Hay errores administrativos que quedan encerrados en un expediente. Y hay otros que terminan viajando en la billetera de miles de personas. En Morón, la segunda opción comenzó a ganar fuerza después de que trascendieran serias dudas sobre la legalidad de las licencias de conducir emitidas desde marzo. El problema ya dejó de ser un asunto interno del Municipio: ahora involucra a vecinos que podrían estar circulando con documentos cuya validez quedó bajo sospecha.
La controversia apunta directamente a una decisión de la gestión del intendente Lucas Ghi. Según distintas fuentes, la funcionaria Mabel Denti fue autorizada para firmar las licencias de conducir del distrito, aunque al momento de comenzar a rubricarlas su firma todavía no figuraría entre las registradas oficialmente ante el Ministerio de Transporte bonaerense.
Ese detalle administrativo, que en otro contexto podría parecer menor, hoy amenaza con convertirse en un dolor de cabeza de dimensiones políticas y jurídicas.
Un problema de firmas que terminó golpeando la confianza pública
El conflicto no termina allí. Sobre la funcionaria también pesan cuestionamientos por una presunta incompatibilidad derivada de su condición previsional, situación que, de confirmarse, podría abrir un debate sobre la legalidad de los actos administrativos firmados durante ese período.
El resultado es un escenario incómodo para todos. Miles de conductores realizaron el trámite, pagaron las tasas correspondientes y recibieron un carnet que ahora quedó envuelto en interrogantes. La preocupación es sencilla y concreta: ¿qué ocurriría si una licencia emitida bajo esas condiciones fuera objetada durante un control de tránsito, un siniestro vial o una gestión administrativa?
La reacción del Ejecutivo municipal llegó después de que el tema comenzara a circular con fuerza. A comienzos de este mes fue designada Anabella Mórbido como nueva directora del área de Licencias de Conducir, y desde entonces es su firma la que aparece validando los nuevos registros. Sin embargo, el cambio de autoridades no responde la pregunta central: qué sucederá con las credenciales emitidas durante los aproximadamente noventa días anteriores.
Mientras tanto, el silencio oficial alimenta la incertidumbre.
Ni el Municipio ni las autoridades provinciales brindaron hasta ahora una explicación pública que despeje las dudas sobre la situación de esos documentos. La falta de precisiones también empieza a tener consecuencias políticas. En el Concejo Deliberante ya se analizan pedidos de informes para conocer cuántas licencias fueron emitidas bajo esta modalidad y cuál será el eventual plan de regularización si se confirma alguna irregularidad.
Detrás del expediente aparece un problema mucho más profundo que una simple firma. La administración pública funciona, precisamente, porque los ciudadanos confían en que cada sello, cada autorización y cada documento fueron emitidos conforme a derecho. Cuando esa certeza empieza a resquebrajarse, el costo político supera ampliamente cualquier error burocrático.
Porque nadie espera que un municipio sea perfecto. Pero sí que cuando entrega un documento oficial, ese papel no venga acompañado de un signo de interrogación. En política, la confianza tarda años en construirse y apenas un trámite mal resuelto puede empezar a demolerla.
