El deterioro no siempre llega acompañado por sirenas. A veces se acumula lentamente detrás de una puerta de rejas, en una celda sin ventanas o en un colchón húmedo tirado sobre el piso.
En Moreno, esa realidad terminó llegando a los tribunales. Y cuando la Justicia abrió la puerta, encontró algo más que una irregularidad administrativa: encontró mujeres viviendo en condiciones que un juez consideró incompatibles con los derechos más elementales.
La decisión judicial fue contundente. Los calabozos de la Comisaría Sexta de Francisco Álvarez y de una dependencia especializada en investigaciones vinculadas al narcotráfico de Paso del Rey quedaron clausurados para el alojamiento de personas detenidas. Además, se ordenó el traslado inmediato de todas las mujeres que permanecían allí y se prohibió el ingreso de nuevas detenidas hasta que los espacios sean reacondicionados y cuenten con las habilitaciones correspondientes.
La situación más crítica apareció en la seccional de Francisco Álvarez. El lugar había sido diseñado para alojar a tres personas, pero durante las inspecciones se constató una población que llegó a multiplicar varias veces esa capacidad. Mujeres hacinadas, durmiendo sobre colchones deteriorados, encerradas durante todo el día en espacios sin ventilación natural y sin acceso a un patio donde recibir luz solar.
Las condiciones descriptas durante las inspecciones dibujaron una escena oscura incluso para los estándares de un sistema penitenciario que arrastra problemas estructurales desde hace años. El encierro transcurría entre humedad, aire viciado y escasas posibilidades de contacto con el exterior. Para muchas de las detenidas, incluso mantener vínculos familiares se había convertido en una carrera de obstáculos.
Celdas donde nunca debieron existir
La segunda dependencia observada presentaba una problemática distinta pero igual de preocupante. Allí ni siquiera existía autorización para alojar personas detenidas. Sin embargo, algunas oficinas habían sido convertidas en improvisados lugares de encierro.
Los espacios carecían de condiciones mínimas de habitabilidad. Las rejas reemplazaban puertas, la privacidad era inexistente y los problemas sanitarios se habían vuelto parte de la rutina cotidiana. La convivencia con olores permanentes provenientes de los baños terminaba completando un escenario que difícilmente podía ser considerado apto para alojar seres humanos.
El fallo judicial llegó después de una serie de inspecciones realizadas en el marco de un hábeas corpus colectivo impulsado por organismos de control y prevención de la tortura. La resolución concluyó que ambas dependencias vulneraban derechos fundamentales y que las condiciones de alojamiento resultaban incompatibles con cualquier estándar legal vigente.
Pero el caso excede a Moreno. Lo que apareció detrás de estas paredes forma parte de una discusión más amplia sobre el crecimiento sostenido de mujeres detenidas en comisarías bonaerenses. En los últimos años, la cantidad de personas privadas de libertad en dependencias policiales aumentó y muchas veces terminó desbordando infraestructuras pensadas para estadías breves y no para alojamientos prolongados.
La clausura de estos calabozos no resuelve por sí sola el problema de fondo. Sin embargo, deja una señal importante. Porque cuando una democracia discute derechos humanos, no lo hace únicamente en los grandes debates históricos. También lo hace en los lugares menos visibles, allí donde casi nadie mira. En una celda oscura, en una oficina convertida en prisión improvisada o en la vida cotidiana de mujeres que, aun privadas de libertad, siguen siendo titulares de derechos.
Y justamente ahí, en esos márgenes donde muchas veces el Estado aparece primero para encerrar y después para olvidar, es donde una decisión judicial puede convertirse en algo más que un fallo: puede convertirse en un límite.
