El empresario quedó procesado por contrabando millonario y sigue siendo investigado por las 96 muertes ligadas al fentanilo contaminado. Mientras tanto, un informe demoledor del INAME quedó cajoneado y expone la falla de los organismos que debían controlar.
Actualidad20/08/2025
A fines de 2024 dejo pasar un informe demoledor
Ariel García Furfaro ya no es solo “el empresario de los laboratorios”: es un imputado con un embargo de 25 mil millones de pesos y prohibición de salir del país. La Justicia lo procesó por cinco operaciones de contrabando de insumos desde China con facturas truchas y sobrefacturación descarada.
Y la bomba política es que su nombre ya está en la misma carpeta que el lote de fentanilo contaminado que habría causado al menos 96 muertes en hospitales públicos. Es cuestión de horas —o días— para que pase de la sala de reuniones de un laboratorio a una celda.
El contrabando detectado no es menor: mientras en China declaraban poco más de medio millón de dólares, en Argentina figuraban operaciones por arriba de los cinco millones. La Aduana se plantó como querellante y el juez Yadarola dictó procesamiento.
Todo esto mientras otro expediente, el del juez Kreplak en La Plata, sigue sumando pruebas sobre la cadena de distribución de fármacos contaminados que mataron a pacientes que nunca imaginaron que su dolor de base se iba a mezclar con la negligencia criminal de un laboratorio.
El control que no controló
Si la Justicia avanza sobre los empresarios, la otra cara es la inacción del Estado. El INAME, dependencia directa del ANMAT, recibió en marzo un informe demoledor: desvíos de fórmulas, medicamentos sin autorización, lotes defectuosos que no se retiraban, y laboratorios de Furfaro produciendo sin documentación en regla.
La advertencia era clara, pero la respuesta fue el silencio. Ni un expediente, ni una sanción inmediata, ni un alerta pública. El resultado: en diciembre de 2024 salió de Ramallo S.A. el lote 31202, el fentanilo contaminado con bacterias que terminó vinculado a la muerte de 96 personas.
Ese documento interno señalaba hasta nombres concretos: Zolpidem vendido sin autorización de primer lote, Diazepam de una planta clausurada en 2015, Metformina fabricada en lugares no habilitados, y hasta antihipertensivos con fórmulas diferentes a las aprobadas. Todo a la vista, todo denunciado, nada corregido.
Una trama de impunidad cara
La combinación es letal: empresarios que lucran con medicamentos defectuosos, organismos que miran para otro lado y un sistema sanitario que termina pagando con vidas lo que otros transforman en dólares. Furfaro es hoy el nombre propio de ese cóctel, pero no es el único: la red incluye despachantes de aduana, laboratorios pantalla y funcionarios que prefirieron no incomodar.
La política entra en escena porque el ANMAT no es un organismo menor: es la autoridad máxima en medicamentos. Que sus dependencias hayan ignorado un informe crítico abre la pregunta incómoda: ¿falló la burocracia o alguien eligió no accionar? Mientras tanto, el expediente avanza, los bienes de 24 personas están inhibidos y la sombra de la detención de Furfaro es cada vez más cercana.
En la Argentina, los laboratorios que deberían salvar vidas se convierten en fuente de muerte y contrabando, y el Estado que debería controlar actúa como convidado de piedra. García Furfaro es el emblema de esa impunidad, pero el verdadero escándalo es que las alertas existieron y fueron desoídas.
La Justicia ahora corre detrás del desastre. Lástima que los pacientes que recibieron aquel fentanilo contaminado no tuvieron segunda oportunidad.
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