El decreto presidencial que cercena la autarquía del INTA genera fuerte rechazo en la Provincia de Buenos Aires. El gobierno de Kicillof advierte sobre el impacto en la productividad agropecuaria, la investigación aplicada y la sustentabilidad de las economías regionales.
Actualidad10/07/2025
La decisión del Gobierno nacional de desmantelar la estructura autárquica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) encendió alarmas en todo el arco productivo de la provincia de Buenos Aires. La medida, formalizada a través del decreto 462/2025, reconfigura la gobernanza de una institución clave para el desarrollo agrícola-ganadero del país y la convierte en una dependencia directa de la Secretaría de Agricultura. Pero en términos prácticos, se lee como otra página en el plan de achicamiento del Estado, con efectos concretos sobre el interior productivo.
"El decreto de Milei viene a destruir el INTA", advirtió sin rodeos el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, durante la presentación de la revista MDA en Azul. En ese escenario de pasturas, ganadería sostenible y ciencia aplicada al territorio, la preocupación no era teórica: la incertidumbre es concreta y regional.
En la provincia de Buenos Aires, el INTA no es un apéndice del Estado. Es el núcleo articulador entre saber técnico, necesidad productiva y mejora constante. Desde su presencia en estaciones experimentales hasta la vinculación con pequeños productores, el instituto acompaña decisiones estratégicas de manejo de suelos, sanidad vegetal, innovación en semillas, uso de bioinsumos, ganadería de bajo impacto ambiental y agregado de valor local.
Por eso la pérdida de su autarquía no se trata solo de una cuestión administrativa. Supone una ruptura con un modelo de gobernanza que había logrado equilibrio entre representación estatal, académica y productiva. "La conducción tripartita garantizaba un desarrollo federal y democrático de la tecnología agropecuaria. Hoy eso se diluye bajo una lógica centralista y de corto plazo", remarcó Rodríguez.
La situación se agrava por un contexto ya complejo. Desde diciembre de 2023, el INTA viene sufriendo recortes presupuestarios, retiros voluntarios, congelamiento de vacantes y falta de reposición de cargos clave. En paralelo, se ha interrumpido la continuidad de muchas líneas de investigación y se ha debilitado el acompañamiento técnico en zonas marginales. La decisión de este nuevo decreto aparece como el cierre de un proceso de vaciamiento paulatino.
En los campos del sudoeste bonaerense, por ejemplo, las pasturas nativas y el manejo sustentable de pastizales eran parte de una agenda que el INTA sostenía con presencia territorial real. La asistencia técnica permitía que ganaderías familiares puedan adaptarse al cambio climático y mejorar sus rindes sin hipotecar el ecosistema. Eso no se sustituye con mercados ni se resuelve con importaciones.
El decreto también eliminó el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y trasladó el INTI al ámbito de la Secretaría de Industria. La desaparición del INASE debilita la soberanía tecnológica: en la provincia, hay más de 800 variedades de semillas registradas, muchas de ellas adaptadas específicamente a las condiciones agronómicas de cada región, gracias al trabajo conjunto entre INTA e INASE.
Detrás del ajuste fiscal se esconde una lógica que desconoce las cadenas de valor y la complejidad del desarrollo regional. La producción no comienza en la tranquera ni termina en el silo: necesita ciencia, formación, capacitación y articulación. Esa es la trama que hoy se debilita.
La Provincia de Buenos Aires no es ajena al impacto. La revista MDA, editada por el Ministerio de Desarrollo Agrario, dio muestras de ese enfoque integral con trabajos científicos y técnicos que abordan desde pasturas polifíticas y leguminosas forrajeras hasta innovaciones en manejo de defoliación y restauración de ecosistemas. Todo ese andamiaje, nutrido por redes como INTA, INTI, universidades y cooperativas, queda tambaleando ante un modelo que propone desmonte sin reemplazo.
Desde la gestión de Axel Kicillof se mostraron firmes: "Vamos a dar la pelea", enfatizó Rodríguez. La defensa del INTA no es una causa gremial ni un reclamo sectorial. Es una cuestión estratégica para el desarrollo provincial. En un país donde la producción sigue siendo la base del ingreso y el empleo, desfinanciar la ciencia aplicada es pegarle un tiro al futuro.
La discusión no es técnica, es política. El modelo de país que se impone desde el ajuste centralista choca con el que se construye desde los territorios, con saber, esfuerzo y articulación. El INTA no es una cáscara vacía: es el corazón del federalismo productivo. Dejarlo sin pulso es, en definitiva, condenar a muchas economías regionales a sobrevivir sin herramientas. La Provincia ya tomó partido. Y no está sola.
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