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La Provincia de Buenos Aires lanzó una nueva edición del FITBA, un programa que conecta ciencia, pymes y municipios con inversión pública. Se invertirán $3.000 millones en soluciones tecnológicas con impacto productivo y social en todo el territorio bonaerense.
Región01/07/2025Lanzamiento del FITBA
En medio de una coyuntura nacional dominada por el ajuste, la desinversión estatal y la ofensiva contra el conocimiento, la provincia de Buenos Aires reafirma otro modelo: una alianza estratégica entre ciencia, producción y Estado.
La cuarta edición del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), lanzada este lunes, destinará 3.000 millones de pesos a financiar proyectos que vinculen universidades, organismos públicos, pymes, cooperativas y municipios.
Es una decisión política que apuesta por el desarrollo con justicia territorial y por la inteligencia colectiva aplicada a resolver problemas concretos.El FITBA, impulsado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, es mucho más que una línea de subsidios.
Es una política sostenida que ya lleva más de tres años conectando el sistema científico-tecnológico con las necesidades reales del sector productivo y los gobiernos locales.
Desde 2022, se financiaron 186 proyectos que beneficiaron a 116 mipymes y cooperativas, y fortalecieron 70 políticas públicas provinciales y municipales en 56 distritos.
Sonifras que hablan de impacto real, no de retórica.
La edición 2025 se divide en tres líneas de acción: proyectos con pymes y cooperativas (Línea A), con organismos públicos de la Provincia (Línea B) y con municipios (Línea C). La lógica es clara: que las instituciones de ciencia y tecnología no queden aisladas en laboratorios o papers académicos, sino que produzcan conocimiento útil, transferible y orientado a resolver demandas sociales, productivas y territoriales.
El programa movilizó ya a más de 2000 científicas y científicos de 51 instituciones distintas. Muchos de los proyectos permitieron a empresas bonaerenses sustituir insumos importados, incorporar inteligencia artificial, aplicar nanotecnología en procesos industriales y desarrollar maquinaria propia.
No se trata solo de modernización productiva: es soberanía aplicada, innovación que genera valor agregado y trabajo calificado en territorio.La nueva convocatoria contempla Aportes No Reembolsables (ANRs) de hasta 40 millones de pesos para proyectos de desarrollo productivo, y hasta 20 millones para iniciativas vinculadas a desafíos provinciales o gobiernos locales.
En todos los casos, las contrapartes —ya sean empresas, organismos o municipios— deberán aportar al menos el 20% del presupuesto, garantizando así el compromiso real con la implementación. Los fondos provienen del Consejo Federal de Inversiones, pero la ejecución y el diseño son netamente provinciales.
El criterio territorial también es clave: tanto las instituciones científicas como las entidades beneficiarias deben tener base en la provincia de Buenos Aires. Esto impide la concentración de recursos en los grandes centros urbanos y garantiza que la ciencia llegue a todos los rincones, desde zonas industriales hasta municipios rurales.
En lugar de pensar la innovación como lujo de elite, se la construye como herramienta de justicia social.
Este modelo de gestión científica impulsado por la Provincia contrasta fuertemente con la política nacional que, bajo el actual gobierno libertario, desfinancia universidades, paraliza obras en organismos de ciencia y deslegitima la función del conocimiento público. Mientras en Nación se discute el cierre de institutos, Buenos Aires invierte en desarrollar soluciones tecnológicas propias.
Lo que está en juego no es solo un presupuesto: es una concepción de país. El FITBA no cae del cielo ni responde a una lógica de subsidio sin rumbo.
Es una expresión concreta de un proyecto que entiende que sin ciencia no hay producción, sin producción no hay trabajo, y sin Estado no hay puente entre ambos.
Es la decisión de construir un modelo basado en la inteligencia argentina, en el talento local y en una presencia activa del Estado como articulador.
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