Ocho billeteras de bitcoin, un sobre cerrado con claves privadas y más de dos décadas de historia económica familiar. La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni entra ahora en una etapa de comprobación: después de que el exjefe de Gabinete presentara su explicación patrimonial, el fiscal Gerardo Pollicita pidió medidas para contrastarla con registros fiscales, laborales, societarios y financieros.
El punto central de la defensa es que parte del capital utilizado para comprar bitcoin desde 2014 provenía de ahorros generados anteriormente por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Esa explicación llevó al fiscal a correr hacia atrás el período bajo análisis y reconstruir los ingresos y bienes del matrimonio desde que ambos alcanzaron la mayoría de edad. Para Adorni, el examen llegará hasta febrero de 1998; para Angeletti, hasta octubre de 2000.
La fiscalía pidió conocer sus historias laborales, remuneraciones, actividades autónomas, propiedades, vehículos y participaciones en sociedades. También solicitó al juez Ariel Lijo ampliar el levantamiento del secreto fiscal para acceder a declaraciones de Ganancias y Bienes Personales, información tributaria, eventuales blanqueos y operaciones de compra de moneda extranjera.
La lógica es sencilla: si la defensa sostiene que los bitcoin fueron comprados con capital acumulado antes de ingresar a la función pública, la investigación necesita establecer primero si esos recursos existían y si pueden seguirse en los registros disponibles.
Las ocho billeteras que ahora deberán hablar
Adorni informó ocho direcciones de bitcoin y sostuvo que sus operaciones con esas criptomonedas terminaron generando US$591.544,61. Ese dinero constituye una parte importante de la explicación presentada para justificar su evolución patrimonial.
Pero una dirección de autocustodia no muestra públicamente el nombre de quien la controla. Por eso la fiscalía quiere comprobar técnicamente la vinculación entre Adorni y esas billeteras.
La defensa entregó las claves privadas dentro de un sobre lacrado. El procedimiento previsto contempla que un especialista de parte acceda a las direcciones bajo control judicial y realice una firma criptográfica que luego será verificada por técnicos de la Policía Federal. La medida necesita autorización judicial y busca acreditar el control de esas direcciones sin exponer innecesariamente las claves privadas.
Eso, sin embargo, resolvería sólo una parte del problema. Demostrar que alguien controla actualmente una billetera no agota la investigación sobre el origen de los fondos, las fechas de las operaciones y la trazabilidad de los activos. Por eso las medidas sobre bitcoin avanzan en paralelo con la reconstrucción patrimonial tradicional.
La causa no está en una instancia de condena ni existe todavía una definición judicial sobre la explicación de Adorni. La defensa sostiene que su evolución patrimonial tiene respaldo documental y técnico; la fiscalía decidió verificarlo antes de definir los pasos siguientes.
Ahí está el punto concreto de esta etapa. La versión ya fue presentada. Ahora deberán coincidir tres historias que no siempre hablan el mismo idioma: la de los ingresos declarados, la de los registros patrimoniales y la que quedó escrita en la cadena de bloques.
