Zonas francas, UIF y fentanilo: el cóctel que incomoda al Gobierno

La DEA toco pito y ahí recién se movió el avispero

El escándalo del fentanilo contaminado no es una tragedia aislada ni un episodio más en la crónica policial. Es un expediente que, con olor a morgue y sellos internacionales, se metió en la mesa chica del poder. Setenta y seis muertos confirmados, un número que podría crecer, un laboratorio que operó con bacterias multirresistentes, una cadena de distribución sin trazabilidad y un reporte de la DEA que no solo apunta a las rutas del narcotráfico, sino a las vulnerabilidades estructurales del Estado argentino.

Mientras el gobierno de Javier Milei intenta surfear la ola con el manual de seguridad made in Bullrich, la agencia antinarcóticos estadounidense puso negro sobre blanco: Argentina tiene agujeros en el control de zonas francas —incluida Tierra del Fuego—, falta de recursos en la UIF, porosidad en el puerto de Rosario y una economía informal que facilita el lavado. La foto no es nueva, pero esta vez llega en el marco de una crisis sanitaria y en un año electoral, donde cada muerte es también un capital político que alguien intenta cobrar.

El mapa que dibuja la DEA

El reporte de la DEA no se quedó en la retórica de siempre sobre el NEA y NOA. Sumó coordenadas sensibles: las diez zonas francas del país y el área aduanera especial fueguina, señalando falta de controles que permiten el contrabando de efectivo y drogas, como Tierra del Fuego.  El puerto de Rosario, viejo conocido de la ruta de la cocaína, reaparece en la escena como un punto débil para el ingreso y salida de sustancias sintéticas.

La novedad es que esta vez las alertas no se centraron solo en cargamentos ilegales: también señalaron la incapacidad de seguir la pista financiera del narcotráfico y de sus proveedores. La UIF, bajo observación por recursos limitados y supervisión mínima, aparece como una pieza clave en un tablero donde el dinero sucio circula con menos freno que las ampollas contaminadas.

El informe también recuerda que la amenaza del fentanilo en la región fue anticipada hace años, cuando Chile, Uruguay y Argentina aparecieron en las planillas como posibles receptores de cargamentos desde México, China e India. Lo que antes era una advertencia estratégica hoy tiene nombre de laboratorio, número de lote y víctimas fatales con DNI argentino.

La trazabilidad como deuda pendiente

El juez federal Ernesto Kreplak lo dijo sin eufemismos: en Argentina no existe trazabilidad completa para el fentanilo. De las 154 mil ampollas de uno de los lotes contaminados, 45 mil ya fueron aplicadas antes de que la alarma sonara. Lo que se recuperó después es apenas un daño controlado.

Aquí es donde la política muestra su vacío. La cadena de control, desde la producción hasta la administración hospitalaria, es un rompecabezas con piezas faltantes. Nadie sabe con precisión qué circula, dónde y quién lo aplica. Y cuando se habla de implementar un sistema de trazabilidad integral, la resistencia no es solo burocrática: toca intereses industriales, logísticos y, en algunos casos, políticos.

La Mesa para la Prevención del Tráfico Ilícito y Uso Indebido del Fentanilo, creada por Bullrich junto a Salud, ANMAT y AFIP, suena bien en los papeles, pero hasta ahora no mostró resultados palpables. En la práctica, el Estado reacciona después de las muertes, no antes. El discurso de “vamos a controlarlo” se estrella contra la realidad de que ni siquiera se sabe cuántas dosis siguen en circulación en clínicas privadas o farmacias hospitalarias.

Bruma política y zona liberada

El caso HLB Pharma, con sus vínculos empresariales y familiares que cruzan despachos oficiales, muestra que la línea entre negligencia y complicidad es fina. Que la muerte de decenas de personas no haya derivado aún en detenciones revela más que lentitud judicial: exhibe un acuerdo tácito para que la investigación no salpique demasiado.

Las advertencias de la DEA llegaron con Milei en la Rosada y Bullrich en Seguridad. El oficialismo tiene margen para mostrarse activo en lo policial —operativos, conferencias, fotos con fuerzas especiales—, pero no voluntad de profundizar en el control económico y aduanero que la agencia extranjera señala como déficit estructural. La oposición, mientras tanto, prefiere usar el caso como munición electoral antes que empujar reformas que incomoden a sus propios aliados territoriales.

Mientras tanto, las provincias juegan su propio partido. En Buenos Aires y Córdoba, las autoridades aseguran que no hay circulación masiva de fentanilo ilegal, pero reconocen que “es lo que se viene” y ya entrenan perros para detectarlo. Un movimiento preventivo que contrasta con la parsimonia nacional.

El espejo de Estados Unidos

La DEA presume de haber reducido la mortalidad por fentanilo en su territorio, gracias a una combinación de operativos, control de la potencia de las dosis, distribución masiva de naloxona y mejor acceso a tratamientos. Pero esa experiencia también deja claro que cuando la sustancia se instala en el mercado ilegal, ya es tarde para prevenir: lo único que queda es administrar daños.

Argentina todavía está en la fase previa, pero las condiciones para el salto están dadas: falta de trazabilidad, controles aduaneros deficientes, rutas fluviales y terrestres permeables, y un mercado ilegal siempre dispuesto a diversificar su oferta. Si algo enseña la experiencia estadounidense es que una vez que el fentanilo se consolida como producto rentable, ni el despliegue policial ni las campañas de prevención logran revertir la curva de muertes en el corto plazo.

El país discute si las víctimas son más de 76 o si el lote contaminado ya no circula, como si el problema fuera de inventario y no de Estado. El fentanilo, con o sin bacterias, es solo un síntoma: detrás hay un aparato de control que funciona a media máquina, una frontera porosa que incluye zonas francas y puertos, y una dirigencia que se indigna en público mientras negocia en privado. La trazabilidad es la palabra que nadie quiere pronunciar demasiado fuerte, porque obliga a seguir la ruta completa: desde el laboratorio hasta la morgue. Y ahí, en ese mapa, no hay solo bacterias.

La DEA sumó a Tierra del Fuego y al puerto de Rosario a su lista de vulnerabilidades, junto a una UIF con recursos al límite.