Tras la reunión con nueve economistas en su departamento, el juez Jorge Gorini endureció el régimen de visitas para Cristina Kirchner. La expresidenta respondió apuntando al Gobierno: aseguró que el verdadero malestar oficial no fue la foto sino su diagnóstico económico, que cuestiona el modelo de Javier Milei y revive tensiones.
Política 20/11/2025
La escena parece menor, casi doméstica. Una dirigente política recibe a nueve economistas en el living de su departamento. Hay papeles, mate, un documento grueso sobre la mesa y una foto que se difunde en redes. Sin embargo, en la Argentina de 2025, nada es menor cuando la protagonista es Cristina Fernández de Kirchner. Y la secuencia que siguió lo demuestra. El juez Jorge Gorini, encargado de la ejecución de la condena en la causa Vialidad, decidió endurecer su régimen de visitas. Estableció límites estrictos: solo dos encuentros por semana, un máximo de tres personas y una duración que no podrá superar las dos horas. También recordó que Cristina debe evitar comportamientos que alteren la tranquilidad del vecindario. Una frase que, en términos políticos, sonó más disciplinaria que jurídica.
El punto de inflexión fue la fotografía que la propia Cristina publicó en su cuenta de X. En ella aparece rodeada de nueve economistas jóvenes que, según explicó, le acercaron un documento con propuestas para un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal. En el expediente judicial, sin embargo, la interpretación fue otra. El juez sostuvo que el pedido de autorización firmado por el abogado Carlos Beraldi no aclaraba que los nueve asistirían al mismo tiempo. Para el tribunal, la reunión excedió el permiso y “desnaturalizó” el régimen de prisión domiciliaria.
Desde su entorno, la ex presidenta respondió rápido. Aseguró que el problema no fue la cantidad de visitantes, sino el contenido del encuentro. Reivindicó la presentación de los economistas como parte de un proceso de debate interno y señaló que ya había recibido grupos de seis o siete personas en otras ocasiones sin que surgiera ninguna polémica. “No es la foto, es la economía”, escribió. La frase es simple, pero condensa algo más profundo: Cristina sostiene que el Gobierno reaccionó porque su diagnóstico económico impacta en un momento en el que Milei busca blindar su narrativa de ajuste como único camino posible.
El trasfondo económico que activó el conflicto
Los nueve economistas que visitaron a Cristina forman parte de equipos técnicos que revisaron la situación productiva del país y elaboraron un documento de más de cuatrocientas páginas. El texto apunta a un modelo federal, basado en el crecimiento de sectores estratégicos, el fortalecimiento del mercado interno y el rol activo del Estado en la inversión. Según declaraciones que luego difundió Cristina, en el encuentro repasaron cifras que pintan un panorama crítico: entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 cerraron más de diecinueve mil empresas y se perdieron más de doscientos setenta mil empleos registrados. Para ella, esas cifras son parte del debate político que incomoda al Gobierno.
El oficialismo, en cambio, leyó la foto de Cristina como un gesto político. Una señal de que la ex presidenta no solo sigue activa, sino que busca ordenar al peronismo alrededor de un nuevo diagnóstico económico en medio del deterioro social. La lectura es que, aun limitada por la prisión domiciliaria, conserva capacidad de influir en el debate público. Si la disputa fuera únicamente jurídica, la foto no habría desatado semejante ruido. Lo que tensó la cuerda fue la política: el temor a que el peronismo vuelva a encolumnarse detrás de un discurso económico alternativo.
La Justicia, en su fallo, utilizó argumentos formales. Sostuvo que la reunión violó los términos de la autorización por la cantidad de visitantes simultáneos. Señaló que este tipo de encuentros no es compatible con la lógica restrictiva de una prisión domiciliaria. Y advirtió que cualquier incumplimiento podría poner en riesgo el beneficio de Cristina. Desde el punto de vista legal, la resolución apunta a reencauzar el régimen. Pero la dimensión política es imposible de ignorar.
Entre la letra judicial y la disputa de poder
Cristina está bajo prisión domiciliaria desde junio. El régimen exige que permanezca en su domicilio, salvo excepciones autorizadas. Debe informar un listado de personas que pueden ingresar sin permiso judicial. El resto de las visitas debe ser solicitado caso por caso. A la luz de esta normativa, el juez consideró que la reunión excedió lo permitido, porque el pedido presentado por Beraldi no detallaba que se trataba de un encuentro colectivo con nueve participantes.
El fallo busca reforzar la idea de que una prisión domiciliaria no puede convertirse en un ámbito de actividad política extendida. El tribunal habló de desnaturalización del régimen y de la necesidad de compatibilizar la situación de la ex presidenta con las reglas aplicadas a personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios. En esa argumentación subyace una pregunta: qué se entiende por actividad política y qué se considera un encuentro académico o técnico. Y quién define esa frontera en un país donde la delgada línea entre política, economía y justicia siempre fue más conceptual que real.
La reacción de Cristina puso el foco justamente ahí. Recordó que ya había recibido otros grupos sin restricción ni escándalo mediático. Denunció que la foto desató ataques porque se discutió economía y no porque se violaron normas. Presentó la secuencia como parte de una narrativa de persecución mediático judicial que busca disciplinarla y evitar que intervenga en la agenda económica del país. Para ella, el endurecimiento de las reglas forma parte de un intento de limitar su voz en un momento en el que el ajuste muestra efectos sociales cada vez más visibles.
Detrás del cruce, aparece otra tensión: cómo influye la prisión domiciliaria en la capacidad política de una dirigente de peso. Algunos sectores del nuevo oficialismo sostienen que la presencia pública de Cristina erosiona la autoridad del Gobierno. Otros creen que su marginalidad política ya está definida. Pero la foto con economistas activó alarmas porque reintrodujo un eje que el Gobierno buscaba monopolizar: el debate económico.
En el peronismo, en cambio, la reunión fue leída como un intento de recuperar protagonismo. Una señal hacia adentro del partido, en medio de un proceso de reordenamiento difuso. La presentación de un modelo económico alternativo implica algo más que un documento técnico. Funciona como gesto de conducción. Como invitación a discutir futuro.
El conflicto también reveló la incomodidad del Poder Judicial. La resolución del juez Gorini se mueve en un terreno delicado. Busca garantizar el cumplimiento estricto del régimen, pero lo hace en el contexto de una figura política que sigue generando tensiones institucionales. El fallo intenta reafirmar autoridad, pero la reacción pública de Cristina lo transforma en parte del conflicto político.
La tensión entre el relato judicial y el político se vuelve más evidente cuando se leen párrafos del fallo que apelan a la tranquilidad del vecindario. Una ex presidenta acusada de alterar la paz del barrio por recibir economistas no es una escena jurídica, es una escena política. Y en un país donde la justicia y la política conviven en un mismo ecosistema, la resolución termina alimentando sospechas más que disipándolas.
la economía sigue siendo el terreno donde se decide más poder que en cualquier despacho judicial.
El juez Gorini endureció el régimen de visitas de Cristina Kirchner tras la reunión con nueve economistas en su departamento.
CFK sostuvo que la reacción no fue por la foto sino por su diagnóstico económico, que cuestiona el modelo Milei y reabre la disputa política.
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