fuerte debate social y político.

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