CFK no hizo el “pago solidario” de su condena y hay “brete judicial”

El miércoles a las 9:30 venció un plazo que era tan simbólico como explosivo: los nueve condenados por la causa Vialidad debían girar, “en forma solidaria”, 680 mil millones de pesos para reparar el daño al Estado. No lo hicieron. Y no es casualidad. El número impresiona —y está calculado para impresionar—, pero el verdadero juego está en lo que viene: la ejecución patrimonial que podría incluir remates de bienes y embargos masivos, un terreno donde el derecho y la política se pisan los talones.

Cristina Fernández de Kirchner llegó al borde del vencimiento con su jugada lista: un escrito de sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidiendo suspender la ejecución y apelando la actualización del monto. La defensa no discute solo la cifra —redeterminada con criterios de la Corte y ajustada por inflación—, sino la idea misma de que haya bienes que sean “producto o provecho del delito”. Para Cristina, esto viola la cosa juzgada y se parece más a una confiscación política que a una reparación civil.

En el edificio de Comodoro Py, el planteo abre dos carriles: el Tribunal Oral Federal 2, con Jorge Gorini a la cabeza, debe decidir si avanza con la ejecución; y la Cámara de Casación, que tiene la apelación sobre la mesa, debe definir si el cálculo es legítimo. El caso, como todo lo que rodea a la expresidenta, ya tiene pasaje reservado a la Corte Suprema.

La palabra “solidario” en este expediente es un chiste de humor negro. Significa que el monto no se reparte: cada condenado debe pagar como si fuera el único deudor. Lázaro Báez, José López, exfuncionarios de Vialidad nacional y provincial todos en la misma bolsa. Que se “pongan de acuerdo” es la instrucción judicial, pero en la práctica es una presión política: nadie quiere ser el primero en ceder un bien, y menos si la foto puede usarse en campaña.

La oposición festeja la cifra récord como un triunfo moral, pero sabe que el camino hasta que el Estado vea un peso es largo y lleno de apelaciones. 

Y el oficialismo libertario, que debería capitalizar la imagen de “justicia implacable”, enfrenta el dilema de no dar pasos que puedan convertirse en boomerang jurídico. La escena ideal para la tribuna —un remate público de propiedades de Cristina— no es tan simple cuando hay que sostenerlo en la Corte.

En este tablero, la Justicia camina sobre vidrio molido. Por un lado, el discurso de mano dura contra la corrupción, amplificado por los medios y útil para agitar a la base propia. Por el otro, la obligación de cumplir con el debido proceso, porque un paso en falso puede derrumbar años de trabajo judicial y alimentar el relato de persecución política. La “foto” que buscan algunos no siempre coincide con el expediente que hay que sostener.

Cristina, mientras tanto, juega a su estilo: resistencia procesal, apelaciones en serie y un discurso que la coloca como víctima de un “disparate jurídico”. No es solo defensa legal, es control narrativo. Sabe que cada movimiento suyo se traduce en debate político y que, incluso perdiendo, puede capitalizar el conflicto.

En la política real el “pago solidario” no es un número en una cuenta judicial: es una bomba de tiempo con mecha encendida. Nadie quiere ser el que pague, todos quieren que el otro quede pegado, y la Justicia intenta que parezca que no está jugando. Pero en este partido, todos juegan.