
Sáenz, Jaldo y Jalil respaldan la modernización laboral que impulsa Milei, pero advierten que no votarán un texto que recorte recursos provinciales. Reclaman compensaciones por la pérdida coparticipable y ponen sus votos en negociación en el Senado.




El proyecto promovido por el Poder Ejecutivo y defendido por las diputadas Lucía Iañez y Susana González fue aprobado en la Cámara baja. Busca unificar las legislaciones provinciales existentes, ampliar la protección y promover la inclusión de nuevos tipos de violencias.
Política 19/08/2024
Con un potente discurso, la diputada de Unión por la Patria Lucía Iañez presentó en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género impulsado por el ejecutivo provincial, el cual obtuvo media sanción y busca unificar las legislaciones provinciales existentes en la materia, ampliar la protección de mujeres y disidencias y promover la inclusión de nuevos tipos de violencias.
“Es un proyecto que se viene trabajando desde hace muchos años en el marco del Poder Ejecutivo pero con la incorporación de sectores del Poder Judicial, el Legislativo y la sociedad civil”, subrayó Iañez durante su exposición. Además, destacó la intersectorialidad de la iniciativa, la cual “interpela a la Provincia a adecuarse a la normativa nacional, que ha tenido un avance significativo”.
La legisladora también resaltó el compromiso del Gobierno de Axel Kicillof, señalando que ha demostrado "vocación y equilibrio para llevar adelante presupuestos con perspectiva de género en pos de construir una normativa que esté a la altura de esta provincia, permitiendo asistir a todas aquellas mujeres que merecen vivir una vida mejor en Buenos Aires”.
Vale recordar que la propuesta fue originalmente presentada por el gobernador en la apertura de sesiones de 2023 y desarrollada en colaboración con el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, legisladores, miembros del Poder Judicial e integrantes de la sociedad civil.
Su objetivo central es garantizar y promover una vida libre de violencias por razones de género y sugiere ampliar la ley 12.569 de violencia familiar e incorporar los principios de la Convención de Belém do Pará y la Ley nacional 26.485.
“Sabemos que la ley actual no es suficiente y tiene muchos baches, pero esta es mucho más avanzada, discutida, y representa las cosas que venimos exigiendo hace mucho tiempo las mujeres y especialmente las víctimas de violencia de género al momento de denunciar y de llevar adelante un procedimiento penal”, explicó Iañez.
“Es una ley que no solamente amplía el sujeto protegido, sino que además pone a la Provincia realmente en una posición de modernidad legislativa, que es algo que necesitamos en este y en todos los temas”, agregó la legisladora.
LOS ALCANCES DEL PROYECTO
En este sentido, la iniciativa amplía la definición de violencia por razones de género e incorpora nuevos tipos, como la digital, la vicaria, la ambiental, la animal y las acciones vinculadas a la trata de personas.
Además, incorpora otras modalidades de violencia, tal como la ejercida en el sector de la salud y aquella que se manifiesta a través de redes sociales y plataformas digitales.
Cabe resaltar que se entiende como violencia por razones de género a toda conducta, acción, disposición, criterio, práctica u omisión que, de manera directa o indirecta, se ejerce contra mujeres y LTT+, afectando su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, y el acceso y ejercicio de sus derechos.
Esta violencia constituye una violación a los derechos humanos de mujeres y LTT+ y está basada en una relación desigual de poder entre los géneros con supremacía del género masculino o motivada por el género, la identidad o expresión de género, la orientación sexual o características sexuales, ya sea que se ejerza en el ámbito público o privado.

Sáenz, Jaldo y Jalil respaldan la modernización laboral que impulsa Milei, pero advierten que no votarán un texto que recorte recursos provinciales. Reclaman compensaciones por la pérdida coparticipable y ponen sus votos en negociación en el Senado.

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