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El Ejecutivo convirtió en ley dos normas votadas por amplia mayoría, pero las dejó sin presupuesto. En el Congreso hablan de “crueldad institucional” y preparan denuncias por violación constitucional. El libertario sostiene su relato a toda costa, aunque se dispare en los pies.
Actualidad22/10/2025
Promulgar y no aplicar: Milei inventó una nueva categoría administrativa, una especie de limbo legal donde la ley existe, pero no se cumple. El presidente y su ministra Sandra Pettovello firmaron los decretos de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, pero sin asignar un peso. En términos prácticos, el Ejecutivo les sacó el alma y dejó solo el papel.
El argumento suena técnico: “el Congreso debe indicar de qué partida salen los fondos”. Pero la Constitución es clara: ejecutar las leyes es tarea del Ejecutivo. Lo demás es una excusa de manual para no cumplir lo que no quiere cumplir.
Lo paradójico es que el mismo gobierno que reasigna partidas para viajes, pauta o beneficios fiscales a exportadores ahora se hace el reglamentarista con hospitales y universidades. En criollo, aplica la ley del garrote selectivo: plata hay, lo que falta es voluntad política.
En el Congreso el clima se espesó. Los legisladores opositores hablan de “crueldad institucional” y “violación constitucional”. Castagneto, Paulón, Lousteau y Ferraro —desde bancadas distintas— coincidieron en algo poco habitual: la maniobra es inédita desde el retorno democrático. Lo que Milei presenta como prolijidad fiscal es, en realidad, un desacato elegante al mandato republicano.
Una república sin espejo
La estrategia es clara y brutal: el Presidente gobierna para su núcleo duro, ese tercio que le garantiza bloquear los vetos en el Congreso. No hay diálogo, ni negociación, ni siquiera simulacro de institucionalidad. El resto es ruido que no encaja en su relato.
El Gobierno se mueve en modo bunker, impermeable a cualquier argumento que contradiga su libreto. En lugar de corregir, dobla la apuesta. Como si la política fuera un videojuego donde perder una vida no doliera. Pero del otro lado hay hospitales que no compran insumos y universidades que no pagan sueldos.
El caso Garrahan es la síntesis perfecta. Médicos agotados, padres organizados, tratamientos suspendidos y una ley que duerme en un cajón. Lo mismo ocurre con la Emergencia en Discapacidad, aprobada hace meses pero sin ejecución. En ambos frentes, el reclamo es el mismo: que el Gobierno cumpla la ley que él mismo promulgó.
Guadalupe Pérez, jefa de Infectología del hospital, lo resumió con frialdad quirúrgica: “promulgar y suspender es inconstitucional”. No hace falta ser jurista para entenderlo: una ley sin presupuesto es una mentira con membrete.
Mientras tanto, el discurso oficial insiste en la épica del equilibrio fiscal. Milei se presenta como un mártir de la austeridad, como si el déficit cero se midiera en la cantidad de camas vacías o laboratorios cerrados. En ese universo cerrado de coherencia narcisista, el Estado solo existe cuando sirve de escenario para el monólogo presidencial.
El cálculo detrás del dogma
La decisión de congelar leyes votadas por unanimidad no es solo un error político; es una jugada calculada. El Presidente sabe que cada pelea con el “sistema” refuerza su relato para fidelizar a los propios. No necesita ganar la guerra, solo mantener encendida la trinchera que lo sostiene electoralmente.
Por eso, aunque la intransigencia parezca caprichosa, tiene un sentido: conservar su tercio.
Ese núcleo duro que le permite vetar leyes opositoras y seguir gobernando por decreto. Pero tocar educación y salud pública no es como pelearse con Lali Espósito. Ahí no hay likes: hay chicos, médicos y docentes que sienten la falta de recursos en carne viva.
El Gobierno no negocia, ni siquiera pretende hacerlo. No hay mesas de diálogo, ni fotos para disimular tensiones. Nada. Prefiere sostener la narrativa aunque eso implique incendiar el tablero. A Milei no le preocupa perder aliados, le preocupa perder argumento. Y para mantenerlo vivo, está dispuesto a dinamitar la república.
Los gremios del Garrahan, la FEDUN y las organizaciones de discapacidad ya anunciaron denuncias penales por incumplimiento de deberes de funcionario público. En el hospital, el personal habla directamente de juicio político. En las universidades, de paro por tiempo indeterminado. En ambos casos, de hartazgo.
Una guerra que Milei no puede ganar
El gobierno no enfrenta una conspiración, enfrenta a la realidad. Y la realidad, aunque no tenga trolls, siempre termina imponiéndose. En política, la crueldad no es una estrategia: es un síntoma. Un presidente que promulga leyes sin aplicarlas no está gobernando, está actuando para la cámara.
En esa ficción, el equilibrio fiscal se transforma en un altar donde se sacrifican derechos.
La sociedad, mientras tanto, toma nota. No porque lea los decretos, sino porque los siente. Porque cuando el Garrahan entra en paro o la universidad no paga las becas, no hay meme que alcance. La vida cotidiana se convierte en termómetro político, y esa temperatura, aunque Milei la niegue, empieza a subir.
El libertario quiere demostrar fuerza, pero lo que transmite es encierro. Gobernar contra todos puede rendir en campaña, pero desgasta en gestión. No hay épica posible cuando el costo lo paga un chico sin tratamiento o un aula vacía.
Y aunque el Presidente crea que desafiar al Congreso lo fortalece, cada decreto firmado sin ejecutar lo aleja un poco más del poder real. Porque en la Argentina, tarde o temprano, los números cierran con política.
La ironía final es que Milei, el economista que prometió devolverle dignidad al dinero, está vaciando de sentido a la ley. En su república personal, las normas existen solo cuando lo aplauden. Lo demás se archiva. Pero el país no. El país no se archiva. Espera. Y cobra.
Promulgar sin aplicar es la versión posmoderna del veto: se cumple la forma para vaciar el fondo. Una república convertida en expediente, donde las leyes se firman con tinta invisible.
Milei no pelea por principios, pelea por pertenencia. Gobernar para el tercio que lo banca puede servir en Twitter, pero en la calle los hospitales y las universidades no retuitean.

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