Infraestructura productiva bajo estado de amenaza (que no había)

Monteoliva y el populismo policial

Alejandra Monteoliva eligió debutar en Seguridad con un mensaje directo al corazón productivo del Gobierno. No habló de narcos ni de delitos urbanos. Habló del campo, de la Hidrovía, de petróleo, gas y minería. En su primera intervención pública instaló un concepto que sonó fuerte en la sala y afuera: infraestructura crítica. El nuevo mantra oficial promete blindar activos estratégicos ante un supuesto avance del crimen organizado. Y aunque la idea parece razonable, detrás del PowerPoint también asomó un fenómeno conocido por quienes leen política con lupa: la tentación de la securitización.

Monteoliva detalló que el Ministerio creó una unidad especial de Seguridad Productiva, que ya trabaja con inteligencia, articulación judicial y despliegue territorial. La narrativa fue contundente. Señaló amenazas en sectores con alto potencial exportador, advirtió sobre delitos en la Hidrovía y defendió un esquema de colaboración público privada que incluye empresas, provincias y eventualmente financiamiento del BID. El mensaje implícito fue otro: el futuro económico del país depende de la capacidad de proteger lo que produce dólares.

El problema es que ese razonamiento, sin frenos, termina corriendo el límite democrático. La securitización funciona así: se declara amenaza lo que antes era un desafío administrativo, se reclama excepcionalidad y se legitima el uso de herramientas extraordinarias sin demasiado debate. La Escuela de Copenhague lo describió hace décadas. La política local lo aplica cada vez que puede.

Por ahora, Monteoliva se mueve en un terreno gris. Nadie duda de que existen delitos en torno al agro, a la Hidrovía o a la minería. Pero cuando la ministra afirma que el crimen organizado avanza en todos los frentes y que el Estado debe intervenir con nuevos dispositivos de control, la línea que separa protección de sobrerreacción empieza a desdibujarse. Más aún cuando la estrategia promete reacomodar fuerzas, trasladar efectivos y adquirir tecnología que, en los hechos, ensancha el margen operativo de la cartera.

El ejemplo del Plan Paraná lo dejó claro. Agua, tierra y aire para combatir el mercado ilegal en la Autovía Navegable. El concepto tiene épica cinematográfica, pero también un riesgo básico: que la construcción de amenaza sea más grande que la amenaza real.

La ministra insiste en que el crecimiento económico trae aparejado crecimiento del delito. Es cierto. Pero también es cierto que, en nombre de esa lógica, gobiernos de todo el mundo han ampliado su poder sobre sectores clave sin demasiada evidencia que lo respalde. La frontera es fina. Y cuando el discurso de seguridad empieza a mirar más a Texas que a Santa Fe, conviene afilar la pregunta incómoda: ¿proteger infraestructura o disciplinar actores?

Monteoliva abrió su gestión con un mensaje potente que seduce al empresariado, entusiasma a organismos internacionales y ordena políticamente al Gobierno. Pero, como toda jugada de alta política, viene con letra chica. Lo que hoy se presenta como blindaje productivo podría convertirse mañana en habilitación permanente para avanzar sobre áreas donde el diagnóstico aún es más presunción que realidad.

En un país donde la palabra seguridad habilita cualquier cosa, la pregunta no es si el plan es necesario, sino hasta dónde llegará cuando las cámaras se apaguen. Y quién controlará al que dice que nos está cuidando.