Con la llegada del invierno, la calefacción deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad cotidiana. En miles de hogares argentinos, prender una estufa o encender el calefactor significa hacer cuentas antes de abrir la llave del gas. Por eso, el futuro de la Ley de Zona Fría volvió a instalarse en el centro de la discusión política: una reforma que avanza en el Congreso podría modificar un beneficio que hoy alcanza a millones de usuarios.
Aunque la Cámara de Diputados ya dio media sanción al proyecto impulsado por el oficialismo, el régimen continúa vigente. La iniciativa todavía debe ser tratada por el Senado y, hasta que eso ocurra, las tarifas diferenciales siguen aplicándose tal como establece la legislación actual.
Un beneficio que podría cambiar para millones de familias
La Ley 27.637 fue creada para aliviar el costo del gas natural en aquellas regiones donde las bajas temperaturas obligan a un mayor consumo durante buena parte del año. El sistema contempla un descuento del 30% para los usuarios alcanzados y una bonificación del 50% para sectores considerados vulnerables, entre ellos jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, titulares de Tarifa Social y monotributistas sociales.
Actualmente, alrededor de 4,2 millones de usuarios reciben este beneficio. De ese total, unos 3,3 millones corresponden a la ampliación incorporada en 2021, mientras que cerca de 939 mil pertenecen a la denominada zona histórica.
La modificación que impulsa el Gobierno busca concentrar la ayuda únicamente en los hogares de menores ingresos. Según los datos debatidos en el Congreso, hasta 1,6 millones de viviendas podrían dejar de recibir el descuento automático si la iniciativa termina convirtiéndose en ley.
Además, el subsidio dejaría de calcularse sobre el total de la factura y pasaría a aplicarse únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que reduciría el alivio económico que hoy perciben muchos usuarios.
Las modificaciones alcanzarían a provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta y La Rioja. En tanto, la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe continuarían dentro del régimen, aunque el porcentaje definitivo del beneficio quedaría sujeto a futuras definiciones del Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, el proyecto todavía no tiene fecha de tratamiento en la Cámara alta. El régimen actual permanece prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2031, por lo que ninguna modificación entrará en vigencia sin la aprobación definitiva del Senado.
Más allá del debate técnico sobre subsidios y equilibrio fiscal, la discusión toca una realidad muy concreta: para muchas familias, especialmente en los meses más fríos del año, el consumo de gas no responde a una elección sino a una necesidad básica. En ese delicado equilibrio entre cuidar las cuentas públicas y garantizar condiciones de vida dignas, el Congreso tendrá ahora la última palabra. Hasta entonces, millones de hogares seguirán esperando una definición que impactará directamente en uno de los gastos esenciales del invierno.
