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El Banco Mundial califica como “fallido” el régimen industrial de Tierra del Fuego
El informe del Banco Mundial advierte que el esquema genera un costo fiscal de US$1.070 millones anuales sin mejoras significativas en productividad o tecnología. Señala incentivos distorsivos, dependencia de subsidios y una estructura que favorece importaciones con escaso valor agregado, reabriendo el debate sobre la sostenibilidad del régimen.
El Banco Mundial cuestionó el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego calificándolo como una “política industrial fallida” y asegurando que genera un costo fiscal de US$1.070 millones anuales.
El cuestionamiento forma parte del informe Panorama Económico de América Latina y el Caribe, donde la entidad compartió sus previsiones de crecimiento de la región para 2026, destacando la economía argentina como “la principal excepción al alza” al proyectar un avance del 3,6% en el PBI durante este año y del 3,7% para 2027.
El reporte, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, sostiene que si bien las políticas industriales requieren tiempo para que las empresas acumulen capacidades, “el apoyo ilimitado sin un procedimiento ni un cronograma para reducir la asistencia (cláusulas de caducidad) puede proporcionar incentivos perversos, socavando el objetivo inicial”.
En este sentido, expresó que el régimen fueguino “es ampliamente considerado como un caso de política industrial fallida, empañada por interferencias políticas y fallas fundamentales de diseño que han persistido durante décadas”.
A pesar de rescatar la idea original de la política industrial, el organismo crediticio manifestó que “su estructura de incentivos mal concebida ha generado un costo fiscal sustancial para el gobierno argentino, estimado en US$1.070 millones anuales, sin lograr mejoras tecnológicas o de productividad significativas”.
El análisis técnico del Banco Mundial identifica dos fallas fundamentales en la estructura del régimen que distorsionan el mercado. En primer lugar, hace referencia a las exenciones arancelarias, señalando que las empresas en la isla importan insumos sin pagar derechos de importación, lo que les otorga una ventaja artificial de costos sobre cualquier productor en el continente.
Por otro lado, puntualiza en los créditos sobre el impuesto al valor agregado (IVA) que recaen en la facturación, al indicar que el sistema busca premiar la creación de valor local, pero en la práctica las empresas generan "poco o ningún valor agregado real".
En este marco, el reporte aseguró que “la combinación de estos incentivos alienta a las empresas a importar grandes volúmenes de insumos libres de derechos y revenderlos al continente a precios más altos, al tiempo que reclaman los beneficios fiscales asociados”.
Asimismo, afirmó que “la actividad que apoya no es autosuficiente”, asegurando que “las empresas involucradas siguen siendo viables principalmente gracias a las importantes transferencias fiscales más que a los aumentos de su productividad o capacidad tecnológica”.
Al respecto, la entidad agregó que “esta dinámica refuerza la dependencia del apoyo gubernamental y aumenta los costos económicos a largo plazo de mantener el régimen, lo que pone de relieve los desafíos de revertir políticas industriales arraigadas pero ineficaces”.
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