Sobreseyeron a una maestra jardinera investigada desde 2023

La decisión fue atribuida al juez Gabriel Castro, con conformidad del fiscal Gastón Porta. La causa había sido archivada y la defensa solicitó el sobreseimiento tras el tiempo transcurrido sin nuevos elementos.
Región28/10/2026

8Una docente de General Rodríguez fue sobreseída en una causa iniciada en 2023 por presuntos hechos de maltrato y abuso en un jardín de infantes. Según la información judicial difundida, la resolución fue dictada por Gabriel Castro, titular del Juzgado de Garantías número 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

 

El pedido fue presentado por el abogado defensor Sebastián Chouela y acompañado por el fiscal Gastón Porta, de la UFI número 9. La decisión también incluyó la devolución de una caución de 500.000 pesos que la docente había aportado al obtener la eximición de prisión.

 

La investigación se originó a partir de señalamientos sobre su desempeño en el jardín General Martín Rodríguez. En septiembre de 2023 había sido archivada, con posibilidad de reactivarse si surgían nuevos elementos.

 

Del archivo al sobreseimiento

 

La cobertura del caso vincula el pedido defensivo con la ausencia de novedades y el transcurso del plazo previsto para causas archivadas.

 

El Código Procesal Penal bonaerense contempla, en su artículo 323, inciso 7, la posibilidad de transformar un archivo en sobreseimiento a pedido de parte. Entre los supuestos regulados figuran los expedientes con imputado determinado en los que haya transcurrido más de tres años desde el archivo, cuando se trate de una causa criminal, o más de un año en causas correccionales.

 

Esa disposición no significa que todas las investigaciones deban finalizar automáticamente al cumplirse tres años. Su aplicación depende de la situación procesal del expediente.

 

Alcance de la decisión

 

El sobreseimiento informado modifica la situación penal de la docente. No permite concluir, por sí mismo, que la denuncia haya sido deliberadamente falsa.

 

Tampoco equivale a una decisión administrativa de reincorporación. La situación laboral requiere una actuación de las autoridades educativas, distinta de la resolución judicial. La información disponible no precisa la fecha de firma del fallo ni acredita que haya quedado firme.

 

 

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