La desaceleración de la inflación permitió al Gobierno exhibir una de sus principales banderas económicas. Sin embargo, debajo de ese indicador aparece otra realidad menos visible: la del ingreso disponible de los hogares. Porque una familia no vive de la inflación promedio, sino de lo que le queda en el bolsillo después de pagar las cuentas. Y allí las tarifas de los servicios públicos se transformaron en uno de los principales factores de presión, especialmente para los sectores de menores ingresos.
El último informe elaborado por Fundación Capital muestra con claridad ese fenómeno. Desde el cambio de gobierno, el peso de la electricidad, el gas, el agua potable y el transporte sobre los ingresos familiares aumentó de manera acelerada. El ajuste tarifario fue generalizado, pero no impactó igual sobre todos: cuanto menor es el ingreso, mayor es el sacrificio económico que exige sostener servicios básicos.
El ajuste tarifario golpea donde menos margen existe
Los números son contundentes. Una familia del AMBA que percibe ingresos equivalentes a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles —unos $735.600 mensuales— debe destinar actualmente cerca del 22% de todos sus recursos al pago de los servicios públicos, aun conservando subsidios. A fines de 2023 esa misma proporción representaba apenas el 5,3%. En apenas dos años y medio, el esfuerzo económico prácticamente se cuadruplicó.
La situación tampoco resulta menor para los jubilados. Un hogar que percibe dos jubilaciones mínimas, incluyendo los bonos, destina alrededor del 17,3% de sus ingresos al pago de luz, gas, agua y transporte. En diciembre de 2023 esa carga representaba poco más de un tercio del nivel actual.
En los sectores medios el impacto continúa siendo importante, aunque más administrable. Una familia con ingresos mensuales cercanos a $1,5 millones utiliza alrededor del 14% de su presupuesto para cubrir estos servicios. Para un hogar con ingresos formales promedio de $2,2 millones, el peso alcanza el 10,7%. Recién en los niveles salariales más altos el efecto comienza a diluirse: una familia con ingresos cercanos a $7 millones destina alrededor del 3% de sus recursos a este rubro.
La diferencia refleja una realidad básica de la economía doméstica. Las tarifas tienen un componente prácticamente fijo: todos necesitan electricidad, gas o transporte para trabajar, estudiar o vivir. Por eso, cuando los ingresos son bajos, cualquier incremento ocupa una porción mucho mayor del presupuesto familiar.
Durante los últimos doce meses la inflación habría rondado el 33%, mientras que las tarifas energéticas aumentaron alrededor del 55% y el transporte público cerca del 49%. En el mismo período, los salarios registrados crecieron aproximadamente un 29,7%, es decir, por debajo tanto de la inflación como del incremento de los servicios públicos.
Como consecuencia, el gasto promedio mensual para una familia tipo del AMBA ya alcanza aproximadamente $163.600 cuando mantiene todos los subsidios; asciende a $232.700 cuando conserva únicamente los subsidios energéticos; y supera los $275.800 para quienes pagan tarifas plenas.
La consecuencia económica es más profunda de lo que muestran los porcentajes. Cada peso que una familia destina a pagar una boleta deja de gastarse en alimentos, ropa, recreación o pequeños consumos cotidianos que sostienen la actividad comercial. El ingreso disponible, en definitiva, se convierte en una variable tan importante como el salario nominal.
El informe sostiene que todavía existe margen para nuevas correcciones tarifarias. En electricidad, el usuario residencial cubre actualmente cerca del 80% del costo de generación, aunque quienes mantienen subsidios financian alrededor del 64%. En el transporte público del AMBA, en cambio, los pasajeros todavía pagan aproximadamente el 31% del costo real del boleto.
El interrogante ya no pasa únicamente por cuánto bajará la inflación. La discusión empieza a girar alrededor de cuánto poder de compra conservarán realmente los hogares después de afrontar gastos que dejaron de ser una excepción para transformarse en una parte estructural de la economía familiar. Porque cuando los servicios básicos ocupan una quinta parte del ingreso de los sectores más vulnerables, el problema deja de ser tarifario para convertirse en un debate sobre distribución, consumo y calidad de vida.
