En este sentido, Berni sostuvo: "Si el canciller ya determinó que se trata de un paso inocente, cualquier medida de verificación que la Argentina pudiera adoptar queda deslegitimada de antemano.
No podemos renunciar anticipadamente a nuestros instrumentos de control soberano".La iniciativa exige al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Cancillería, establezca una posición pública y formal que rechace cualquier interpretación del paso inocente que beneficie actividades no autorizadas e ilegales relacionadas al apoyo logístico en las islas.
Asimismo, solicita controles estrictos sobre la embarcación en aguas de jurisdicción nacional y la verificación de su documentación de carga."La misma CONVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) autoriza a los estados ribereños a limitar el llamado paso inocente cuando esté en riesgo su seguridad y su soberanía, por cuanto el argumento del canciller compromete la postura argentina sostenida internacionalmente con las Resoluciones 1314, 2065 y 31/49 de las Naciones Unidas", aseguró Berni.
El proyecto también cuestiona la falta de garantías formales respecto del compromiso que, según el canciller, habría asumido Chile de no colaborar con la explotación de recursos naturales en Malvinas.
Al respecto, Berni señaló: "La Argentina necesita garantías verificables, no promesas de palabra.
Si existe un compromiso de Chile de no prestar apoyo logístico a la explotación de recursos naturales en Malvinas, el Gobierno nacional tiene la obligación política de hacerlo valer con hechos concretos".
En consecuencia, la iniciativa reclama activar los mecanismos del Mercosur y los foros bilaterales para obtener una declaración formal del Gobierno chileno sobre el Danstar y los futuros viajes de esa ruta.Finalmente, Berni remarcó: "La recuperación de las Islas Malvinas constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
La vía diplomática no puede convertirse en un argumento para renunciar a la defensa de nuestra soberanía ni a la responsabilidad de exigir el cumplimiento de ese mandato constitucional".
