La crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas volvió a instalarse en la agenda legislativa. La diputada nacional Roxana Monzón (Unión por la Patria) presentó un proyecto para crear un Régimen de Desendeudamiento y Alivio Fiscal para pymes, una iniciativa que retoma varios de los reclamos que el sector empresario viene formulando al Gobierno nacional.
La propuesta prevé la suspensión automática de embargos y ejecuciones fiscales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre cuentas y bienes de las empresas que adhieran al programa. Además, contempla planes de pago de hasta 60 cuotas mensuales con condonación total de intereses punitorios y el acceso a líneas de financiamiento del Banco Nación con tasas subsidiadas para capital de trabajo y reconversión productiva.
El nuevo instrumento busca derribar la barrera del financiamiento de largo plazo a mipymes, permitiendo que las firmas de menor porte recuperen hasta 500.000 pesos de su inversión en software y procesos.
Mientras se multiplican los cierres, la capacidad instalada de la industria ronda apenas el 55%, uno de los niveles más bajos desde la crisis de 2002, en un contexto de caída del consumo, atraso cambiario y creciente morosidad empresarial.
"La UIA, la Cámara de Comercio, los contadores y los empresarios de todos los sectores le piden al Ejecutivo que frene los embargos y habilite planes de pago. El Gobierno no responde. Entonces el Congreso actúa. Ese es nuestro rol: darle al sector productivo lo que el Ejecutivo les niega", sostuvo la legisladora.
Según relató la legisladora, la situación de las pymes se agravó en los últimos años y citó datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), según los cuales más de 25.000 empresas cerraron desde diciembre de 2023. El pico se habría registrado en enero de 2026, con un promedio de 70 cierres por día hábil.
En la provincia de Buenos Aires, agregó, se perdieron 106.299 puestos de trabajo registrados durante ese período, equivalente a un tercio de la caída del empleo formal a nivel nacional.
"Una empresa con las cuentas embargadas no puede cobrar ni pagar. No puede abonar salarios ni comprarle a sus proveedores. ARCA no recupera el crédito: pierde al contribuyente para siempre y destruye empleo. Esto no es presión fiscal, es un tiro de gracia al tejido productivo", afirmó.
El proyecto fue girado a la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados y se apoya también en indicadores del INDEC que muestran a la industria manufacturera operando al 53,6% de su capacidad instalada, el nivel más bajo desde la crisis de 2002. Entre los sectores más afectados aparecen el textil, con una utilización del 23,7%, la industria automotriz con el 24% y la metalmecánica con el 31,4%.
"Embargarle la cuenta a una PyME en crisis no es recaudar: es ejecutar una sentencia de muerte. La oposición tiene propuestas concretas. Este gobierno solo tiene el ajuste", sentenció la diputada.
El proyecto se presentó días después de una nueva ronda de exposiciones del sector industrial en la Cámara de Diputados. Representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de distintas entidades empresarias participaron de una reunión informativa en la Comisión de Industria para advertir sobre la situación del sector y reclamar medidas de alivio.
Entre las propuestas que ganan consenso aparecen la incorporación de cláusulas de "Compre Local" en el Súper RIGI, incentivos para facilitar el acceso al crédito, mecanismos para evitar prácticas de dumping en importaciones y programas de alivio para empresas endeudadas.
Según los datos expuestos durante la reunión, entre agosto de 2023 y febrero de 2026 la industria perdió 75.399 empleos directos, sobre una caída total de 240.980 puestos de trabajo en el sector privado.
