Presupuesto 2026: Milei “suma” gobernadores y blinda el ajuste

El Gobierno decidió convertir el Presupuesto 2026 en una prueba de poder. No solo por los números macro que exhibe, sino por la forma: dictamen conseguido a fuerza de acuerdos bilaterales con gobernadores, aliados que acompañan “con disidencia” y una sesión ya puesta en el calendario para el miércoles 17 de diciembre a las 14. La apuesta es clara: media sanción exprés, con una aritmética parlamentaria ajustada y una narrativa que intenta cerrar la discusión antes de que se abra el debate de fondo: quién paga el equilibrio y quién cobra los beneficios. 

El dictamen de mayoría reunió 28 firmas. La Libertad Avanza aportó 20 propias y completó el resto con apoyos negociados. Tucumán, con Osvaldo Jaldo, aparece como un caso explícito: recibió $20.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional en plena rosca presupuestaria. San Juan, con Marcelo Orrego, consiguió el envío de la reforma de la Ley de Glaciares como condición para destrabar inversiones mineras. En términos de economía política, es el manual clásico: el centro administra la escasez y la distribuye como instrumento de gobernabilidad. 

Pero el músculo del oficialismo es relativo. PRO, UCR, MID y bloques provinciales acompañan, sí, aunque con disidencias que marcan límites: desde la disputa por la deuda de coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, hasta la presión por las cajas previsionales no transferidas que Córdoba y Santa Fe vienen poniendo sobre la mesa. La mayoría no es un consenso, es una construcción frágil, hecha de concesiones selectivas y silencios administrados. 

En ese marco, el Presupuesto 2026 se presenta con proyecciones ambiciosas: crecimiento del 5% del PBI, inflación anual del 10,1% y un dólar de $1.423 a diciembre de 2026. El problema no es solo si esas metas son creíbles, sino qué mecanismos se eligen para acercarse a ellas. El texto sostiene el dogma del superávit, pero no como resultado virtuoso de más productividad o mejor recaudación progresiva, sino como un mandato que ordena recortar primero lo políticamente menos defendible en la negociación: lo social no transable. 

Una mayoría comprada, un ajuste blindado

El artículo más explosivo es el que busca derogar normas ya insistidas por el Congreso con dos tercios: emergencias y financiamientos que tocan a discapacidad y universidades. Esa decisión no es un detalle técnico. Es una señal política: el Ejecutivo no solo veta, también intenta reescribir el tablero legislativo a través del Presupuesto, el instrumento más potente y más opaco a la vez. qpasó

La lógica es coherente con el discurso oficial: “no gastar lo que no ingresa”. El punto ciego está en la selección de prioridades. Mientras se tensan o se eliminan partidas sensibles, se incorporan beneficios y exenciones que tienden a favorecer sectores con mayor capacidad de lobby y menor urgencia social. En criollo institucional: hay rubros que se negocian y rubros que se descartan. Lo primero se llama política; lo segundo, ajuste. qpasó

En la disputa, la oposición presenta dictámenes alternativos: Unión por la Patria reclama cumplir las leyes insistidas y denuncia, además, intentos de reducir compromisos educativos, como el objetivo histórico de destinar el 6% del PBI a educación. Provincias y bloques federales suman demandas previsionales y fondos específicos. El problema es que, sin números, la alternativa se vuelve una lista de buenas intenciones frente a una agenda oficial que avanza con calendario y firma. 

Compromiso Fiscal

El segundo dictamen clave es el proyecto de “Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”. Su corazón no es económico, es disciplinario: prohibición del déficit y del financiamiento monetario sin respaldo, con un régimen de castigos que incluye inhabilitaciones y penas de prisión. Incluso se menciona un máximo de hasta 10 años para ciertas responsabilidades, como las vinculadas a la conducción del Banco Central. Es la institucionalización punitiva del programa: blindar por ley, y por amenaza penal, lo que hoy es decisión política. 

Ese esquema tiene efectos que van más allá del slogan. Un presupuesto es una herramienta para asignar recursos frente a necesidades múltiples, no un ritual para consagrar un único objetivo. Cuando el equilibrio fiscal se convierte en un imperativo penal, el margen de maniobra democrático se reduce: cualquier crisis futura, sanitaria, social o productiva, queda condicionada por una norma que trata la política económica como si fuera una infracción moral. El riesgo es obvio: la macro se protege, la sociedad se expone.

En paralelo, el Gobierno exhibe el superávit como aval. Noviembre cerró con superávit primario y financiero, y con una caída real del gasto primario que ronda el 14% interanual. La cifra funciona como trofeo, pero también como pista: el orden fiscal se está logrando con un Estado que gasta menos en términos reales, en una economía donde el rebote o la expansión no están garantizados por decreto. El “éxito” nominal puede convivir con tensiones materiales: consumo más lento, inversión atada a expectativas, y provincias pidiendo oxígeno por vías no automáticas. 

El Presupuesto 2026, entonces, no es solo un conjunto de números. Es una arquitectura de poder: premios a gobernadores que destraban votos, castigo o indiferencia para demandas sociales que no rinden en la negociación, y un intento de dejar atada la política económica futura bajo llave, con candado penal. Milei busca que la discusión no sea “qué país” sino “qué regla”. Y ahí está el punto: cuando la regla se impone sin balance social, el equilibrio se vuelve una forma elegante de trasladar costos hacia donde duele menos en el Congreso y más en la vida cotidiana.

El resultado puede ser una media sanción veloz. La pregunta relevante es otra: qué tipo de estabilidad se construye si el orden macro exige desorden social, y si el Congreso termina validando que la excepción permanente no sea el déficit, sino el recorte.

Milei logró dictamen del Presupuesto 2026 con acuerdos selectivos con gobernadores, mientras dejó afuera a universidades, discapacidad y salud pediátrica para sostener el superávit fiscal.

El Compromiso Fiscal eleva el equilibrio a dogma penal y busca blindar el programa económico, condicionando a futuros gobiernos y reduciendo el margen de la política social.