La Justicia Comercial intimó a Fernando Cerimedo y a la firma Numen Publicidad y Sondeos SRL a cancelar una deuda reclamada por el Banco Galicia y dispuso la inhibición general de bienes de ambos demandados como medida cautelar.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Comercial N.º 14, Secretaría N.º 27, en una causa iniciada este año a partir de la ejecución de un pagaré firmado por la empresa y avalado por Cerimedo.
Según la presentación judicial, el documento fue emitido el 10 de febrero de 2025 por un monto de $ 70 millones. La entidad financiera sostiene que el pagaré fue presentado al cobro el 10 de marzo de ese mismo año y que, ante la falta de pago, comenzó a generar intereses y penalidades previstas contractualmente.
De acuerdo con la liquidación presentada por el banco, la deuda reclamada ascendía al 16 de abril de 2026 a $ 138.977.808,22, cifra que incluye capital, intereses compensatorios, intereses punitorios y costas.
En ese contexto, el juez Pablo D. Frick ordenó librar un mandamiento de intimación para exigir el pago de los $ 70 millones correspondientes al capital y otros $70 millones estimados provisoriamente para cubrir intereses y gastos del proceso.
La resolución no constituye todavía una sentencia definitiva sobre el monto final adeudado, sino que forma parte de un juicio ejecutivo, un procedimiento previsto para reclamar obligaciones documentadas mediante instrumentos como pagarés.
Además de la intimación de pago, el magistrado hizo lugar al pedido de inhibición general de bienes solicitado por el Banco Galicia.
La entidad argumentó que desconocía la existencia de activos suficientes de los demandados que permitieran garantizar el cobro de la deuda reclamada.
Como parte de las medidas dispuestas, el juzgado también ordenó recabar información sobre la situación registral de Numen Publicidad y Sondeos ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Asimismo, requirió informes al Registro Único Laboral y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para determinar si existen datos laborales vinculados a Cerimedo.
La resolución establece que tanto Cerimedo como la sociedad demandada deberán presentarse en el expediente, constituir domicilio y, si así lo consideran, plantear las excepciones previstas por la legislación procesal dentro del plazo fijado por el tribunal.
El expediente tramita en paralelo a otras causas judiciales que involucran al consultor político, entre ellas investigaciones vinculadas a presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Por el momento, la causa comercial continúa en etapa de ejecución y la intimación judicial busca garantizar el eventual cobro del crédito reclamado por la entidad bancaria, mientras se determina el alcance definitivo de las obligaciones exigidas en el expediente.
