La continuidad de la Tasa para Estudio y Prevención Epidemiológica abrió un nuevo frente de disputa entre la oposición y el gobierno de Lucas Ghi en Morón. El concejal Pablo Ezequiel Tozzi, de La Libertad Avanza, afirmó que acudió a Fiscalía para pedir una investigación y reclamó que el Concejo Deliberante derogue la norma que sostiene el tributo.
Conocida como “tasa COVID”, la TEPE fue creada en 2020, durante la emergencia sanitaria. Tozzi sostiene que perdió el fundamento que justificó su implementación y cuestiona tanto su liquidación como el uso de los recursos recaudados.
El planteo tiene dos recorridos distintos. Por un lado, el edil busca una decisión legislativa que elimine la tasa. Por otro, solicita que la Justicia investigue las responsabilidades que atribuye a la administración municipal. Ninguna de esas iniciativas suspende por sí misma el cobro.
Qué se discute
El cuestionamiento opositor pone el foco en qué prestación respalda actualmente la TEPE, quiénes están alcanzados y cómo se aplica lo recaudado. Su creación durante la pandemia es un antecedente, pero no alcanza por sí solo para establecer la legalidad o ilegalidad de su continuidad.
Para precisar esa discusión resultan centrales la ordenanza vigente, sus modificaciones y las cuentas municipales. También debe distinguirse entre los montos que pueda estimar un dirigente y los ingresos efectivamente registrados por el Municipio.
Tozzi reclama que el Ejecutivo explique por qué mantiene el gravamen. La información disponible no incluye una respuesta de la administración de Ghi a estos últimos cuestionamientos.
Una denuncia anunciada, sin decisión judicial conocida
El concejal informó que realizó la presentación, aunque no se cuenta con una copia sellada, un número de actuación fiscal ni una resolución judicial sobre su contenido. Sus acusaciones, por lo tanto, no pueden presentarse como hechos acreditados.
La controversia vuelve a colocar la política tributaria municipal en el centro del debate. La oposición pide terminar con una carga nacida en la emergencia sanitaria; el punto pendiente es conocer el fundamento actual del cobro y el destino concreto de esos recursos.
