Septiembre llega al Conurbano con otra suba de las tarifas de luz y gas, pero esta vez el Gobierno nacional acompañó el aumento con una decisión que revela hasta dónde empezó a pesar el bolsillo: volvió a ampliar el consumo eléctrico subsidiado.
Las facturas de Edenor y Edesur subirán 1,75% en el AMBA y el gas aumentará 1,40% en todo el país. Al mismo tiempo, el límite bonificado de electricidad quedará en 200 kWh mensuales y no en los 150 kWh que estaban previstos.
La modificación parece técnica, pero tiene una traducción doméstica muy sencilla. El esquema original endurecía en septiembre el recorte de subsidios y dejaba una porción mayor del consumo expuesta al precio pleno. Nación decidió retroceder sobre ese punto. No eliminó el aumento ni cambió el rumbo tarifario: pisó parcialmente el freno cuando el costo social de continuar acelerando empezaba a hacerse más visible.
Según los nuevos cuadros tarifarios elaborados con información de la Secretaría de Energía, la electricidad tendrá además una bonificación extraordinaria del 25%. Sumada al descuento base del 50%, la cobertura alcanza el 75% para el consumo comprendido dentro del esquema. En gas, la bonificación extraordinaria será del 24,5% y la total llegará al 74,5%.
Para los hogares del Conurbano, donde Edenor y Edesur concentran millones de usuarios, el dato importante no está solamente en el porcentaje de septiembre. Está en cuánto consumo queda protegido y cuánto empieza a pagarse sin esa cobertura.
El ajuste tarifario encontró el límite del bolsillo
El Gobierno había diseñado los Subsidios Energéticos Focalizados con una reducción progresiva de la asistencia. Dentro de ese cronograma estaba previsto llevar el bloque bonificado de electricidad a 150 kWh mensuales. Finalmente lo mantendrá en 200 kWh.
La marcha atrás parcial muestra una tensión que atraviesa toda la política económica. Milei busca reducir subsidios para achicar el gasto público y trasladar una mayor parte del costo energético a los usuarios. Pero una cosa es escribir esa convergencia en una planilla y otra aplicarla sobre hogares que acumularon aumentos de servicios, transporte, alquileres y alimentos.
El 1,75% adicional de electricidad se ubicará por debajo del 2,1% de inflación registrado en julio. Lo mismo ocurrirá con el 1,40% del gas. Esa comparación, sin embargo, cuenta solamente la fotografía mensual. Para una familia, la factura no se evalúa contra un índice estadístico sino contra el ingreso disponible después de pagar todo lo demás.
También existe una diferencia territorial importante. Nación determina las tarifas eléctricas de Edenor y Edesur en el AMBA, mientras fuera de esa jurisdicción intervienen los esquemas provinciales. En gas, en cambio, el ajuste dispuesto tiene alcance nacional. Para los usuarios bonaerenses pueden convivir así decisiones de distintos niveles sobre una misma economía familiar.
La cuestión de fondo tampoco desaparece porque septiembre traiga una suba moderada. El Gobierno continúa avanzando hacia tarifas con menor participación estatal y mantiene como objetivo focalizar cada vez más la asistencia. Lo novedoso es que, frente al próximo escalón, eligió devolver parte del colchón que pensaba retirar.
No es generosidad repentina ni un abandono del programa económico.
Es política. Cuando una tarifa amenaza con perforar demasiado rápido la capacidad de pago, el subsidio vuelve a cumplir aquello que el discurso oficial preferiría reducir a una distorsión: amortiguar un costo que el salario todavía no puede absorber.
En el Conurbano las facturas volverán a subir en septiembre, pero el Gobierno tuvo que aflojar simultáneamente el torniquete de los subsidios. La economía doméstica terminó imponiendo su propia regulación. Porque se puede discutir durante meses cuánto debería costar realmente la energía. Hay un límite bastante menos teórico: cuánto puede pagar una familia antes de tener que elegir qué cuenta deja para después.
