Milei polarizado a puro veto, a todo o nada

Redobla la apuesta y no negociará nada

El gobierno de Javier Milei ha dejado en claro que no convalidará ni una sola iniciativa que no surja de su círculo más estrecho. Esa decisión, que ya se ha convertido en doctrina dentro de la Casa Rosada, no hace excepciones: ni si el proyecto cuenta con consenso unánime de los gobernadores, ni si está en línea con las metas fiscales, ni siquiera si quien lo sugiere es un ministro propio como Federico Sturzenegger. La regla es una sola: si no lo impulsamos nosotros, se veta.

Con esta consigna, el oficialismo enterró en tiempo récord cualquier expectativa de negociación institucional. Las provincias, que lograron una unidad inusual para motorizar proyectos sobre la redistribución del impuesto a los combustibles y la automatización de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional), se enfrentan a un muro intransigente. No importa que la iniciativa haya sido votada en el Senado por más de dos tercios, ni que tenga impacto fiscal marginal —apenas 0,11% del PBI, según estimaciones técnicas—, ni que los fondos en disputa beneficien a la infraestructura, al transporte o a la salud provincial. Para Milei, la decisión no es económica sino política: no habrá plata para la “casta”.

Incluso Sturzenegger, autor intelectual del plan de desregulación estatal y pieza clave del esquema ultraortodoxo, propuso no vetar el proyecto como parte de una jugada para condicionar la Coparticipación con una ley simple. Pero sus palabras fueron relativizadas en la Rosada como una mera “chicana” útil para tensar a los mandatarios provinciales. En rigor, la respuesta oficial llegó rápido y sin ambigüedades: el superávit no se toca, ni aunque haya que vetar leyes con amplio respaldo institucional o electoral.

Los gobernadores: de negociar a unirse espantados

El rechazo frontal del Ejecutivo ha generado un efecto no deseado: unificar a los gobernadores, incluso a aquellos que jamás compartieron espacio político. Lo que en otro contexto sería una hazaña política, hoy es producto del espanto. Las 24 jurisdicciones, sin distinción de signo partidario, confluyeron en dos propuestas concretas que buscan limitar la discrecionalidad del Ejecutivo en la distribución de fondos.

El primero propone coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos, un tributo que recauda miles de millones y del cual sólo una mínima parte (10,4%) llega a las provincias. El segundo, busca transformar los ATN en transferencias automáticas y diarias, terminando con el sistema actual en el que la Casa Rosada decide a dedo a quién ayudar y a quién no. Ambos proyectos no sólo tienen sentido financiero para las provincias: implican devolver algo de autonomía al federalismo en coma.

Desde el punto de vista fiscal, el costo de estas medidas es muy inferior a lo que se agita desde Balcarce 50. Según estimaciones del Congreso y consultoras privadas, toda la batería de leyes impulsadas por el Senado —incluidas jubilaciones, moratoria y discapacidad— tendría un impacto de entre 0,7 y 0,8 puntos del PBI, muy por debajo de los 2,5 que denuncia el Ejecutivo. Sin embargo, en el discurso oficial, cualquier peso que no pase por la lupa de Caputo es anatema.

Polarización como método y como trampa

En su relato, Milei es el único garante del orden económico, incluso si ese orden se construye sobre el caos institucional. Todo proyecto ajeno es sospechoso de castismo, de corrupción, o de ser un atentado contra el déficit cero. Vetar se convierte así en mucho más que un instrumento: es una declaración de principios, una forma de disciplinamiento que apunta tanto a la oposición como a los aliados que se desvíen del libreto.

Pero el veto sistemático, convertido en bandera, también tiene costos. Políticos, institucionales, económicos. El primero es el aislamiento. No hay coalición que se sostenga cuando se niega todo margen de intercambio, cuando cada actor del sistema es tratado como enemigo en potencia. El segundo es la parálisis: sin acuerdos legislativos, muchas reformas estructurales —como las privatizaciones— siguen empantanadas, sin autoridad política que ordene el proceso.

En la práctica, La Libertad Avanza está encerrándose en sí misma. La interna entre Karina Milei y Santiago Caputo por el control político del armado de listas es sólo una muestra del cortocircuito. La pérdida de protagonismo del asesor estrella se siente: era el encargado de tender puentes con gobernadores, legisladores y empresarios. Hoy, su repliegue deja al Presidente más solo que nunca en su torre de control, rodeado de incondicionales, pero sin operadores.

El riesgo es claro: cuando todo es veto, incluso a los propios, el sistema deja de girar. En su apuesta al todo o nada, Milei fortalece su núcleo duro, pero debilita su margen de gobernabilidad. Gobernar no es solo resistir; también es construir. Y para eso, en algún momento, hay que hablar con alguien más que uno mismo.

El presidente Milei parece haber encontrado en el veto no sólo un instrumento institucional, sino una identidad política. Pero la intransigencia también es una forma de soledad. La pregunta que asoma es si el poder real se sostiene solo con seguidores fieles o si, tarde o temprano, el arte de gobernar exige algo más que obediencia: diálogo, acuerdos y visión. De lo contrario, el futuro podría llegar con superávit, pero sin Nación.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) encendió una alarma global al denunciar públicamente que el gobierno de Javier Milei estaría hostigando a jueces por sus decisiones, en violación a la independencia judicial. En un comunicado firmado por nueve relatores del Consejo de Derechos Humanos, se señala una “campaña organizada” de intimidación contra magistrados que fallaron en favor de manifestantes, como el caso de la jueza Karina Andrade, quien liberó a 114 personas detenidas en una protesta el 12 de marzo.

Según la ONU, la reacción del Ejecutivo —que incluyó amenazas, estigmatización y hasta pedidos de destitución— constituye una forma de castigo institucional incompatible con el sistema democrático. También denuncian presiones sobre el juez Roberto Gallardo por limitar el accionar de fuerzas federales.

El informe alerta que este patrón de ataques desde el Gobierno podría vulnerar tratados internacionales, al criminalizar la protesta social, usar inteligencia artificial para vigilancia y permitir el accionar violento de fuerzas de seguridad. Hasta ahora, el Ejecutivo no respondió y pidió prórroga para su descargo. La advertencia es clara: reprimir jueces, manifestantes y periodistas puede convertirse en una política sistemática de persecución.