Luis Caputo cruzó una frontera que hasta ahora el Gobierno transitaba entre insultos, escraches digitales y descalificaciones. Esta vez puso sobre la mesa algo bastante más concreto: que la Justicia intervenga contra periodistas y que exista una ley capaz de castigarlos por publicar información que el poder considere falsa o carente de sustento. Javier Milei no tomó distancia. Hizo exactamente lo contrario: respaldó públicamente la ofensiva.
La reacción nació después de que Caputo fuera vinculado con el grupo Lenor y con el empresario Julio Made, presuntamente beneficiado por cambios en el sistema de control de surtidores de combustibles. El ministro negó cualquier relación. Hasta ahí, política convencional: aparece una acusación, el funcionario responde, muestra documentación, exige una rectificación o recurre a los mecanismos legales existentes.
Pero Caputo decidió subir la apuesta.
“Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made”, sostuvo. Después llegó el núcleo político del mensaje: afirmó que para algunos periodistas “mentir es un derecho adquirido”, reclamó que actúe la Justicia y sostuvo que “necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas”.
No pidió solamente derecho a réplica. Pidió castigo.
Federico Sturzenegger también negó conocer al grupo empresario y defendió la desregulación cuestionada. Milei completó la secuencia desde sus redes con un explícito “DESENMASCARANDO MENTIROSOS”.
Cuando el poder quiere convertirse en árbitro de la verdad
La discusión, entonces, dejó de tratar sobre Lenor, Made o los surtidores. El punto es otro: ¿quién determina qué información tiene suficiente sustento como para poder publicarse sin temor a una sanción?
Porque las herramientas jurídicas ya existen. Una persona que considera vulnerado su honor puede acudir a tribunales. Puede reclamar una rectificación. Puede responder públicamente y presentar pruebas. Lo novedoso es que un ministro nacional proponga una legislación específicamente orientada a castigar aquello que denomina mentira periodística.
Y ahí aparece una contradicción difícil de disimular. El oficialismo que convirtió la libertad en marca registrada empieza a imaginar límites legales para una de sus expresiones más elementales: la posibilidad de investigar y cuestionar al poder sin que sea el propio poder quien establezca previamente dónde termina el error y empieza lo castigable.
Tampoco ocurre en el vacío. Milei construyó durante años una relación abiertamente confrontativa con buena parte del periodismo. Periodistas tratados como operadores, ensobrados, mentirosos o directamente enemigos forman parte del repertorio presidencial. Caputo ahora agregó una pieza mucho más delicada: pasar del escarnio político a discutir mecanismos de sanción.
No hace falta convertir a cada periodista en mártir ni suponer que todo lo publicado es cierto. El periodismo se equivoca, opera, exagera y también responde a intereses. Bienvenido al mundo real. Pero justamente por eso existe una diferencia enorme entre discutirle al periodista y entregarle al Estado la lapicera para decidir qué periodista merece castigo.
Porque cuando el poder empieza preguntando quién mintió, la pregunta siguiente suele ser bastante más incómoda: quién tendrá permiso para decir la verdad.
