El caso golpea el discurso de “menos impuestos, más trabajo” que Valenzuela instaló y Aybar decidió continuar en Tres de Febrero.
En Caseros hay una fábrica cerrada, unos 40 trabajadores que llevan cuatro meses sin cobrar y un Municipio que convirtió la baja de tasas, las habilitaciones gratuitas y la estabilidad fiscal en su principal carta de presentación productiva.
Covisa, una planta dedicada a la fabricación de vidrios templados ubicada sobre Lima al 3100, permanece sin actividad desde hace alrededor de dos semanas. Los trabajadores denuncian que no recibieron telegramas de despido, acumulan meses de salarios impagos y, en algunos casos, también quedaron sin cobertura de obra social y seguro.
La empresa no dio hasta ahora una explicación pública que permita saber si existe un plan de reapertura o si la paralización terminará siendo definitiva.
El problema no empezó cuando se cerró el portón.
Entre los empleados hay personas con más de 20 años de antigüedad que dejaron de percibir su principal ingreso mucho antes de que la planta frenara. Cuatro meses sin salario significan deudas, pérdida de cobertura médica y una incertidumbre especialmente grave para trabajadores que construyeron buena parte de su vida laboral dentro de la misma fábrica. Covisa tampoco entra en crisis en cualquier momento.
La industria argentina volvió a retroceder durante 2026. La capacidad instalada se ubicó en julio en 58,2% y la demanda insuficiente continúa apareciendo entre los principales obstáculos señalados por las empresas para aumentar la producción.
Ese escenario no demuestra por sí mismo qué provocó la crisis específica de Covisa, pero obliga a mirarla dentro de una economía donde una parte importante del aparato fabril trabaja con capacidad ociosa y menor mercado interno.
Para establecer las causas concretas todavía faltan datos de la empresa: evolución de ventas, nivel de pedidos, endeudamiento, acceso al crédito, proveedores y situación financiera. Lo que sí está a la vista son los trabajadores sin cobrar y la planta paralizada.
Menos impuestos, pero menos demanda
Tres de Febrero construyó durante los últimos años una narrativa productiva muy definida.
Durante la gestión de Diego Valenzuela, el Municipio redujo tasas, eliminó conceptos fiscales, impulsó habilitaciones gratuitas y creó un régimen de estabilidad tributaria por hasta 30 años. También puso en marcha un RIGI municipal para atraer inversiones y convirtió la consigna “menos impuestos, más trabajo” en uno de los ejes de su política económica.
Rodrigo Aybar continuó esa línea después de asumir la intendencia. El propio Municipio sigue presentando a Tres de Febrero como un distrito con menos burocracia, mayor facilidad para invertir y beneficios fiscales para empresas, comercios e industrias. Covisa obliga a mirar ese modelo desde el otro lado.
Bajar una tasa puede reducir costos. Una habilitación gratuita puede facilitar una apertura. La estabilidad fiscal puede mejorar previsibilidad.
Pero ninguna de esas herramientas fabrica consumidores, recupera pedidos ni reemplaza ventas perdidas.
Ahí aparece el límite.
El Municipio puede generar condiciones favorables para que una empresa se radique. Lo que queda por ver es qué herramientas tiene cuando una fábrica que ya estaba instalada deja de pagar salarios y frena su producción.
Por eso también corresponde saber si Tres de Febrero conocía la situación de Covisa antes del cierre, si intervino el área de Trabajo y Producción, si hubo contactos con la empresa y los empleados y si existe algún mecanismo local para asistir establecimientos industriales en crisis.
También importa saber si Covisa había recibido beneficios fiscales municipales o participado de programas productivos del distrito.
La cuestión excede a una sola empresa.
El modelo Valenzuela-Aybar mide con énfasis cuántas habilitaciones se facilitan, cuánto se reducen las tasas y cuántas firmas llegan. El caso de Caseros obliga a agregar otra cuenta: cuántas de las industrias que ya existen logran permanecer abiertas.
Porque atraer una inversión es política productiva.
Evitar que desaparezca tejido industrial también.
Y si el programa nacional achica la demanda mientras el modelo local se concentra en reducir impuestos y simplificar trámites, Covisa plantea una pregunta incómoda sobre el resultado concreto de esa combinación.
Una fábrica nueva puede inaugurar una estadística.
Una fábrica cerrada deja trabajadores sin salario.
En Caseros, por ahora, hay 40 familias esperando saber si el “menos impuestos, más trabajo” también tiene una respuesta cuando el trabajo desaparece.
