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Cristina y los condenados deberán pagar US$537 millones
El juez Jorge Gorini ordenó a los nueve condenados del caso Vialidad, incluida Cristina Kirchner, que depositen más de 684 mil millones de pesos. El monto fue actualizado por los peritos de la Corte Suprema y deberá ser abonado en un plazo de diez días hábiles, bajo apercibimiento de ejecutar bienes.
Actualidad16/07/2025
La ejecución de la sentencia por el caso Vialidad dio un paso clave. El juez Jorge Gorini, a cargo de la etapa de cumplimiento de penas, intimó a los nueve condenados del expediente —entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner— a depositar en una cuenta judicial el equivalente a más de 684.990 millones de pesos, lo que representa alrededor de 537 millones de dólares al tipo de cambio oficial.
El monto fue establecido a partir del informe elaborado por el Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema, que realizó la actualización de los valores que el Tribunal consideró como perjuicio al Estado en la sentencia de 2022. Gorini rechazó los cálculos alternativos presentados por los peritos de las partes, tanto los de la defensa de Cristina Kirchner como los del Ministerio Público Fiscal, y se inclinó por la cifra que coinciden los peritos oficiales y el índice de inflación del INDEC.
La orden judicial es precisa: los condenados tienen diez días hábiles desde la notificación para realizar el depósito en una cuenta del Banco Nación, abierta especialmente a tal efecto. En caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución de bienes con el objetivo de recuperar el total del dinero fijado como decomiso por la maniobra de corrupción.
Disputa técnica por los cálculos y determinación final
El punto de partida del cálculo fue el monto determinado en la condena original: 84.835 millones de pesos. A partir de allí, el juez solicitó una actualización que reflejara el impacto de la inflación. El valor propuesto por los peritos de Cristina Kirchner, de poco más de 42.494 millones, fue descartado por Gorini por considerarlo desactualizado y metodológicamente insuficiente.
El Ministerio Público Fiscal propuso seis escenarios alternativos, uno de los cuales arrojó un resultado aún superior al finalmente adoptado. Sin embargo, el juez optó por el número que, según argumentó, reunía el consenso técnico necesario y se correspondía con el criterio utilizado por la Corte Suprema.
La resolución también dispone que se notifique individualmente a cada uno de los condenados. A partir de allí, correrá el plazo legal para que el pago se realice de forma voluntaria. De lo contrario, el tribunal podrá avanzar con medidas de ejecución forzada sobre los bienes registrados a nombre de los imputados, con el fin de cubrir la cifra fijada.
El proceso se tramita en paralelo a la discusión de fondo sobre la condena, que aún no está firme en todos los casos. Sin embargo, el decomiso avanza como una instancia propia de ejecución y no requiere, en esta etapa, sentencia definitiva. La Corte Suprema ya intervino en el expediente validando el esquema general de actualización, lo que allanó el camino para esta medida.
En términos prácticos, la disposición implica una presión judicial y económica concreta sobre los condenados. La suma —que equivale a más de 530 millones de dólares— deberá ser cubierta entre todos los imputados de forma solidaria, lo que significa que cualquiera de ellos puede ser alcanzado por la ejecución si no se cumple con el pago conjunto.
Un capítulo sensible
El caso Vialidad fue el primero en alcanzar una condena penal contra una expresidenta por hechos vinculados a la obra pública. La sentencia, dictada en diciembre de 2022, se centró en la supuesta asignación irregular de contratos a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
Más allá de las apelaciones en curso y de la discusión jurídica sobre el fondo del fallo, el avance sobre el decomiso pone de relieve una de las aristas más controvertidas de las causas por corrupción: la reparación económica. En un contexto de fuerte tensión institucional, la medida no pasa inadvertida. Pero, desde el punto de vista procesal, sigue los mecanismos previstos por la ley.
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