La alarma sonó antes que el gas. Mucho antes. Cuando esta semana una excavación rompió un caño sobre la Avenida Don Bosco al 400, en Haedo, la escena duró apenas unas horas. Bomberos, personal técnico y operarios trabajaron para controlar la situación y evitar una tragedia. Pero para quienes viven en la zona, el problema no empezó con la fuga. El problema, dicen, empezó cuando nadie escuchó las advertencias.
La construcción donde ocurrió el incidente forma parte de un predio utilizado por una distribuidora mayorista de frutas y verduras. Según denuncian los vecinos, la actividad en el lugar es prácticamente permanente. Camiones entrando y saliendo, movimientos de carga durante la madrugada, tránsito pesado, residuos y olores forman parte de una convivencia que, aseguran, se volvió cada vez más difícil.
La novedad llegó cuando el emprendimiento comenzó a expandirse. La compra de un terreno lindero y el avance de nuevas obras despertaron preocupación entre los frentistas, que decidieron iniciar una serie de presentaciones formales ante distintas áreas del Estado local.
Y ahí aparece el núcleo político de la historia.
Porque después de la rotura del caño, la discusión dejó de ser únicamente sobre una obra privada. La pregunta que empezó a circular en el barrio apunta directamente al Municipio de Morón: ¿qué controles se realizaron durante todo este tiempo?
Los vecinos sostienen que presentaron denuncias ante la Secretaría de Control Comunal, la Defensoría del Pueblo y el Concejo Deliberante. En total, una treintena de firmas acompañó el reclamo. También recuerdan la existencia de un expediente iniciado en marzo de este año donde alertaban sobre la situación.
Sin embargo, aseguran que las respuestas nunca llegaron.
La fuga de gas terminó funcionando como una especie de reflector sobre un conflicto que venía acumulando tensión bajo tierra. Porque cuando una obra genera cuestionamientos durante meses y luego ocurre un incidente de estas características, las miradas inevitablemente se trasladan hacia quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar.
En el barrio ahora reclaman información concreta. Quieren saber qué inspecciones se realizaron, qué áreas municipales intervinieron, qué autorizaciones fueron otorgadas y por qué no se dispusieron medidas preventivas mientras las denuncias seguían acumulándose.
También exigen explicaciones a las autoridades de la Unidad de Gestión Comunitaria de Haedo, señaladas por los frentistas como otro de los organismos que recibió planteos sin que, según afirman, existiera una respuesta efectiva.
Lo que ocurrió en Don Bosco podría haber terminado peor. Esa es una frase que se repite en las conversaciones entre vecinos. Y justamente por eso el episodio dejó de ser un accidente aislado para transformarse en una discusión más amplia sobre controles, planificación urbana y capacidad de respuesta del Estado local.
Porque cuando un caño se rompe, se repara. Lo más difícil de arreglar es la sensación de que las advertencias estuvieron sobre la mesa y nadie decidió mirarlas. Y esa, hoy, es la verdadera fuga que preocupa en Haedo.
