En política hay una máxima que suele repetirse en voz baja: el poder puede sobrevivir a una mala conferencia de prensa, pero rara vez sobrevive ileso a una planilla contable. Manuel Adorni lo está comprobando.
Mientras la investigación por presunto enriquecimiento ilícito sigue avanzando en los tribunales federales, los investigadores comenzaron a reconstruir con mayor precisión el recorrido de sus gastos personales y la fotografía que aparece dista de ser una buena noticia para el ex jefe de Gabinete.
Los registros incorporados al expediente muestran consumos con tarjetas de crédito por alrededor de $139 millones entre diciembre de 2023, cuando comenzó la gestión de Javier Milei, y marzo de 2026. Ese volumen de gastos es hoy uno de los principales ejes de análisis del fiscal Gerardo Pollicita, que intenta determinar si existe una explicación patrimonial compatible con los ingresos declarados por el ex funcionario.
La investigación sigue el rastro del dinero
La atención de los investigadores no está puesta únicamente en el monto total. El punto que despertó las primeras alertas es que, de acuerdo con la documentación incorporada a la causa, varios consumos mensuales habrían superado el salario que Adorni percibía como integrante del Poder Ejecutivo. Mientras su remuneración rondaba los $3,5 millones mensuales hacia fines de 2025, los gastos relevados oscilarían entre los $4 y $6 millones por mes.
Como ocurre en cualquier investigación patrimonial compleja, el dinero rara vez viaja solo. Los peritos también revisan operaciones realizadas mediante tarjetas pertenecientes a terceros. En el expediente aparecen compras por más de $5 millones efectuadas con plásticos de colaboradores directos del entonces funcionario.
Uno de esos episodios ya quedó incorporado mediante una declaración testimonial. Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales durante aquella gestión, confirmó ante la Justicia haber facilitado su tarjeta para adquirir un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8, una compra superior a los $2,1 millones que, según su versión, luego le fue reintegrada en efectivo.
Ese dato, por sí solo, no constituye una prueba de delito. Sin embargo, dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito pasa a integrar un rompecabezas mucho más amplio. La hipótesis de los investigadores es que el uso de instrumentos financieros de terceros pudo haber servido para canalizar determinados consumos. Será la Justicia la que determine si esa sospecha logra sostenerse con evidencia suficiente.
A ese cuadro se agregan otros movimientos patrimoniales que también quedaron bajo análisis, entre ellos importantes pagos en efectivo vinculados con refacciones en una propiedad ubicada en un country de Exaltación de la Cruz. Esos desembolsos forman parte de otra línea de investigación que busca reconstruir el origen y la trazabilidad de los fondos.
El próximo paso depende de un informe técnico elaborado por especialistas en análisis económico-financiero. Ese estudio permitirá comparar ingresos, patrimonio, gastos y evolución de bienes del ex funcionario y de su entorno familiar. Si las diferencias detectadas no encuentran una justificación consistente, el fiscal podría avanzar con un pedido de declaración indagatoria ante el juez de la causa.
En la política argentina los discursos suelen durar lo que dura un ciclo de noticias. Los expedientes, en cambio, tienen otra lógica: avanzan despacio, suman documentos, cruzan datos y esperan. Porque las palabras pueden discutirse en televisión; las cuentas, tarde o temprano, terminan pasando por la calculadora de la Justicia.
