El Fondo Monetario Internacional dejó críticas fuertes para el manejo de las políticas anticorrupción del gobierno de Javier Milei y la laxitud con la que maneja los controles sobre las declaraciones juradas de los funcionarios, marcando la primera vez en la que el organismo multilateral de crédito se expresa en términos tan duros, al menos desde que la Argentina volvió a endeudarse con él en 2018.
Estos cuestionamientos se encuentran incluidos en la segunda revisión del artículo IV que aprobó el desembolso por 1050 millones de dólares al país, entregado a pesar de que el Gobierno incumplió nuevamente con la meta de reservas del Banco Central.
La entidad que dirige Kristalina Georgieva enumeró dentro de los “desafíos pendientes” a la lucha contra la corrupción, destacando allí que la Argentina sacó una puntuación de sólo 36 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción para 2025, según Transparencia Internacional, y apuntando además que “la declaración sobre el clima de inversión de Estados Unidos y otros indicadores señalan la persistencia de estos desafíos”.
Los términos del Fondo se desarrollan en el Box 9, donde revisó los “recientes progresos” contra la corrupción y aseveró que “es necesario fortalecer los marcos anticorrupción de prevención, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por una verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual”.
El reporte técnico, según supo la Agencia Noticias Argentinas, añadió que “las normas sobre conflictos de intereses siguen limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación”, remarcando a su vez que “la percepción de una independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación, ya que las evaluaciones internacionales y los observadores nacionales continúan señalando demoras en casos de alto perfil y una rendición de cuentas limitada para los altos funcionarios, lo que subraya la necesidad de fortalecer la independencia de la fiscalía y la transparencia judicial”.
Este tono elevado que exhibió el Fondo no fue presentado durante las gestiones previas del Palacio de Hacienda ni cuando el Poder Ejecutivo lo lideraba Mauricio Macri, ya que en 2022 un informe del Fondo destacó “fuertes esfuerzos que se están llevando para mejorar la gobernanza, integridad financiera y marcos de transparencia para asegurarse el cumplimiento de los estándares internacionales y apoyar los esfuerzos anticorrupción”.
El FMI adoptó en 2018 un Marco de Gobernanza y Anticorrupción que le permite evaluar cómo las debilidades institucionales pueden afectar la economía de un país, incluyendo de forma concreta las declaraciones juradas patrimoniales, la independencia judicial y el índice de percepción de corrupción en el documento actual.
A nivel político, el plazo para entregar las declaraciones juradas, que vencía el 30 de mayo, fue prorrogado por el Ejecutivo para el 31 de julio, otorgando dos meses más para completar los formularios ante la Oficina Anticorrupción, un escenario donde se encuentra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que aún no ha presentado su balance patrimonial en medio del escándalo por los nuevos inmuebles que se le descubrieron y que no figuran en sus documentos anteriores.
Por otra parte, en su revisión, el FMI señaló que “continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo, así como de la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión, dadas sus implicancias para la volatilidad del fondeo y la extensión del crédito de más largo plazo”.
