Discapacidad: el Congreso con masa crítica para destituir a Francos

Plan platita para ricos, nada para los vulnerables

La jugada envalentonó a Pichetto, al peronismo y a bloques sueltos para activar la moción de censura contra Guillermo Francos. Mientras tanto, Milei subsidia al agro más concentrado con hasta USD 1.500 millones. 

Guillermo Francos camina sobre una cornisa que se angosta a cada hora. El jefe de Gabinete, hasta ahora sobreviviente de la turbulencia libertaria, se convirtió en el blanco preferido de la oposición. 

No se trata de un debate menor ni de un gesto simbólico: la Cámara de Diputados activó la primera moción de censura en tres décadas para discutir su remoción. ¿El motivo? El Gobierno promulgó la ley de emergencia en discapacidad —ratificada por el Congreso con dos tercios tras el veto presidencial— pero decidió suspender su aplicación hasta que se definan las partidas. Un gambito jurídico que, en la práctica, equivale a incumplimiento de deberes de funcionario público.

La jugada arrancó con Miguel Pichetto y su tropa de Encuentro Federal. El experimentado armador, junto a Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot, presentó el proyecto que exige interpelar a Francos bajo el artículo 101 de la Constitución. 

En esa sesión, el pleno de Diputados podría directamente votar su destitución con la mitad más uno de los presentes. La chispa prendió rápido: Marcela Pagano, reciclada de libertaria a disidente, presentó su propia moción junto al bloque Coherencia. 

Y cuando Victoria Tolosa Paz decidió ponerle el sello peronista a la movida, el destino del jefe de Gabinete dejó de ser una hipótesis.

El Senado, como suele ocurrir, funciona de caja de resonancia. José Mayans, líder del interbloque peronista, ya alineó a sus 34 senadores y con apenas 37 votos puede voltear a Francos. 

En otras palabras, la oposición tiene la lapicera lista para firmar la defunción política del principal negociador del Gobierno en el Congreso. Francos no es un ministro más: es el puente que Milei tendió hacia el sistema político tradicional. Romper ese puente es aislar aún más a un oficialismo que ya acumuló derrotas legislativas dolorosas.

No hay plata para discapacidad, pero sí para los poderosos

El trasfondo es aún más áspero. El decreto 681/25 que suspendió la aplicación de la ley de discapacidad expone una contradicción que la política no está dispuesta a dejar pasar. 

El Ejecutivo argumenta que “no hay plata” y que el Congreso omitió definir fuentes de financiamiento. Sin embargo, la misma Casa Rosada que se niega a ejecutar una ley con impacto directo en los sectores más vulnerables decidió al mismo tiempo regalarle al agro exportador —el núcleo duro de poder económico— un beneficio fiscal monumental: la eliminación temporaria de las retenciones hasta el 31 de octubre.

Según cálculos del IARAF, la medida implica una pérdida de entre USD 1.000 y 1.500 millones en recaudación. En criollo, casi la mitad del superávit proyectado para 2025. Plata que se resigna en nombre de “acelerar la liquidación de divisas”, pero que, en la práctica, engorda la rentabilidad del sector más concentrado de la economía argentina. 

Mientras tanto, los prestadores de salud que atienden a personas con discapacidad advierten que no pueden sostener el servicio sin actualización de aranceles y las familias se hunden en deudas para cubrir tratamientos que el Estado prometió garantizar.

La tensión se lee en clave realpolitik. La oposición entendió que la cuerda podía tensarse al máximo: no se trata de un tema menor, sino de un símbolo. Francos representa la institucionalidad que Milei usa como carta de presentación hacia adentro y hacia afuera. 

Convertirlo en chivo expiatorio expone al Presidente en su contradicción más flagrante: predica que no hay recursos, pero al mismo tiempo los asigna con un sesgo de clase inapelable.

La Ley de discapacidad es pagable

Los números no mienten. La ley de emergencia en discapacidad demanda alrededor del 0,35% del PBI en 2025. El costo de la medida “retenciones 0” roza entre el 0,25% y el 0,28% del PBI. Es decir, lo que el Gobierno dice no poder gastar en pensiones, cobertura médica y programas sociales, lo resigna en ingresos fiscales para que los grandes exportadores mejoren su ecuación de ganancias. 

La política parlamentaria olió la sangre en esa contradicción. Pichetto, que conoce el oficio de tensar hasta romper, no dudó en avanzar. El peronismo, con reflejo rápido, se sumó para capitalizar el golpe. Y los bloques chicos, siempre atentos al humor social, encontraron en la moción de censura una vidriera para mostrar independencia.

El oficialismo intenta contener. Francos, fiel a su estilo negociador, repite que “la ley se cumplirá cuando estén las partidas” y que todo se resolverá en el marco del Presupuesto 2026. Pero ese discurso suena a dilación en un Congreso que ya demostró que puede torcerle el brazo al Ejecutivo. La Casa Rosada insiste en que reasignar partidas no es suficiente, y que toda ampliación de prestaciones sin respaldo presupuestario es insostenible.

Pero el problema no es técnico: es político. Y en política, cuando la foto muestra al Gobierno negando recursos a los más vulnerables mientras subsidia al campo concentrado, la batalla de la narrativa está perdida.

Lo que viene es incierto, pero con final cantado: la oposición tiene los votos para empujar a Francos fuera de la Casa Rosada. Será la primera vez que se use de manera efectiva la herramienta de la moción de censura prevista en la Constitución. 

Y aunque Milei se victimice con su clásico “la casta no me deja gobernar”, lo cierto es que el golpe nace de su propia contradicción: eligió beneficiar a quienes más tienen mientras recorta donde más duele.

Guillermo Francos es hoy el fusible de un gobierno que convirtió el “no hay plata” en dogma pero que, a la hora de asignar recursos, siempre encuentra caja para los hiper ricos y nunca para los que necesitan un respirador, una silla de ruedas o un turno de rehabilitación. La política lo entendió mejor que nadie: no se trata de números, se trata de prioridades. 

Y cuando las prioridades revelan que el Estado funciona como un comité de negocios para unos pocos, la caída de un jefe de Gabinete deja de ser un drama personal y pasa a ser la consecuencia inevitable de un modelo. El problema para Milei es otro: si siempre hay para ellos y nunca para el resto, lo que falta no es plata. Lo que falta es vergüenza.

El Congreso no sólo le marcó la cancha a Milei: abrió la puerta a destituir al jefe de Gabinete por incumplir una ley que él mismo promulgó.