Revés judicial al ajuste en las rutas del Gobierno

La Justicia frena el cierre de Vialidad

La medida llega en un contexto de rutas abandonadas, sin inversión, y con la preocupación creciente de familiares de víctimas de siniestros viales, la primera causa de muerte violenta en menores de 35 años.

La motosierra encontró un límite: la Justicia frenó el intento del Gobierno de Javier Milei de disolver Vialidad Nacional, el organismo que históricamente planifica y ejecuta las obras viales del país. La decisión judicial suspende los efectos del decreto presidencial que, amparado en la Ley Bases y ejecutado por el ministerio de Federico Sturzenegger, pretendía partir y licuar una institución esencial para la seguridad y conectividad del territorio argentino. Pero la clave no es solo legal. Detrás del fallo se asoma una señal política y humanitaria: cerrar Vialidad en un país con rutas rotas y más de 3.500 muertes viales por año no es una medida de eficiencia, sino una tragedia evitable.

Argentina transita una situación crítica en su red de infraestructura. Mientras el Estado nacional desinvierte en mantenimiento vial, las provincias lidian con rutas abandonadas, iluminación ausente y desmalezado nulo. Rosario, por ejemplo, fue intimada por intervenir en colectoras nacionales ante la inacción del Gobierno central. El resultado es conocido: rutas sin intervención, vecinos pagando las consecuencias y un entramado institucional que suelta responsabilidades como quien suelta el volante.

En el fondo, la discusión excede lo administrativo. La red vial nacional es un sistema de vida o muerte. Cuando un tramo sin mantenimiento se convierte en trampa mortal, ya no estamos ante una omisión, sino frente a una negligencia deliberada. El Estado que se corre deja un vacío que nadie llena. Y ese vacío se mide en cuerpos, no en planillas.

Una política de ajuste que cuesta vidas

La medida cautelar fue presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional y respaldada por gremios y dirigentes que ven en esta avanzada no solo un ataque a una estructura estatal, sino la consolidación de una política de desinversión que pone en riesgo la vida cotidiana. La idea de eliminar organismos sin evaluar sus funciones responde a un modelo de Estado que deserta de sus obligaciones más básicas, como garantizar caminos seguros y transitables.

El contraste es brutal: mientras los homicidios dolosos registran unas 1.800 muertes anuales, los siniestros viales duplican esa cifra. Y la mayoría de esas víctimas tienen menos de 35 años. Los datos del Sistema Nacional de Información Criminal son elocuentes. Sin embargo, el Gobierno no solo avanzó sobre Vialidad Nacional, sino también sobre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y otras estructuras de control y prevención. Las familias de víctimas lo interpretan con claridad: no es un ahorro, es una renuncia del Estado a proteger a sus ciudadanos.

La falta de mantenimiento, la iluminación deficiente, los tramos sin señalizar, las banquinas comidas por el yuyo y los kilómetros enteros sin fiscalización construyen un escenario propicio para la muerte evitable. Pero además, hay una falta de estrategia de largo plazo: no hay planificación de infraestructura ni mirada federal. En lugar de descentralizar con inversión, se desarma y se entrega la responsabilidad a organismos sin competencias o a provincias que no tienen recursos.

En paralelo, la Gendarmería fue presentada como “reemplazo logístico” para tareas de inspección vial, lo que revela el nivel de improvisación y desconocimiento de las funciones especializadas que cumplen estos organismos. El resultado es una precarización de la prevención y una transferencia silenciosa de responsabilidad al ciudadano, que cada vez transita más solo, más expuesto, más desamparado.

Vialidad como símbolo: más que rutas, una política de Estado

La decisión judicial no resuelve la crisis estructural de la infraestructura vial argentina, pero marca un punto de inflexión. El fallo no solo le pone un freno a la motosierra normativa de Sturzenegger: reubica el problema en su real dimensión. No se trata de sostener cargos ni defender estructuras burocráticas. Se trata de defender la red que une al país, que permite que un productor llegue al puerto, que un colectivo escolar atraviese provincias, que una ambulancia no vuele en el aire al pisar un bache.

La historia reciente del país enseña que los retrocesos en infraestructura se pagan con sangre. Lo que está en discusión no es la eficiencia de Vialidad, sino la decisión política de eliminar capacidades estatales para justificar un ajuste sin racionalidad territorial. El ajuste no es neutral: tiene consecuencias concretas, sobre personas concretas, en geografías olvidadas.

Mientras el Gobierno promueve privatizaciones, concesiones opacas y un repliegue brutal del Estado nacional, las provincias exigen recuperar competencias para cubrir los vacíos. Pero sin recursos ni acompañamiento, lo único que se multiplica es el riesgo. En muchos casos, ni siquiera hay interlocutores para reclamar. Y mientras el mapa de rutas se apaga, crece el enojo silencioso de quienes entienden que sus vidas valen menos para el Excel del poder.

En las rutas no hay ideología, hay asfalto, banquinas, curvas cerradas y decisiones que se toman en escritorios lejanos. El cierre de Vialidad no era una anécdota: era un punto de inflexión. Este fallo judicial no es un triunfo de un sindicato. Es una advertencia. Es la memoria de los que murieron. Es el reclamo de los que todavía viajan. Y es, sobre todo, un límite que el poder no esperaba.

Las Provincias advierten sobre el estado de las rutas

En plena pulseada con la Casa Rosada por la falta de inversión en rutas, el gobierno de Santa Fe decidió visibilizar el conflicto con una señal clara: grandes carteles rojos, con letras blancas y sin firma oficial, empezaron a aparecer en rutas nacionales clave. El mensaje es directo y sin vueltas: “¡Atención! Aquí empieza la Ruta Nacional, mantenida por el Estado Nacional”. No hay logos, pero el destinatario está claro.

La iniciativa fue ordenada por el gobernador Maximiliano Pullaro, con un doble objetivo: que los ciudadanos sepan quién es responsable del mantenimiento y que la Nación sienta el reclamo en el territorio. La decisión se desplegó en al menos tres corredores estratégicos que atraviesan la provincia —la Ruta 9, la 33 y la A012— y llega justo cuando el deterioro de la red vial se vuelve inocultable.

La medida no es aislada. Llega en un contexto de recortes, obra pública paralizada y malestar creciente por la distribución de recursos como los ATN y el impuesto a los combustibles. Mientras el Senado busca redistribuir esos fondos, el Ejecutivo nacional avanza en la disolución de organismos clave como Vialidad Nacional y la Agencia de Seguridad Vial, dejando a las provincias con rutas sin financiamiento y bajo una nueva gestión que depende del Ministerio de Economía.

Ante el riesgo concreto, Santa Fe redobló su estrategia: sugiere a los conductores evitar las rutas nacionales y usar caminos provinciales, que hoy están en mejores condiciones gracias al mantenimiento regular que se sostiene con fondos locales.

Los carteles no son solo advertencias viales. Son una forma de marcar presencia y dejar en evidencia que, en el interior del país, cuando el Estado nacional se borra, alguien tiene que decirlo. Aunque sea en rojo.