El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo como presunto jefe de una asociación ilícita que cooptó la Agencia Nacional de Discapacidad. Licitaciones digitadas, sobreprecios y un embargo récord que abre nuevos interrogantes políticos.
Actualidad10/02/2026
Corrupción en la Andis y alerta judicial
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo , fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
El magistrado señaló al ex funcionario por haber sido uno de los presuntos jefes de una “asociación ilícita” que cooptó la Andis para enriquecerse. Y aseguró que también integrarían esa banda, en calidad de jefes, Daniel Garbellini -exnúmero dos de la Agencia-, Miguel Angel Calvete y Pablo Atchabahian, a quienes procesó.
Calvete (quien está preso por otra causa) y Atchabahian, vinculados a droguerías y que se desempeñaron como funcionarios en distintas gestiones políticas, habrían logrado controlar la Andis desde afuera, en coordinación con las autoridades oficiales, según el fiscal Franco Picardi. La Justicia afirma que hubo licitaciones digitadas y sobreprecios.
Este lunes Casanello procesó a Casanello a 19 personas entre ex funcionarios y empleados de la Andis y privados que habrían participado de las maniobras para defraudar al Estado. A todos, además, les trabó embargo sobre sus bienes. El embargo más alto fue el de Spagnuolo, de 202.828.725.464 pesos.
Según el juez, durante los primeros meses del gobierno de Milei se montó “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, afirma el fallo de Casanello.
Casanello sostuvo además que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”.
“La extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados".
La causa comenzó con la difusión de los audios atribuidos a Spagnuolo. En los audios se mencionan comisiones del 3 por ciento para Karina Milei. La denuncia original fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón, pero los audios no fueron incluidos como prueba.
Las defensas alegaron que son ilegales, que fueron hechos con Inteligencia Artificial y pidieron la nulidad del caso, lo que por ahora fue rechazado. De todas maneras, la Cámara Federal ordenó una pericia sobre los audios.
Un mega embargo y nuevos interrogantes
La resolución, de más de 300 páginas, describe una estructura jerárquica clara. Spagnuolo no habría actuado solo. El juez lo procesó como presunto jefe de la asociación ilícita junto a su segundo en el organismo, Daniel Garbellini, y a dos supuestos operadores: Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.
Estos dos últimos, vinculados históricamente al negocio de las droguerías y con pasado en la política, fueron señalados como los cerebros externos que “controlaban la ANDIS desde afuera”. Según la prueba recolectada, habrían digitado las compras abusando de la situación de emergencia para evitar licitaciones y direccionar contratos millonarios a droguerías amigas.
Aunque los procesados permanecerán en libertad, el golpe económico es fuerte: Casanello trabó un embargo de 202.247.451.393 millones de pesos sobre los bienes de Spagnuolo y montos casi similares para cada uno de los cuatro principales acusados.
Uno de los tramos más inquietantes de la resolución apunta hacia arriba. Casanello advirtió que lo descubierto hasta ahora podría ser solo la punta del iceberg y sugirió que la responsabilidad política podría escalar.
“El esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”, escribió el magistrado. Y agregó: “A todo esto, la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”. Para el juez, la investigación “no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.
Para avanzar sobre esos “márgenes difusos”, el juez ordenó una nueva batería de indagatorias que incluye a Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.
Además, la Justicia irá contra las estructuras societarias utilizadas para el fraude. Casanello citó a indagatoria a las personas jurídicas de cuatro firmas clave: Droguería Profarma SA, Droguería Génesis SA, Droguería New Farma SA y Droguería Floresta SA.
Galería de prontuariados
La resolución alcanza a funcionarios de la gestión libertaria, empleados de carrera y empresarios. La nómina completa es la siguiente
Procesados como jefes de la asociación ilícita: Diego Orlando Spagnuolo (Ex Director Ejecutivo de ANDIS), Daniel María Garbellini (Ex Subdirector), Miguel Ángel Calvete (Operador externo) y Pablo Atchabahian (Operador externo).
Procesados como integrantes y partícipes: Diego Martín D’Giano (Ex Director de Prestaciones Médicas), Roger Edgar Grant (Ex Coordinador de Gestión de Urgencias), Eduardo Nelio González (Ex Director Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas), Lorena Vanesa Di Giorno (Empleada vinculada a Calvete), Luciana Ferrari (Ex funcionaria), Andrés Horacio Arnaudo (vinculado a Droguería Génesis), Silvana Vanina Escudero (vinculada a Droguería New Farma), Alejandro Gastón Fuentes Acosta (vinculado a Droguería Floresta), Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Ruth Noemí Lozano.
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