YPF obtuvo un fallo favorable en Nueva York y suspendió la entrega

Argentina esquivó, al menos por ahora, el tiro de gracia en uno de los juicios más costosos de su historia. La Cámara del Segundo Circuito de Nueva York ordenó suspender “por tiempo indeterminado” la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska, que obligaba al país a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park, como parte de la sentencia por la expropiación de la petrolera en 2012. Una pausa, sí. Pero no el final.

La decisión suspende un ultimátum de 72 horas que había encendido las alarmas del Gobierno y del mercado, en el marco de un proceso donde el Estado argentino ya había sido condenado a pagar 16.099 millones de dólares. Pero esta vez, la presión no vino solo desde Washington. Las provincias productoras de hidrocarburos, accionistas de YPF desde la ley de reestatización, también alzaron la voz. Chubut fue la primera en presentarse formalmente para defender sus derechos como parte propietaria. Y el fallo de la Cámara, aunque cautelar, llega como un respaldo indirecto a ese reclamo: no se puede embargar lo que no es del Estado nacional.

Preska había sido inflexible. Argentina debía cumplir su orden, pese a los cuestionamientos legales planteados por los abogados del estudio Cleary Gottlieb, que invocaron la Ley de Inmunidades Soberanas, la ilegalidad de embargar acciones sin ley del Congreso y la amenaza de crear una peligrosa jurisprudencia extraterritorial. Nada de eso pareció conmover a la jueza, que habilitó una ejecución casi forzada de bienes públicos sin distinguir entre lo que es del Estado nacional y lo que es de las provincias. Fue, en términos criollos, un fallo “a lo bulldozer”.

Pero la estrategia legal argentina esta vez anticipó la jugada y logró que la Cámara acepte una suspensión administrativa mientras analiza la apelación de fondo. El nuevo plazo para presentar escritos vence el 22 de julio, y después un panel de tres jueces deberá decidir. No hay certezas, pero sí un cambio de clima. La amenaza de desacato internacional, por ahora, se desactiva.

El subsuelo federal y la soberanía en disputa

La causa por YPF se volvió un símbolo incómodo de cómo los Estados pueden quedar atrapados en su propia arquitectura jurídica. A pesar de que la expropiación fue aprobada por amplia mayoría parlamentaria en 2012 y que el 51% de las acciones de la petrolera fue repartido entre Nación (51%) y provincias petroleras (49%), el juicio avanzó como si todo el paquete accionario dependiera de una sola voluntad: la del Poder Ejecutivo nacional.

El problema no es solo financiero, es institucional. YPF, pese a ser una sociedad anónima cotizante en bolsa, tiene una misión estratégica: garantizar el autoabastecimiento energético y el control estatal sobre los recursos naturales. Pero su capital accionario es mixto, y su operación depende directamente de la explotación de hidrocarburos que, según la Constitución, pertenecen a las provincias. No es un dato menor. Es una cláusula federal.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue uno de los primeros en salir a marcar la cancha. Desde Comodoro Rivadavia, cuna histórica del petróleo argentino, anunció la presentación judicial de su provincia para defender las acciones propias y calificó el fallo de Preska como un “atropello ignorante”. Y no está solo. Si las otras provincias avanzan en la misma línea, el caso podría derivar en un conflicto diplomático mayor: ¿puede un tribunal extranjero embargar lo que pertenece a un estado federado?

En paralelo, la cotización de YPF en la Bolsa porteña subió un 2,5% tras conocerse la noticia. No es amor a la patria, es especulación sobre el riesgo. El capital no tiene bandera, pero sí olfato: si la presión judicial cede, se abren márgenes de ganancia. Si el Estado no pierde el control accionario, Vaca Muerta y los proyectos de GNL siguen teniendo sentido estratégico.

La paradoja: se defiende adentro y se juega afuera

Argentina firmó tratados de inversión que habilitan este tipo de juicios en tribunales internacionales. Lo hizo en los ‘90, y aún no ha revertido esos compromisos. Por eso el juicio sigue en Nueva York, con normas del derecho comercial anglosajón, aunque lo que esté en juego sea la matriz energética de un país sudamericano. El fallo favorable, aunque parcial, permite respirar. Pero también es una advertencia: no se puede delegar soberanía sin pagar el precio.

La defensa argentina advirtió, con razón, que si se obliga al país a entregar el control accionario sin pasar por el Congreso, se estaría violentando la propia ley que reguló la reestatización. También subrayó que ejecutar esa entrega generaría un “daño irreparable” no solo para la Nación, sino para actores terceros como bonistas, provincias y accionistas privados. Todo eso está ahora bajo evaluación de la Cámara, que deberá decidir si ratifica la doctrina Preska o si toma nota de los efectos colaterales de judicializar la política energética.

Mientras tanto, el Gobierno nacional, tan veloz para ajustar jubilaciones como lento para pronunciarse sobre cuestiones de soberanía, se mantiene en silencio. El presidente Milei no ha dicho una palabra sobre el fallo. YPF, por su parte, sigue al margen del litigio: su CEO, Horacio Marín, insiste en que “no tiene velas en este entierro”. Curioso: la empresa que está en el centro de la tormenta finge no mojarse.

La verdadera pregunta que queda flotando es otra: ¿hasta cuándo un país puede litigar su derecho a decidir sobre su energía, su subsuelo y su futuro ante tribunales que no reconocen ni su Constitución ni su geografía? Por ahora, hay tregua. Pero la guerra judicial sigue abierta.

y tienen participación accionaria en YPF. El fallo de Preska pretendía embargar incluso esa parte, como si el país no tuviera Constitución.