El cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), ratificó hoy que la central obrera “va a marchar” mañana junto a los jubilados al Congreso, independientemente del operativo de seguridad que se ponga en marcha por la Policía de la Ciudad o por fuerzas federales.
“Vamos a marchar igual, aunque haya protocolo antipiquetes” enfatizó Argüello esta mañana en declaraciones al programa “Sin corbata”, que se emite por Radio Splendid.
El sindicalista, quien reemplazó en diciembre último a Pablo Moyano en el triunvirato que conduce la CGT, afirmó que intentar impedir la protesta social es “una locura”, y criticó a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.
“La ministra de Seguridad no puede actuar en el ámbito de la Capital Federal, no está habilitada para poner todas las fuerzas represivas que acostumbra poner, porque en la Capital hay una fuerza para actuar”, dijo en alusión a la Policía de la Ciudad.
El integrante del triunvirato sindical manifestó que “todos los días hay despidos, no solo en el Estado sino también en las empresas privadas” e inistió: “Están encaprichados en pisar los aumentos, como parte de una política de salarios a la baja”.
“El Presidente no entra en razones y esto se va a profundizar, porque estamos en una situación muy difícil y el que siempre paga las consecuencias es el pueblo”, cerró el líder de Camioneros.
Bullrich y Jorge Macri apuntaron contra el juez Gallardo
En la previa de la marcha de jubilados que se realizará este miércoles, la Justicia porteña había resuelto que sea la Policía de la Ciudad de Buenos Aires la que se haga cargo del operativo de seguridad en lugar del Gobierno de Javier Milei a raíz de las “situaciones de violencia, conflictos y caos” generadas por la intervención de las fuerzas federales en manifestaciones anteriores.
Ante esta decisión, el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich decidió denunciar al juez Andrés Gallardo (quien había emitido el fallo) por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones“, mientras que en las últimas horas el gobierno de Jorge Macri apeló el fallo y pidió que el Gobierno Nacional sea parte del operativo.
Desde la cartera de Bullrich manifestaron que el juez Gallardo “ignoró la falta de competencia y se declaró habilitado para intervenir”.
También “habilitó días y horarios judiciales inhábiles sin justificación, resolviendo de forma exprés” y “ordenó al Ministerio de Seguridad abstenerse de actuar en el territorio porteño, más allá de los denominados ‘intereses federales’“.
“El Ministerio considera que esta actuación constituye un claro caso de forum shopping y abuso de poder, al asumir atribuciones que exceden su función como juez local y avanzar sobre competencias propias del Estado Nacional”, apuntaron.
Cabe señalar que no es la primera vez que la Ministra denuncia a un juez por cuestionar sus operativos represivos. Previamente, Casa Rosada había iniciado una cruzada contra la jueza que liberó a los detenidos de la manifestación del pasado 12 de marzo y cuestionó la falta de justificaciones para detenerlos.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respondió este martes apelando el fallo del juez a través de la Procuración General. En este contexto, pidieron que se revoque la decisión y se considere nula, al tiempo que solicitaron elevar el tema a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo.
Según Jorge Macri, “una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley, me parece forzado“.
Por otro lado, consideró que el operativo debe tener en cuenta “cómo se va desarrollando la dinámica de la manifestación“, y remarcó que “lo que seguro va a pasar es que vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre”.
Desde la administración porteña expresaron que la medida judicial fue resuelta sin participación o consulta al Gobierno de la Ciudad, al que tampoco se le garantizó derecho de defensa. Además, aseguraron que nunca renunciaron al ejercicio de sus competencias en materia de seguridad, por lo que “el fallo es improcedente por su prejuzgamiento”.
