


UOM: la disputa por los Fondos Sindicales y los Intereses detrás de la Intervención
La intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) podría esconder una disputa que excedería ampliamente una controversia electoral. En el centro del conflicto aparecería una cuestión económica: el control de los recursos y la estructura administrativa del sindicato.
Durante aproximadamente veinte años, bajo la conducción de Antonio Caló, los fondos y bienes sindicales habrían sido administrados a través de Donington, empresa vinculada al Grupo Olmos.
Con la llegada de Abel Furlán y el recambio de autoridades, la nueva conducción habría decidido modificar ese mecanismo y avanzar hacia un fideicomiso bajo control del propio sindicato. El Grupo Olmos no habría aceptado las nuevas condiciones y la administración habría quedado finalmente en manos de otra sociedad.
Alrededor de esta modificación también habrían circulado versiones sobre una supuesta relación personal entre una de las propietarias de esa empresa y el secretario general. Sin embargo, ese vínculo no estaría acreditado.
El conflicto se habría profundizado tras los cuestionamientos relacionados con una presunta lista paralela en las elecciones de la seccional Campana, donde se impuso Furlán. Posteriormente, un juez laboral dispuso la intervención del gremio.
La designación de los interventores también abriría interrogantes. Entre ellos aparecería Carlos Galina, señalado por su paso como jefe de asesores de la SIDE durante la gestión de Majdalani, y el abogado Alberto Biglieri, vinculado al ámbito del Consejo de la Magistratura y con antecedentes de relación con el exasesor jurídico de la SIDE, Di Stéfano.
La sucesión de estos acontecimientos permitiría plantear una hipótesis: ¿podría existir una articulación entre sectores sindicales, operadores políticos e intereses empresariales para desplazar a la conducción de Furlán y recuperar el control del esquema económico que habría funcionado durante dos décadas?
Por el momento, no existirían elementos suficientes para afirmar que la intervención responde a una operación de esas características. Sin embargo, la coincidencia entre el
cambio de administración, la disputa sindical y la posterior decisión judicial merecería una investigación profunda.
La pregunta también alcanzaría al Gobierno de Javier Milei: ¿conoce los posibles movimientos de sectores empresariales y políticos cercanos al PRO alrededor de la intervención de la UOM?
En definitiva, el interrogante central sería quién podría beneficiarse con el desplazamiento de la actual conducción y quién tendría interés en recuperar el control de los recursos del sindicato.





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