Más de 4.100 chicos y adolescentes estuvieron bajo medidas penales en 2024, pero solo dos de cada diez fueron privados de la libertad. Los datos oficiales muestran una baja sostenida del delito juvenil y exponen la tensión entre el debate por la imputabilidad y una realidad mucho más compleja.
Actualidad08/02/2026
Más de 4 mil chicos estuvieron en conflicto con la ley penal en 2024 en la Argentina según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) en el cual se detalla la cantidad de niños y adolescentes que estuvieron en lugares de encierro y con medidas penales. Estos datos se conocen en medio del debate sobre la baja en la edad de imputabilidad y la llegada del proyecto al Congreso.
Al 31 de diciembre de 2024, había 4.119 niños, niñas y adolescentes incluidos en el ámbito penal juvenil: 3.249 se encontraban bajo medidas penales en territorio, 865 estaban alojados en dispositivos de privación o restricción de la libertad, cuatro con prisión domiciliaria, más una persona sobre la que no se cuenta con la información referida a la modalidad de abordaje.
Esto indica que “ocho de cada diez menores contaban con medidas judiciales que no implican una restricción y/o privación de la libertad, si no que, se implementaron programas de acompañamiento y supervisión en el marco de redes socio-comunitarias”.
Aunque los indicadores del informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas señalan que en dicho año hubo una tendencia descendente, sí existió una leve suba de menores bajo el régimen de privación de la libertad.
El Sistema Penal Juvenil contó con un total de 174 dispositivos en todo el país: 75 destinados a la aplicación de medidas penales en territorio y 99 vinculados a situaciones de encierro, de los cuales 63 correspondieron a privación de la libertad, 27 a restricción de la libertad y nueve a dispositivos de aprehensión especializada.
En cuanto a los delitos imputados, predominan aquellos contra la propiedad (57,1%), seguidos por contra las personas (13,9%) y la integridad sexual (7,5%).
El informe también advierte sobre la presencia menores de 16 años dentro del sistema penal juvenil. Se registraron 48 entre 12 y 15 años institucionalizados por razones penales, de los cuales 44 se encontraban en lugares de encierro.
Con la actual ley penal juvenil, que inicia desde los 16 años, estos 48 chicos son declarados no punibles, por lo que no deberían ser alojadas en dispositivos del sistema penal juvenil, sino abordadas por los organismos del sistema de protección integral de derechos.
La tasa nacional de encierro del sistema penal juvenil fue de 1,8 jóvenes y adolescentes alojados en lugares de encierro cada 100.000 habitantes.
Las jurisdicciones de Córdoba, Buenos Aires y Capital Federal superan ampliamente ese tasa y las dos primeras provincias concentran el 75%.
Acerca de los punibles, más del 60% de quienes se encuentran con medidas de encierro tenían en 2024 entre 16 y 17 años.
Se destaca también que más del 30% que permanecen bajo encierro cumplen medidas judiciales con posterioridad a haber cumplido 18 años.
Delitos graves de menores
Actualmente, la edad de imputabilidad es a los 16 años; es decir, que los menores de esa edad no pueden ser juzgados. Esto se estableció por el Régimen Penal de Minoridad promulgado en 1980, durante la última dictadura militar.
Sin embargo, los adolescentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos. Sólo son punibles (es decir, que merecen castigo) aquellos que cometan delitos con penas mayores a 2 años (por ejemplo, homicidios dolosos) pero recién pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel a los 18 años. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados.
Durante 2024, según la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (BGD), se iniciaron causas penales contra 1.788 menores de entre 6 y 18 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los delitos contra la propiedad (como robos) representaron la gran mayoría: el 81,4% del total. Del resto, la mayoría fueron por delitos contra la integridad sexual (el 32,1%), contra la administración pública (el 27,8%), contra las personas (el 8%) y contra la libertad (el 8%), entre otros. Del total de menores involucrados en causas penales, el 1,5% está acusado en causas por homicidio.
Si se analiza el mismo dato a lo largo del tiempo, se puede ver una tendencia descendente. Mientras que en 2012 hubo 2.034 niños, niñas y adolescentes incluidos en al menos una causa judicial en la Justicia Nacional de Menores con asiento en la Ciudad, en 2024 esta cifra descendió a 1.788, aunque esto representa un leve repunte desde 2020 en adelante.
Del universo de menores, el análisis por edades muestra que el año pasado el 55,2% de los involucrados tenía entre 16 y 17 años al momento del hecho, mientras que un 40,8% tenía entre 13 y 15 años. Un 4% de las causas involucró a niños de 12 años o menos.
En el caso de la Provincia de Buenos, existen datos del Ministerio Público provincial sobre las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil entre 2009 y 2023. Al analizar estos datos, se advierte que la cantidad de IPP iniciadas oscila entre 20 mil y 30 mil anuales.
Las IPP son el inicio de una causa judicial en la cual se investiga la presunta comisión de un delito con el objetivo de determinar la responsabilidad de su autor. En este caso, al ser Responsabilidad Penal Juvenil, corresponde a jóvenes que son mayores de 16 años y menores de 18.
Al comparar la actividad delictiva de jóvenes y adultos en la Provincia de Buenos Aires durante 2023, los datos revelan que la participación juvenil en el delito constituye apenas el 2,25% del total provincial, con 23.846 causas, frente a las 1.036.696 del Fuero Criminal y Correccional, correspondiente a los mayores de 18.
En delitos graves, como homicidios dolosos, los menores representan el 8% del total de crímenes consumados.
“La serie histórica del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires de los últimos 14 años muestra el descenso del total de causas en que se investigan los delitos imputados a personas menores de 18 años (correspondientes al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil). Se trata de una reducción de 11% en términos absolutos y 21% al considerar las tasas cada 100.000 habitantes”, explica el informe del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Además, si se analizan los homicidios dolosos, la cantidad de IPPs por esta causa con jóvenes imputados muestra una tendencia decreciente. En 2009 se registraron 152 casos, mientras que en 2023 la cifra descendió a 66, lo que representa una reducción de casi un 57%.
“La proporción de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal es muy baja en comparación con la población mayor de 18 años. Por ejemplo, sólo el 2% del total de investigaciones penales iniciadas en 2023 por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, corresponde a adolescentes acusados de cometer una infracción”, concluye el informe “Posicionamiento de Unicef sobre Justicia Penal Juvenil (Argentina)”.
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