La madrugada cayó con un ruido distinto sobre el oeste del Conurbano. No fueron motos escapando ni disparos aislados. Fueron puertas derribadas, sirenas, helicópteros y decenas de móviles policiales avanzando al mismo tiempo sobre distintos barrios.
En pocas horas, una investigación de largo aliento terminó por golpear el corazón de una organización que, según la Justicia, había construido una compleja red para distribuir droga en varios municipios bonaerenses.
El operativo, coordinado por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, movilizó a más de 500 efectivos que ejecutaron 43 allanamientos simultáneos. General Rodríguez, Moreno y La Matanza concentraron buena parte de los procedimientos, aunque la investigación también alcanzó ramificaciones en Lomas de Zamora y otros sectores del Área Metropolitana.
Una estructura que controlaba barrios y protegía sus puntos de venta
La pesquisa permitió reconstruir la organización conocida como "La banda de Aldo", integrada por ciudadanos argentinos y peruanos que, de acuerdo con la investigación judicial, cumplían funciones específicas dentro de una estructura con fuerte división de tareas. Había quienes coordinaban la logística, otros administraban la distribución de estupefacientes, vendedores al menudeo y personas encargadas de custodiar con armas los lugares donde funcionaba el negocio.
General Rodríguez apareció como uno de los puntos neurálgicos del entramado. Los allanamientos se concentraron especialmente en los barrios Güemes, La Fraternidad y Santa Matilde, donde los investigadores sospechaban que operaban centros de almacenamiento y distribución de droga.
El despliegue buscó impedir cualquier posibilidad de fuga. Mientras los grupos tácticos ingresaban de manera simultánea a los distintos objetivos, un helicóptero sobrevolaba la zona para controlar los movimientos desde el aire.
El saldo del procedimiento refleja el volumen económico que manejaba la organización. Los investigadores secuestraron más de 1,4 kilos de cocaína en distintos formatos, cerca de 4,3 kilos de marihuana, dosis de cocaína rosa conocida como "tussi", pasta base, cinco armas de fuego, municiones de diversos calibres, más de un millón de pesos en efectivo, balanzas electrónicas, prensas hidráulicas utilizadas para el fraccionamiento de la droga, equipos de comunicación, 35 teléfonos celulares y varios automóviles y motocicletas, algunos con pedido de secuestro por robo.
La ofensiva judicial dejó además alrededor de 30 personas detenidas, entre ellas hombres y mujeres que, según la investigación, cumplían distintos roles dentro de la organización criminal. El expediente quedó bajo la órbita del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón, que continuará ahora con las indagatorias para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.
Uno de los momentos más simbólicos de la jornada ocurrió en Puerta de Hierro, en La Matanza. Allí fueron demolidos trece búnkeres utilizados para la comercialización de estupefacientes.
Algunas de esas construcciones improvisadas funcionaban incluso dentro de pequeños habitáculos y baños adaptados exclusivamente para vender droga. La intervención se realizó junto al Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), con la intención de recuperar esos espacios para futuros procesos de urbanización.
Las estadísticas suelen medir kilos secuestrados, armas incautadas y cantidad de detenidos. Pero detrás de esos números aparece otra disputa mucho más profunda: la del control territorial. Porque cada búnker derribado representa una esquina recuperada por un tiempo.
El verdadero desafío comienza después, cuando la Justicia, el Estado y la comunidad deben impedir que ese vacío vuelva a ser ocupado por otra organización dispuesta a convertir la vulnerabilidad de un barrio en un negocio millonario.
