Criptogate: la jueza de Nueva York pone lupa en Milei, Karina y Davis

Despega al Estado Argentino

Primero, la escena: Distrito Sur de Nueva York, luces frías, papeles apilados y una pregunta de fondo que ni los abogados ni los trolls pueden despejar: ¿de quién es la plata? Cuatro fondos —con sentencia firme en Londres y ganas de embargar hasta el himno— quisieron atar al Estado argentino a los activos del token $LIBRA. La jueza Jennifer Rochon los frenó de cuajo: no hay evidencia suficiente para decir que los fondos sean públicos. 

Y ahí, en el giro de la letra, dejó caer lo que duele: las ganancias podrían corresponder a Javier Milei, a Karina Milei o a Hayden Davis. Traducción para legos: el Estado queda afuera; las miradas se corren a las personas.

Hasta acá, la película se llama Todos los hombres del Presidente, versión cripto. Los acreedores —Palladian, HBK, Hirsh y Virtual Emerald— llevaron a la jueza un combo de artículos, posteos y borradores de supuestos acuerdos.

Querían abrir de par en par discovery en Manhattan, con pedido de mails, chats y citaciones a medio ecosistema cripto. Rochon les bajó la persiana: eso es “fishing expedition”. Si hay algo que investigar, que se investigue donde corresponde: Argentina o Reino Unido. Pero, ojo, no descartó el olor a dinero privado. Lo dejó anotado en el margen, donde duele.

Mientras Nueva York ordena papeles, en Comodoro Py y Diputados la trama avanza por carriles menos fotogénicos y más peligrosos. La comisión investigadora del Congreso insiste: Karina Milei debe presentarse a explicar qué, cuándo y con quién. 

La funcionaria pateó la citación, el juez Martínez de Giorgi ya habilitó la vía para que la Cámara evalúe uso de la fuerza pública y el oficialismo se quedó sin mesa política para negociar una salida elegante. En castellano: o se sienta a declarar, o se expone a la peor postal para un gobierno que aún vende épica antisistema: ser conducida por la fuerza a un parlamento que quiere respuestas.

Nueva York marca el compás

La decisión de Rochon hace dos cosas al mismo tiempo. Uno: despeja por ahora la amenaza de un embargo directo sobre activos del Estado a cuenta del caso $LIBRA. Dos: instala una hipótesis de beneficio privado que oposición, querellas y fiscales pueden masticar con paciencia. El Estado no sería titular de los activos; personas sí. Ese encuadre es pólvora en Argentina, donde el expediente local ya acumula embargos a billeteras, cruces de foros y denuncias de forum shopping para caer en salas “más amistosas”.

La pregunta se vuelve obvia incluso para quien no sigue economía ni derecho: si $LIBRA no es estatal, pero fue amplificado por el Presidente desde su cuenta oficial, quién se benefició de ese pico? ¿Hubo insiders comprando antes del tuit? ¿Qué billeteras movieron ficha en los segundos previos? ¿Quién cobró y dónde? La UFECI, la OA, la UIF y la CNV aparecen nombradas en pedidos de informes. 

Y, como si faltara sal, la comisión quiere las entradas a Casa Rosada y Olivos de nombres propios: Novelli, Terrones Godoy, Davis, el enigmático “Julián Peh”, y demás apellidos que dejaron rastro en chats y fotos. Cronología, correlación, causalidad: esa es la trenza que se busca.

La Casa Rosada responde con una línea defensiva simple: todo fue personal. Bien, dice el expediente: si fue personal, los beneficios también. Y ahí se armó. Porque separar lo institucional de lo privado suena impecable en un memo, pero en la vida real borra la frontera entre poder, influencia y negocio. 

A Rochon no le tembló el pulso para subrayarlo: el foro para hurgar en eso no es Manhattan; son Buenos Aires o Londres. Y si la política no arbitra, la Justicia arbitra sola, con el riesgo de que el proceso devore a la narrativa.

Criptobros, resortes judiciales y el reloj del Congreso

En el subsuelo de la causa aparecen los criptobros de manual: Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, nombres que orbitan el lanzamiento de $LIBRA y las billeteras “sensibles”. 

La pelea por qué sala revisa qué medida expuso maniobras de foro que encendieron alarmas en Casación y dejaron a más de uno con la sensación de que alguien tantea puertas para encontrar la más conveniente. No es novedad; sí es torpeza hacerlo a cielo abierto cuando todos miran.

Mientras la madeja judicial se enreda, la política enfrenta su propio laberinto. La comisión de Diputados fijó prioridades: copia integral de todo lo actuado por la UTI, OA, BCRA, CNV, IGJ; informes periciales para trazar la ruta del dinero; y el listado de ingresos de los protagonistas a Rosada y Olivos. 

La hoja de ruta no persigue inhabilitaciones épicas ni fuegos artificiales; busca secuencia y mecánica. ¿Quién supo qué y cuándo? ¿Qué operaciones se ejecutaron antes del tuit presidencial? ¿Qué vínculos conectan al token con funcionarios, asesores o empresarios cercanos?

En ese tablero, Karina Milei quedó en el centro. Puede aceptar fecha y sentarse a responder, con el costo de una transmisión en vivo donde cada palabra pesa. O puede forzar otro round judicial, arriesgando una orden de conducción por la fuerza que sería la imagen de un gobierno que prometió dinamitar la casta y termina llevando escolta a rendir cuentas. ¿Está preparada para eso? La pregunta es política, no técnica. Y la ausencia de una mesa de negociación —esa artesanía democrática que el oficialismo desprecia— empeora todo: sin válvulas de escape, el choque se vuelve inevitable.

En paralelo, los fondos buitres que perdieron la jugada en Nueva York no se retiran: vuelven a Londres con el mismo afán de siempre, cobrar. El capítulo $LIBRA fue una vía, no la única. 

Para la economía real, el mensaje es ingrato: más litigio, más costo reputacional, más incertidumbre. Y para la política, un reality con dos ingredientes que nunca conviene mezclar: dinero opaco y poder concentrado.

La conclusión de realpolitik es casi cínica por lo sencilla: Rochon salvó al Estado del embargo, pero no salvó a los protagonistas del escrutinio. 

El Estado respira; el entorno presidencial, no tanto. La causa puede demorarse; la política, no. Porque el reloj del Congreso corre y la paciencia del mercado es corta. Sin instancias de negociación, todo se decide a los empujones: jueces que ordenan, diputados que exigen, funcionarios que resisten. Y en ese ring, el gobierno eligió bailar con la más brava: la transparencia obligada.

Cuando esto termine —porque todo termina— quedará una moraleja menos glamorosa que cualquier hilo de X: si el poder decide jugar con fuego financiero para construir épica, no puede sorprenderse cuando el humo entra por Tribunales y sale por el Congreso. La casta, al final, no eran los otros; eran los de siempre, pero con wifi.

Nueva York no vio activos del Estado en $LIBRA; el foco se corrió a Milei, Karina y Davis como posibles beneficiarios.