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Tras la victoria legislativa del 26-O, el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ensayó un viraje judicial: pasó de discutir la legalidad de las grabaciones a denunciar que son “falsas” o creadas por inteligencia artificial.
Política 06/11/2025
El giro busca licuar una causa que rozaba a Karina Milei y a los Menem, justo cuando la Justicia parece más dispuesta a mirar para otro lado.
Antes de las urnas, Spagnuolo jugaba a otra estrategia. No negaba los audios que lo mostraban hablando de retornos por medicamentos ni mencionaba a Karina o a Lule Menem. Apenas discutía el origen de las grabaciones: decía que eran ilegales, sin cadena de custodia, sin pericia y con olor a espionaje. Los dueños de Suizo-Argentina repetían la melodía. Pedían nulidad, invocaban el non bis in idem y recordaban que el juez Casanello ya había archivado un expediente similar. Hasta ahí, la defensa era procesal.
El 26-O cambió el escenario. El triunfo libertario, más político que numérico, fue leído como un plebiscito de poder. Y cuando el poder se consolida, Comodoro Py toma nota. De pronto, la causa que incomodaba a la familia presidencial se volvió un problema de “formas”. Spagnuolo contrató a Mauricio D’Alessandro, abogado mediático y pragmático, y estrenó argumento: los audios serían falsos, editados o fabricados con inteligencia artificial. Una jugada quirúrgica que le permite cuestionar todo sin confirmar nada.
El discurso encaja perfecto con la nueva coyuntura. Ya no se trata de una defensa técnica, sino de una narrativa política. La “inteligencia artificial” funciona como salvavidas simbólico: permite ensuciar la evidencia y al mismo tiempo alinearse con un relato global donde la tecnología es el nuevo villano. Un expediente que involucraba a Karina Milei y a los Menem ahora se disuelve en el aire digital.
En el barro fino aparecen detalles que no son accesorios. Si la prueba nace de un tercero que graba, el planteo defensivo cabalga entre privacidad y origen ilícito. Si además se instala que la voz podría no ser la voz, el expediente entra en zona nebulosa. Para una pericia acústica seria se necesitan muestras de comparación, parámetros de timbre y espectros de frecuencia. Nada de eso llega rápido cuando la defensa administra el tiempo como un recurso más. El reloj se vuelve un perito silencioso, siempre dispuesto a dictaminar que hace falta “un poco más”.
La otra pinza es institucional. El decreto que removió a Spagnuolo sirvió para habilitar medidas y abrir puertas procesales. Pero la narrativa oficial, luego de las elecciones, optó por el voto del silencio. Lo entendieron todos. Si se habla, se eleva el costo. Si se calla, el caso pierde temperatura. Cada semana sin novedades es un triunfo táctico. Cada foja que se agrega sin definir nada, un paso más hacia el pantano donde se hunden los temas delicados.
La liturgia del poder: cómo archivar sin archivar
En el ecosistema judicial argentino, los tiempos valen más que las leyes. El fiscal Picardi insiste en que la causa no nació de los audios sino de denuncias y decretos oficiales. Pero el clima cambió: el mismo expediente que antes olía a escándalo hoy se describe como “en análisis”. Nadie archiva formalmente, pero todo avanza en cámara lenta. La prudencia judicial se volvió el nuevo nombre de la impunidad.
Mientras tanto, las defensas repiten su partitura. Dicen que hubo espionaje ilegal, que los audios fueron plantados o adulterados, que se violó la intimidad. Es la doctrina del desgaste: si se discute eternamente la prueba, nunca se llega al contenido. A medida que se acumulan los escritos, el expediente se convierte en una coreografía de nulidades. La verdad deja de importar; importa que pase el tiempo.
El método es conocido y eficiente. Primero, multiplicar incidentes: cuestionar cadena de custodia, objetar transcripciones, pedir auditorías sobre softwares de edición, exigir pericias fonéticas con estándares imposibles, solicitar dictámenes de universidades y fuerzas de seguridad con agendas que nunca se sincronizan. Segundo, abrir líneas paralelas: acumulación de causas, pedidos de conexidad, devolución de actuaciones para “ordenar el objeto procesal”. Tercero, repartir responsabilidades: que la Cámara diga si la nulidad procede, que el juez devuelva por “mejor proveer”, que la fiscalía insista y que la defensa vuelva a replantear.
Nadie bloquea, todos difieren
En esa coreografía, los actores políticos respiran aliviados. A Karina y a Lule no los absuelve un fallo, los absuelve el calendario. Ningún gobierno quiere un titular con sus nombres al lado de la palabra coimas. Y ningún tribunal quiere incendiar la semana con una resolución que se lea como desafío al oficialismo cuando el oficialismo viene de un envión electoral. Se prefiere la salida elegante: “todavía no hay certeza suficiente”. La frase suena técnica. En realidad, es profundamente política.
Para completar el cuadro, los intereses empresariales hacen su trabajo. La empresa repite su hoja de ruta: licitaciones, burocracia, proveedores, cumplimiento. Es el idioma de la asepsia. Si la discusión se traslada al terreno de los pliegos y los expedientes administrativos, pierde épica y se gana un laberinto. Quien logra llevar la causa a ese mapa, gana tiempo y baja el voltaje. La rosca jurídica funciona como una válvula de escape.
La secuencia final ya puede anticiparse en tres escenarios. Uno, el limbo extendido: pericias que nunca cristalizan, nulidades parciales que vuelven a fojas anteriores y un prolongado “siga participando”. Dos, la poda quirúrgica: se sostienen líneas menores y se deshilachan los vínculos con los nombres pesados, hasta que la causa principal queda reducida a una irregularidad administrativa sin pólvora. Tres, el cierre higiénico: sin llamar archivo, se dicta la falta de mérito por duda razonable y se promete reabrir si aparecen elementos que jamás aparecerán. Cualquiera de los tres impacta igual en la política real.
El viraje de Spagnuolo no nació en un estudio jurídico, sino en el aire político posterior a las elecciones. Cuando Milei demostró que el sistema lo necesita para sobrevivir, los resortes judiciales se alinearon por inercia. El argumento de la “IA” es apenas el envoltorio. Detrás hay una verdad más vieja: la justicia se adapta al poder como el agua al vaso.
La defensa lo sabe y opera con precisión. Instala la duda ontológica sobre la voz, cuestiona la posibilidad técnica de una pericia cerrada y propone un horizonte donde cualquier resultado será insuficiente. Si mañana una prueba afirma que la voz coincide con alto grado de probabilidad, alcanzará con sembrar sospechas sobre el método, los parámetros de muestreo o el laboratorio interviniente. Si pasado se repite la pericia en otra institución, se pedirá una tercera para dirimir discrepancias. La duda deja de ser un punto de partida y se convierte en destino.
Spagnuolo aprendió rápido: en el país de la impunidad líquida, lo importante no es demostrar inocencia, sino generar duda. Y en eso, la inteligencia artificial es apenas un recurso más dentro de una inteligencia mucho más antigua: la del poder que siempre encuentra su manera de salir indemne. En la versión adulta de House of Cards criolla, no hace falta empujar a nadie por una escalera. Alcanza con mover el reloj. Cuando den las doce, el caso ya no va a importar. Y nadie recordará si la voz era suya, si la edición existió, si la cadena se rompió. Solo quedará el resultado, que es lo único que el poder contabiliza.

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