Caputo cuestiona el 2,1 % de aumento real del gasto bonaerense y amenaza con bloquearle 1.000 millones de dólares, mientras Santa Fe (+7,9 %), Córdoba (+19,6 %) y Chubut (+32,4 %) recibieron el OK sin drama. La provincia que mueve el 40 % del PBI y de la población argentina queda bajo un régimen especial que huele a política pura.
Política 09/12/2025
La Casa Rosada apunta a la Provincia de Buenos Aires
La secuencia tiene precisión quirúrgica. Axel Kicillof consigue en la Legislatura bonaerense la autorización para tomar deuda por 3.680 millones de dólares, con un diseño que le permite usar una parte en 2025 y reservar otra para 2027. Menos de 48 horas después, Luis Caputo sugiere que puede bloquear una parte de ese endeudamiento desde el Ministerio de Economía. En términos estrictamente políticos, el mensaje es transparente: el gobernador puede negociar, sancionar leyes y conseguir votos, pero la llave final de los recursos queda en la Casa Rosada.
El argumento elegido por el Palacio de Hacienda es fiscal. Economía sostiene que la provincia de Buenos Aires no cumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal porque incrementó su gasto corriente 2,1 por ciento en términos reales durante la primera mitad del año. Sobre esa base técnica, Caputo pone en revisión unos 1.045 millones de dólares que considera deuda nueva y, por lo tanto, sujeta a condicionalidad reforzada. Desde La Plata responden que el criterio es arbitrario y recuerdan que el propio Ministerio ya había autorizado otras operaciones bonaerenses, incluso para asegurar el pago del medio aguinaldo.
Detrás de ese intercambio se juega algo más que una lectura distinta de los números. Buenos Aires es la provincia donde vive casi la mitad del país y donde se genera alrededor del 40 por ciento del producto. En un esquema de poder fuertemente centralizado, someterla a un filtro especial no es un detalle contable. Es una decisión de orden político que envía una señal hacia adentro y hacia afuera: el Gobierno nacional se reserva el derecho de condicionar la autonomía financiera del distrito más grande, incluso cuando el resto del mapa provincial muestra desvíos similares o mayores.
Una regla para Buenos Aires, otra para el resto
La asimetría se vuelve más evidente cuando se miran los datos oficiales que el propio Ministerio de Economía recopila en su “mapa fiscal” de las provincias. Santa Fe, que acaba de colocar 800 millones de dólares en los mercados, aumentó su gasto corriente 7,9 por ciento en términos reales. La Ciudad de Buenos Aires lo hizo 6,6 por ciento, Córdoba 19,6 por ciento, Entre Ríos 9,4 por ciento y Chubut llegó a 32,4 por ciento. Todas fueron habilitadas a endeudarse. Solo Buenos Aires queda bajo sospecha permanente.
La explicación formal es que la provincia gobernada por Kicillof muestra un déficit financiero que trepa al 5,7 por ciento de sus ingresos, frente a situaciones más equilibradas o directamente superavitarias en otros distritos. Sin embargo, en el caso bonaerense también hay matices: el peso del servicio de deuda sobre la coparticipación que reciben los municipios ronda el 7 por ciento, muy por debajo del límite del 15 por ciento que fija la normativa. Es decir, el margen para tomar deuda existe y está reconocido por los propios indicadores que se utilizan como referencia.
En ese contexto, el señalamiento exclusivo sobre Buenos Aires se parece menos a una alarma contable y más a un dispositivo de control político. La provincia acaba de conseguir, mediante la ley que autorizó el endeudamiento, un activo central: no tiene que volver en lo inmediato a una Legislatura donde la representación libertaria creció y los dos tercios serán más difíciles de reunir. La potestad de escalonar el uso de los fondos hasta 2027 le da a Kicillof una ventana de relativa autonomía, justo cuando la Casa Rosada intenta disciplinar a los gobernadores con tijera fiscal.
Caputo también juega su propio tablero. Una crisis de deuda en la provincia más grande sería un pésimo mensaje mientras la Nación busca reinsertarse en los mercados financieros internacionales. Por eso, la relación entre el ministro y el gobernador se vuelve una sociedad incómoda: se confrontan en público, pero ninguno puede llevar al otro al borde del abismo sin asumir costos mayores. Las advertencias sobre el gasto bonaerense funcionan entonces como herramienta de presión, no como antesala de un corte definitivo.
Reacomodos internos y disputa por el control del tablero
El capítulo provincial mostró, además, una recomposición de fuerzas puertas adentro. La aprobación de la ley de endeudamiento fracturó a la derecha legislativa. La Libertad Avanza se quedó sola en el rechazo, mientras sectores del PRO y del radicalismo acompañaron el proyecto, con negociaciones que incluyeron cargos en el Banco Provincia y en otros organismos clave. La consecuencia visible es la imposibilidad de unificar bancadas y la consolidación de un bloque libertario más pequeño frente a un dispositivo opositor más complejo y fragmentado.
En paralelo, el oficialismo bonaerense sostuvo un delicado equilibrio entre camporismo, massismo y kicillofismo. Todos votaron a favor, pese a las desconfianzas cruzadas y a las sospechas de maniobras para condicionar el uso de los fondos que llegarán a los municipios. El gobernador aceptó pagar el costo político de la creación de nuevos cargos en el directorio del Banco Provincia, pero se aseguró cuatro lugares para mantener la mayoría en la entidad. Desde la óptica nacional, no fue un gesto neutro: se leyó como consolidación de poder propio en un resorte financiero estratégico.
Mientras tanto, un fondo de 350 mil millones de pesos de libre disponibilidad para intendentes de todos los signos quedó prácticamente al margen del escándalo discursivo. La atención se concentró en la ampliación de cargos, cuando el verdadero músculo de la negociación reside en cómo se distribuirán esos recursos en el territorio. Esa dimensión también explica por qué la Casa Rosada mira de cerca cada movimiento de la gobernación: Buenos Aires es, al mismo tiempo, escenario de conflicto y pieza de contención.
El resultado es una relación atravesada por el doble estándar. El Gobierno nacional construye un relato de dureza fiscal con Buenos Aires, mientras otorga habilitaciones más flexibles a otras jurisdicciones que también expandieron su gasto por encima de la inflación. Kicillof exhibe la inconsistencia y refuerza su narrativa de provincia sometida a un trato discriminatorio. En el medio, la trama real muestra algo menos épico y más estable: la Nación no puede dejar caer a la provincia que sostiene la mayor parte de la economía argentina, y la provincia no puede prescindir de la botonera financiera que se maneja desde Buenos Aires, pero en clave nacional.
En esa tensión se resume la escena: detrás de cada discusión técnica sobre ratios, déficits y porcentajes, lo que está en juego es quién decide el margen de maniobra de la gobernación que administra el territorio donde se define buena parte del poder político y económico del país. La disputa no es solo por una ley de endeudamiento. Es por el control del tablero en la provincia que ningún proyecto nacional puede darse el lujo de perder, ni mucho menos de ignorar.
Economía cuestiona que Buenos Aires aumentó 2,1 por ciento su gasto corriente, pero autorizó deuda a provincias con incrementos de hasta 32,4 por ciento en términos reales.
La provincia que concentra el 40 por ciento de la población y del PBI queda sometida a un régimen de condicionalidad especial que combina disciplina fiscal y cálculo político.
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