El presidente Javier Milei promulgó la ley de financiamiento universitario (Ley 27.795) —junto a otra ley de emergencia pediátrica— pero condiciona su ejecución al establecimiento previo de las fuentes de financiamiento y a la inclusión de partidas específicas en el presupuesto nacional.
Actualidad22/10/2025
El Congreso finalmente aprobó la ley de financiamiento para la educación universitaria, con una fórmula de actualización automática de los recursos para las universidades públicas.
Luego, fue promulgada por el Ejecutivo, pero con una salvedad: según los decretos, su entrada en vigor queda suspendida “hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
El gobierno justifica esta postergación alegando que la norma “no precisaba las sumas necesarias” y que aplicarla sin respaldo presupuestario “sólo podría hacerse a costa de desfinanciar programas esenciales”.
En la práctica, aunque la ley está sancionada y publicada, no se está aplicando de inmediato, lo cual genera “un limbo legal” según algunos analistas.
Desde la oposición y algunos constitucionalistas se advierte que condicionar la ejecución de una ley ya sancionada podría vulnerar la división de poderes, pues una vez que el Congreso sanciona una ley, el Ejecutivo tiene el deber de cumplirla.
El gobierno insiste en que su prioridad es el equilibrio fiscal (“déficit cero”) y que una ejecución inmediata sin financiación sería inconsistente con ese objetivo.
Entonces, la respuesta corta es: sí, la ley fue promulgada; pero no ha sido puesta en ejecución efectiva porque aún no están garantizadas las partidas presupuestarias ni han sido definidas las fuentes de financiamiento. Esto implica que, en la práctica, los efectos de la ley no se están viendo aún.
De esta manera. los gremios universitarios nucleados en CONADU convocaron a una jornada de protestas y a un nuevo paro nacional en reclamo de la inmediata aplicación de la ley de financiamiento universitario. La medida, prevista para esta semana, busca visibilizar el incumplimiento de la normativa que garantiza fondos para salarios, becas y funcionamiento de las universidades públicas.
Según denunciaron los docentes, el Gobierno nacional postergó la entrada en vigencia de la ley mediante decretos, lo que agrava la crisis presupuestaria y salarial del sistema educativo superior. Advirtieron que la falta de recursos pone en riesgo la continuidad de la actividad académica y científica en todo el país.
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