El Gobierno nacional avanzará en las próximas horas con uno de los movimientos más sensibles de su programa de privatizaciones: la venta del servicio de agua y saneamiento que abastece a millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que este viernes se publicarán los pliegos para licitar AySA y abrir la puerta a la privatización del 90% de las acciones que actualmente controla el Estado.
La empresa presta servicio en 26 municipios del Gran Buenos Aires, entre ellos La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora, Tigre, San Martín, Lanús, Morón y Vicente López, alcanzando a más de 15 millones de usuarios. El Gobierno sostiene que el ingreso de capitales privados permitirá ampliar obras y mejorar la calidad del servicio, mientras crece el debate sobre el futuro de una infraestructura estratégica para el AMBA y el impacto que podría tener sobre las tarifas y el acceso al agua potable.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que este viernes se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA, con el objetivo de avanzar en la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional.
“Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”, señaló Caputo en un posteo en sus redes sociales.
Según planteó el funcionario, la incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitiría “impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”.
La decisión forma parte del programa del Gobierno para reducir la presencia estatal en empresas públicas y abrir paso a la inversión privada en sectores considerados estratégicos. En esa línea, Caputo sostuvo que la administración nacional busca avanzar hacia “un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento”.
AySA presta el servicio de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires, una zona clave por volumen de usuarios y necesidades de infraestructura. Por eso, la publicación de los pliegos marcará un paso central para conocer las condiciones de la licitación, los requisitos para los interesados el esquema previsto para el ingreso del operador privado.
El Gobierno viene sosteniendo que la participación privada permitirá acelerar obras, mejorar la eficiencia operativa y ampliar la cobertura del servicio.
“Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos”, resumió Caputo en el cierre de su mensaje.
Hace un par de semanas, el Gobierno aprobó el nuevo Contrato de Concesión de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), como parte del proceso de privatización de la empresa que presta el servicio de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense. La medida fue formalizada por el Ministerio de Economía a través de la Resolución 543/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece el nuevo marco contractual entre el Estado Nacional y la compañía.
El área de prestación comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos bonaerenses, entre ellos La Matanza, Avellaneda, Quilmes, San Isidro, Tigre, Lomas de Zamora, Lanús, Morón, San Martín y Vicente López, además de la recepción de efluentes cloacales en bloque en Berazategui. Según el esquema aprobado, el contrato tendrá una duración de 30 años, con posibilidad de extenderse por otros 10, y busca ordenar las condiciones bajo las cuales AySA brinda el servicio en el AMBA, donde alcanza a más de 15 millones de usuarios.
Uno de los puntos centrales del nuevo modelo es la obligación de presentar un Plan de Acción cada cinco años, con metas de mantenimiento, mejora y expansión de la red.
La resolución también estableció que AySA deberá cumplir el Plan de Acción de Transición 2024-2026 y trasladar al primer ciclo tarifario, previsto entre enero de 2027 y diciembre de 2031, aquellas obras u objetivos cuya ejecución exceda ese plazo.
El Gobierno planteó que el contrato consolida el sendero iniciado en 2024, cuando la empresa comenzó a cubrir sus costos operativos con ingresos tarifarios, sin subsidios del Tesoro.
