La Legislatura bonaerense empezó a discutir algo bastante más profundo que el destino de tres empresas públicas. El proyecto impulsado por la diputada Mayte Alvado busca establecer una regla política para el futuro: quien quiera privatizar activos estratégicos de la Provincia deberá conseguir una mayoría de dos tercios y explicar, con algo más que entusiasmo ideológico, por qué sería conveniente hacerlo.
La iniciativa obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Servicios Públicos de Diputados con ocho votos provenientes de Unión por la Patria, la UCR, Nuevos Aires, Unión y Libertad y Hechos. La Libertad Avanza y el PRO rechazaron el texto y presentaron un dictamen de minoría.
El mecanismo propuesto modifica el costo político de cualquier privatización. Hoy una mayoría simple podría avanzar sobre la estructura societaria de empresas controladas por el Estado. Si la ley prospera, una eventual reducción de la participación pública o transferencia del control necesitará dos tercios de los votos legislativos y una fundamentación específica sobre necesidad, interés público y consecuencias para la población.
En el centro de esa protección aparecen ABSA, responsable de servicios de agua y saneamiento; AUBASA, operadora de la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Ruta 2; y BAGSA, que administra redes de gas natural en numerosas localidades pequeñas.
No son precisamente fábricas de lapiceras. Agua, rutas y gas forman parte de la infraestructura que determina dónde puede vivir, producir e invertir una sociedad.
El proyecto tampoco plantea una muralla contra la inversión privada. Ese punto importa porque buena parte de la discusión argentina suele quedar atrapada en una falsa opción entre empresa estatal absoluta o privatización completa.
La propuesta admite esquemas de participación público-privada, pero busca preservar para el Estado provincial una suerte de posición de oro: capacidad de controlar, supervisar y garantizar que la prestación de servicios estratégicos no quede subordinada exclusivamente a la rentabilidad empresarial.
Alvado defendió esa lógica señalando que los cambios frecuentes en la estructura de empresas públicas pueden afectar continuidad, planificación e inversiones de largo plazo. La referencia política es evidente: una eventual administración liberal o libertaria después de 2027 podría intentar trasladar a Buenos Aires la agenda privatizadora que Javier Milei impulsa sobre compañías nacionales.
Ahí aparece la verdadera dimensión realpolitik del proyecto. No se está legislando solamente para Axel Kicillof. Se está intentando limitar a quien venga después.
Y eso explica también el apoyo de sectores que no pertenecen al oficialismo provincial. Una empresa pública estratégica no necesariamente es patrimonio partidario. Puede convertirse en una herramienta estructural que distintos gobiernos administren con orientaciones diferentes sin desprenderse de ella en una mayoría circunstancial.
El antecedente de YPF funciona como ejemplo conceptual: participación privada, mercado de capitales y gestión empresarial pueden convivir con un Estado que conserve capacidad decisoria sobre un recurso estratégico.
En definitiva, la discusión no debería reducirse a si lo público es bueno y lo privado malo. Esa es una conversación demasiado infantil para administrar infraestructura crítica.
La pregunta seria es quién conserva la última llave cuando se habla de agua, gas, autopistas o servicios esenciales.
El proyecto bonaerense propone una respuesta bastante clara: los privados pueden participar, invertir y ganar dinero. Pero para vender definitivamente las joyas de la Provincia no debería alcanzar con ganar una elección y levantar algunas manos. Harán falta dos tercios, argumentos y algo que en política económica suele faltar bastante: explicar por qué.
