Alberto frente al juicio: del fracaso político a la violencia

El expresidente, marcado por una gestión fallida, podría enfrentar ahora la responsabilidad de actos privados que no pueden quedar impunes.

A diez meses de la denuncia por violencia de género realizada por Fabiola Yañez, la causa contra el expresidente Alberto Fernández avanza hacia el juicio oral. El fiscal Ramiro González cerró la etapa investigativa y abrió el proceso que podría sentar en el banquillo a un exjefe de Estado por agresiones psicológicas y simbólicas dentro de una relación íntima. 

El hecho es inédito, pero más que escandaloso, es revelador: el mismo hombre que gobernó con retórica progresista, que invocó derechos humanos y se rodeó de discursos feministas, enfrenta ahora una causa judicial por ejercer violencia contra quien fuera su pareja y madre de su hijo.

No se trata solo de lo judicial. Se trata del espejo roto de un proyecto político agotado, y de una figura pública que, además de haber liderado uno de los gobiernos más erráticos de la democracia reciente, dejó un saldo moral tan opaco como su gestión. Alberto Fernández, quien prometió cuidar a los más débiles y terminó abandonando a todos, ahora deberá responder ante la Justicia por algo que no puede taparse con pactos, silencios ni blindajes partidarios.

La causa comenzó en septiembre de 2023 y tomó impulso cuando Yañez, con asistencia legal, presentó pruebas sobre situaciones de maltrato emocional, manipulación, hostigamiento y presiones sistemáticas dentro del vínculo con el expresidente. 

No fue una denuncia impulsiva ni mediática: fue el resultado de un proceso prolongado, con peritajes psicológicos, testimonios y un expediente que cumplió cada paso formal. 

Pese a las maniobras dilatorias de la defensa, el expediente avanzó. Y hoy la Argentina se enfrenta a un interrogante incómodo pero urgente: ¿puede un exmandatario quedar impune cuando se le imputa ejercer violencia contra una mujer?

Desde el punto de vista político, el recorrido de Fernández solo puede leerse como una cadena de decepciones. Gobernó desde la ambigüedad, prometió puentes y dejó ruinas, apeló al equilibrio y terminó siendo funcional a la parálisis. 

Su gestión estuvo marcada por la falta de conducción, por un internismo corrosivo y por la incapacidad de tomar decisiones a la altura del momento histórico. Pero la desilusión no lo absuelve. Porque quien fracasó en la política no puede encontrar consuelo en la impunidad privada.

El avance de esta causa, además, expone los límites del poder simbólico de ciertos sectores del progresismo institucional. 

La figura de Fernández fue sostenida durante años por sectores que hoy guardan silencio. Muchos que marchan por los derechos de las mujeres prefieren hoy mirar para otro lado. 

Pero no hay feminismo posible sin justicia para todas, incluso si el victimario fue “aliado”. La violencia no se relativiza. Y no puede ser tolerada en nombre de conveniencias políticas o lealtades vencidas.

La causa está cerca del juicio oral. Y ahí no habrá relato posible. No se juzgará una gestión, sino una conducta privada que el Estado no puede ignorar. Lo que está en juego no es el honor de un expresidente: es la credibilidad de un país que dice defender a las mujeres pero cuyas instituciones muchas veces fallan en protegerlas. 

El avance judicial, si se concreta, debe ser un mensaje claro: nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes ocuparon el sillón de Rivadavia

La Argentina necesita justicia con nombres propios. 

No hay democracia plena si la violencia contra las mujeres queda silenciada por el peso de un apellido o el recuerdo de un cargo. Si Alberto Fernández cometió abusos dentro de su vínculo privado, debe rendir cuentas como cualquier ciudadano. Porque el poder no puede ser refugio. 

Y porque ninguna mujer merece callar para que un hombre conserve privilegios que ya no le pertenecen.

"No se juzga solo a un expresidente: se pone en cuestión si la violencia de género puede encontrar impunidad aún en la cúpula del poder."