La confrontación entre el Gobierno y el periodismo cruzó un nuevo umbral. Javier Milei pasó de la crítica a la denuncia directa, al calificar a los medios como una “asociación ilícita” y sugerir una operación coordinada para desestabilizar su gestión.
En un clima cada vez más tenso, el discurso oficial escala hacia un terreno donde la desconfianza se vuelve estructural y cualquier información incómoda es leída como parte de una ofensiva política organizada.
El presidente Javier Milei volvió a elegir sus redes sociales como campo de batalla para lanzar un durísimo ataque contra el sector periodístico, al que calificó como una "asociación ilícita".
A través de un posteo estructurado en cinco "actos", el mandatario denunció una supuesta maniobra coordinada para desprestigiar su gestión mediante la difusión de datos erróneos sobre créditos, vinculando el accionar de cronistas individuales con la línea editorial de los grandes medios de comunicación.
"Está claro que el problema no es sólo las basuras inmundas que la van de periodistas. El tema alcanza a los editores y a los dueños del medio", sentenció Milei, elevando el tono de una confrontación que ya es marca registrada de su administración.
Bajo el irónico título de "¿Cómo se llama la obra?", el titular del Ejecutivo describió una secuencia que comienza con lo que denominó un "periodista mezcla de operador e imbécil" publicando datos financieros, seguido por un "periodista corrupto" que expande la información con gráficos para "esparcir mentiras".
Según el relato oficial, a pesar de que los involucrados habrían aceptado el error una vez caída la supuesta falsedad, los medios decidieron sostener la noticia incluso otorgándole lugar en sus portadas principales. Para Milei, esta persistencia no es un error profesional, sino una estrategia deliberada de “estafa” al lector.
Este nuevo embate se produce en un contexto de extrema sensibilidad, luego de que desde el entorno presidencial se deslizara la existencia de una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen ruso destinada a esmerilar la imagen del Gobierno.
Si bien el posteo se centró en la dinámica interna de los medios locales, el concepto de "opereta" y "asociación ilícita" refuerza la narrativa oficial de un asedio externo e interno. El Presidente insistió en que la responsabilidad no termina en quien firma la nota: "Es una asociación ilícita", reafirmó, apuntando directamente contra la estructura jerárquica de las empresas de medios.
La relación entre la Casa Rosada y la prensa atraviesa uno de sus momentos más críticos. Mientras que desde los organismos de libertad de expresión se advierte sobre el efecto disciplinador de estos ataques personalizados, el mandatario redobla la apuesta amparado en su comunicación directa con la ciudadanía.
En este “Acto 5” de su narrativa, Milei dejó claro que no distingue entre el error técnico y la intención política, consolidando una postura donde cualquier crítica o dato cuestionable es interpretado como un ataque coordinado por sectores que, según sus palabras, “la van de periodistas” pero actúan como operadores.
Sólo un estúpido puede creer que existe un plan ruso para “desestabilizar al presidente” con 280 mil dólares. Esto no es una figura retórica sino una constatación que se corrobora en tiempo real mientras se desenvuelven los acontecimientos.
El gobierno salió a denunciar una “Gran Conspiración contra el pueblo argentino”: hay periodistas que cometieron “traición a la patria” por “subordinarse a una potencia extranjera en miras de lograr un desenlace violento”, lo que constituye un hecho de “gravedad institucional inédita en la historia”.
En consecuencia, habría que declarar al periodismo “como una organización terrorista” y “perseguirlos hasta las últimas consecuencias”, “hacerlos mierda” y que terminen “todos adentro” por “hasta 25 años de prisión”. Las comillas corresponden, en todos los casos, a mensajes compartidos por Javier Milei en su cuenta de X. Como ya resulta notorio, el presidente no percibe adecuadamente la realidad.
“Nosotros no pudimos comprobar y no estamos afirmando que los medios hayan sido comprados o que periodistas hayan sido comprados. Lo que nosotros sí pudimos verificar fue la existencia de una especie de cadena de intermediarios que ya existen, en todo el mundo y acá también, que colocan contenidos en los medios para promocionar a sus clientes o promocionar determinados temas”, explicó Diana Cariboni, la periodista uruguaya que es editora para latinoamérica de Open Democracy y coordinó la publicación.
En la misma entrevista, con Radio Sarandí, agregó: “En ningún momento nosotros afirmamos que hay periodistas ensobrados ni pagados por nadie. Eso no está en la investigación y ese no es el objeto de la investigación. El objeto de la investigación es ver cómo hay operaciones encubiertas de muchos lados, no solamente de Rusia. En este caso se trató de Rusia pero la interferencia política de lo que pasa en Argentina viene de muchos lugares”.
En ese clima, el problema deja de ser solo el tono y pasa a ser el umbral. Hablar de “hacerlos mierda”, de “25 años presos” o de “asociación ilícita” sin pruebas de financiamiento o delito concreto no endurece una posición: la desborda. Cuando la acusación reemplaza a la evidencia, el conflicto deja de ser político y se vuelve institucional. Y en ese punto, lo que se erosiona no es solo la relación con la prensa, sino la calidad misma del debate público.
