El bloqueo de trabajadores despedidos en la planta de Granja Tres Arroyos de La Lonja, en Pilar, fue levantado durante la madrugada del miércoles 14 de octubre tras un despliegue policial. Los manifestantes se retiraron y los camiones volvieron a ingresar al establecimiento, según la información difundida sobre el procedimiento.
El reclamo económico continúa. Los trabajadores denuncian cuatro meses de salarios pendientes, aguinaldo e indemnizaciones, y anticiparon que podrían retomar las medidas de fuerza si no reciben respuestas. No se informó un acuerdo de pago como resultado del levantamiento del acampe.
La protesta había vuelto a bloquear el acceso después de semanas de conflicto. Para los despedidos, la discusión comprende tanto la pérdida del puesto como el cobro de ingresos correspondientes a meses anteriores. La demora prolonga una situación en la que deben afrontar los gastos familiares mientras esperan el dinero reclamado.
Antes del operativo circuló un comunicado atribuido a los manifestantes en el que advertían sobre una posible intervención policial contra ellos y sus familias. El mensaje responsabilizaba al gobernador Axel Kicillof por su seguridad y cuestionaba al ministro de Trabajo, Walter Correa, por no garantizar, según su posición, el cumplimiento de la conciliación obligatoria.
Los firmantes también plantearon que la protesta incluía a quienes permanecen trabajando en la planta. Denunciaron presiones y dificultades de cobro entre el personal activo, aunque no se obtuvo documentación que permita precisar esas condiciones ni una respuesta empresarial específica.
Qué había dispuesto la Provincia
El Ministerio de Trabajo bonaerense informó el 4 de septiembre que había dictado una conciliación obligatoria por quince días hábiles, con posibilidad de prórroga. La medida contemplaba la reincorporación de los despedidos y una negociación entre representantes de las empresas y del sindicato de la alimentación.
En aquella comunicación, la Provincia registró 1.200 trabajadores afectados: 700 en Capitán Sarmiento, 50 en Pilar y 450 en Esteban Echeverría. Esas cifras corresponden a septiembre y no constituyen una actualización de las desvinculaciones.
Durante la audiencia también se acordaron un pago de dinero a cuenta y la donación de mil cajones de pollo para los despedidos. El anuncio oficial no permite establecer cuánto se abonó posteriormente ni qué saldo quedó pendiente en cada caso.
La diferencia entre esa intervención y el reclamo actual está en su cumplimiento. Mientras el Ministerio había anunciado una instancia para negociar y reincorporar trabajadores, los manifestantes sostienen que las deudas y el conflicto por los puestos de trabajo siguen sin resolverse.
Durante el acampe también denunciaron amenazas de un grupo de personas. La identidad y la eventual pertenencia sindical de los señalados no fueron corroboradas. Sobre el procedimiento policial, no se obtuvo la orden judicial que permita precisar sus fundamentos y alcance.
El levantamiento del bloqueo permitió reabrir el acceso a la planta. Para los trabajadores, la respuesta pendiente sigue siendo económica: no se informó un acuerdo que establezca cuánto cobrarán ni cuándo.
